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La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) “no inspeccionó a las industrias contaminantes”; “no hizo nada por las personas que viven sobre basurales”; “no fijó un programa de saneamiento cloacal”; “no midió la calidad del agua ni la del aire”; “no cumplió en informar”; “desactivó la participación social” y, sobre todo, “no cumplió las funciones para las que fue creada, ya que cada jurisdicción actúa en forma separada”. Así, lapidario, es el informe presentado por el Cuerpo Colegiado –que incluye a organizaciones civiles y al defensor del Pueblo– creado por la Corte Suprema para fiscalizar el cumplimiento del saneamiento de la cuenca.

Transcurridos nueve meses desde la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, “la Acumar debía inspeccionar todas las industrias, identificar a las que contaminan y dictar una resolución para obligarlas a una reconversión”. Pero “sólo inspeccionó una parte de las 4103 industrias registradas”, que a su vez son sólo una parte de “entre 12.000 y 15.000 establecimientos industriales en la Cuenca”. Además, la Acumar “no contempla el control de metales pesados”, contaminante fundamental.

La Autoridad de Cuenca –presidida por Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación– debía “implementar un programa para prevenir basurales a cielo abierto” y “acciones para evitar la descarga clandestina de residuos”, pero “no implementó lo exigido” y “no tomó ninguna acción para relocalizar a las personas que viven sobre basurales” en “situación de emergencia”. En toda la Cuenca, la Autoridad debía “determinar la población en riesgo, realizar un diagnóstico de las enfermedades” y “establecer un sistema de seguimiento”, pero “no se observan avances”, según el Cuerpo Colegiado, que integran el Defensor del Pueblo de la Nación, Asociación Vecinos de La Boca, CELS, FARN, Greenpeace y ACDH.

“Se desconoce un programa de saneamiento cloacal”, advierte el Cuerpo Colegiado: “Aunque se firmó un documento entre AySA y Acumar, aún no se definió un sistema que permita la extensión de las redes y el tratamiento de efluentes”.

Además, la Autoridad habría incumplido en “poner a disposición del público, por Internet, un sistema de información”. Es que “Acumar no ha podido erigirse en el órgano de coordinación para el que fue creado”, ya que “cada jurisdicción actúa en forma separada y por momentos sin coordinación” y “la Comisión de Participación Social está desactivada”.

Ante “el incumplimiento de la mayor parte de los mandatos de la Corte”, el Cuerpo Colegiado pide que “se apliquen las sanciones que la sentencia establece”, consistentes en multas al titular de Acumar, y propone “en 30 días, identificar las cien industrias que más contaminan” y crear “un Registro Unico de Emisiones de Sustancias Peligrosas” accesible por Internet.