EN CONTRA

1 Dr. José Granero

Me parece que hay que especificar que lo que se está discutiendo en la Argentina no es la legalización de las drogas, nadie ha presentado un proyecto en ese sentido, sino que se está hablando de desincriminar el consumo personal; por lo menos esto es todo lo que se ha hablado hasta el momento.

Los Estados, cualquier gobierno, cualquier país, tienen normativas para decidir su forma de gobierno, las elecciones de sus representantes, sus formas de vida y hasta en algunos casos sus formas de muerte, tema que en algunos países está en discusión.

Hoy en día, la ley 23.737 maneja este tema de las drogas dentro de una Justicia que es la Justicia penal. Se puede manejar dentro de la Justicia penal, dentro de una Justicia civil o dentro de una Justicia contravencional como la tienen algunos países como España, por ejemplo.

Cuando se va a tomar la decisión de modificar una norma, hay que utilizar todos los elementos que el gobierno y los representantes del pueblo tienen en sus manos. Y muchos de estos datos nos indican que el Estado no puede estar ausente. De paso quiero decir que la ley 23.737 tiene más de 40 artículos y hace más de 20 años que estamos debatiendo medio artículo, que es la segunda parte del artículo 14. Con lo cual me parece que hay que darle un marco de seriedad a la discusión, que tome todos los elementos de la realidad argentina; y si queremos tomar ejemplos de la realidad de otros países a nivel mundial, cuando los trasponemos, tomemos los pros y los contras de los mismos. ¿Qué quiero decir? Que si un país tiene la potestad de modificar su Carta Magna, que es la Constitución, puede modificar la ley. Lo que no puede hacer el Estado nacional, que es el que nos nuclea a todos, es eximirse de responsabilidades, como ser brindar la asistencia en materia de salud. Porque el adicto es un enfermo. Y esto está determinado las organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la OEA, que consideran a las adicciones una enfermedad crónica tratable.

4 Las campañas de prevención que lleva adelante el Sedronar por ahí no se conocen porque no se les ha dado difusión a través de los medios por distintas causas que no viene al caso analizar para no bastardear el debate precisamente.

En segundo lugar, lo que quiero decir es que tan malas no deben haber sido las encuestas del Sedronar, cuando esta encuesta que menciona la Dra. Cuñarro tomó como base las planillas de preguntas nuestras. Se las dieron al Indec, le borraron el logo de Sedronar y pusieron el logo del Indec. Es cierto que el mayor problema es con las drogas legales y esto da en cualquier encuesta que nosotros hagamos hoy, las que hemos hecho hace años y las que seguramente podamos hacer más adelante.

La principal droga de consumo sigue siendo el alcohol. El tabaco, a diferencia de lo que dice la Dra. Cuñarro, ha disminuido por las campañas antitabáquicas que se han hecho a nivel mundial, de las cuales la Argentina es parte. No permitir fumar en lugares cerrados hace que la gente tenga que salir a fumar afuera o no salga, y baja el consumo de tabaco. Esto se ve en cualquier encuesta, en cualquier provincia argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel país.

Es cierto también que la primera droga de consumo considerada ilegal es la marihuana. Alcohol y marihuana, y esto lo tiene que saber la gente, son las dos drogas de mayor demanda de tratamiento en las comunidades de tratamiento que trabajan con Sedronar. Casi el 60 por ciento de los tratamientos se inicia en las comunidades terapéuticas por alcohol en primer lugar, con más del 32 por ciento; por marihuana, en el 24 por ciento; y si le sumamos cocaína estaríamos en el 80 por ciento de las personas con consumo problemático de drogas que requieren atención.

Y para aquellos que plantean la despenalización de algunas drogas denominadas “blandas”, como la marihuana, les digo que no es el caso de Holanda, que tiene 22,6 por ciento de consumo en prevalencia de años.

A FAVOR

2 Dra. Mónica Cuñarro

La fórmula de legalizar las drogas que está planteada en el programa no puede ser factible porque para eso todos los Estados de Naciones Unidas deberían ponerse de acuerdo en la legalización de las drogas, por lo tanto es una pregunta formulada al público que no se puede contestar.

Lo que se está discutiendo es otra cosa complicada, porque en la Argentina, desde el año 1926, solamente se ha abordado el tema de las drogas y su consumo desde el Derecho penal. Desde el año 1926, a excepción de un quinquenio que es del ‘68 al setenta y pico, hasta nuestros días, con la ley vigente desde hace más de 20 años, el abordaje sobre un fenómeno complejo que tiene elementos culturales, antropológicos, educativos, de moral, de derecho y económicos, sólo han recibido del Estado una respuesta, y esa respuesta ha sido que la persona que tiene un contacto ocasional, o abusa, o es adicto, es un delincuente.

Durante la dictadura militar, la Corte dijo que era un subversivo y ponía en juicio a la seguridad del Estado quien consumía pequeñas cantidades para consumo personal, sin afectarse ni a sí mismo ni a terceros.

Este fallo es después retomado por la Corte durante la década del ‘90, siguiendo fallos de las cámaras criminales del año ’30 y ’68 en idéntica medida. El binomio siempre fue adicto-delincuente, adicto igual a traficante, adicto igual a subversivo. La única excepción fue durante el gobierno del Dr. Alfonsín, con los fallos Bazterrica y Capalvo, y con el fallo de la Corte actual, que ordena adecuar la legislación en ese punto atento al fracaso, porque no se ha logrado detener el consumo, porque no hay un sistema socio-sanitario que atienda la problemática en su diversidad, porque no hay campañas de prevención, porque no hay campañas de inclusión y porque la gente que tiene mayores padecimientos, ya sea de sustancias legales o ilegales, y en primer lugar van las legales, no tiene manera de que el Estado se haya ocupado de ellas porque en el medio se metió el Derecho penal desde hace 75 años.

3 Creo que está absolutamente demostrado, a partir de la creación de la secretaría dependiendo de la Presidencia durante la década del gobierno de Menem, que fue una creación a pedido, a cambio de un crédito que se le hace en ese momento al presidente. En primer lugar lo digo como abogada, ingeniera institucional: colocar un tema tan complejo y poner el eje en cuestión en la seguridad y no en materia preventiva ha sido un error. En segundo lugar, estos pedidos foráneos de crear secretarías que luego nosotros tenemos que afrontar con patrimonio nuestro, muchas veces tienen que ser revisados por políticos porque se terminan transformando sin querer en monstruos.

Por supuesto que la responsabilidad del fracaso en políticas de drogas no es responsabilidad de la secretaría que lucha contra la droga, porque decir esto sería bastardear el debate. Sí creo fundamentalmente que esto merece un abordaje que contemple las encuestas cualitativas, las cuales son las primeras: en 2005, el Sedronar hace una que no es comparable con las demás, y recién en 2004 hace una que sí es comparable con las demás. Y luego, a instancias del Ministerio de Justicia, se hace la más amplia, realizada por todas las direcciones de estadísticas, que puede ser comparable con la del Sedronar, que nos da por primera vez a nosotros la realidad en nuestro país. ¿Cuál es esa realidad? La gente consume, abusa y es adicta en primer lugar al tabaco; en segundo lugar, en el 50 por ciento, al alcohol; en tercer lugar tenemos a la marihuana, con un 6,9; perdón, antes los tranquilizantes y psicotrópicos; la cocaína en un 2,1, estimulantes, inhalables, éxtasis, pasta base y solventes. Es decir, el primer problema que tenemos es con una droga legal.