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Por primera vez en años, los canales no podrán canjear deuda acumulada por infracciones a la Ley de Radiodifusión 22.285 por segundos de pantalla: según el decreto 0933/03, los medios estarán obligados a pagar lo que deben. ¿Cuánto deben actualmente? Sumados en su conjunto adeudan aproximadamente 2,5 millones de pesos, una cifra irrisoria frente a las abultadísimas deudas que el Estado, siempre, terminó perdonándoles, de uno u otro modo, a cambio de publicidad oficial (u oficialista). Según los datos a los que accedió Página/12 –con números totales de 2003 y parciales de 2004–, Canal 2 adeuda $345 mil, Canal 9 $278 mil, Telefé lleva la punta con $427 mil, Canal 13 alcanza los $240 mil, Cablevisión $267 mil, DirecTV $65 mil y Multicanal unos $445 mil. Después de las privatizaciones, en diversos períodos, los canales llegaron a acumular más de mil millones de pesos. Conocedores de una lógica perversa, casi nunca tuvieron que abonar nada.
Este diario desnudó el mecanismo que permitió a los canales nunca pagar las cifras exorbitantes que debían y que sirvió a los poderes de turno como un método de presión y negociación a la hora de encarar años electorales. Desde las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem hasta 1996, los canales comenzaron a acumular multas por violaciones de contenidos, divididas entre las infracciones “subjetivas” (violencia, lenguaje soez, sexo explícito, etc.) y las “objetivas” (violaciones a la calificación del Incaa y respectivos horarios de transmisión). Las infracciones cometidas hasta el 17 de diciembre de 1996 acumulaban un monto de 20 millones de pesos/dólares, y la resolución menemista Nº 1414 otorgó una quita del 75 por ciento sobre las sanciones aplicadas y un 50 por ciento sobre las sanciones en trámite. Después de la quita, el resto se canceló con canjes publicitarios.
Por las infracciones cometidas desde el ’96 hasta el 31 de agosto del ’98, durante el segundo gobierno de Menem, se juntó una deuda por la friolera de $950 millones. Con esos montos, era evidente que la intención no era cobrarles a los canales sino presionarlos. Pero la solución llegaría con el decreto 1201/98, con una quita del 85 por ciento. El 15 por ciento restante (unos 140 millones de pesos) se canjeó nuevamente por publicidad estatal, que terminó principalmente en Télam. Sobre el final del gobierno de Menem, el decreto 937 del ’99 decidió arbitrariamente que el tope máximo que debían los canales no superaría los 15 millones de pesos/dólares por empresa. Además, se declararon extinguidas las actuaciones administrativas por hechos anteriores al 30 de abril de 1999. Es decir, todo comenzaba de nuevo con deudas cerradas en 15 millones por canal, cuando sumaban cifras reales de cientos de millones.
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa se otorgó un nuevo régimen de facilidades, bajo el decreto 762/01, que comprendía desde el 10 de diciembre del ’99 hasta el 31 de diciembre de 2000. Es decir, un año. En ese lapso, el monto adeudado había subido nuevamente –siempre en su totalidad entre aire y cables– a $69 millones aproximadamente. El decreto resolvió realizar una quita del 70 por ciento, mientras que el 30 por ciento restante se canceló así: un 66 por ciento en canje publicitario (el gran beneficiario fue siempre Télam) y se pagó en efectivo, supuestamente, un 34 por ciento (unos 7 millones de pesos). De ese modo, los medios privados volvían a cero, sin costo alguno, más que ceder unos cuantos segundos de aire.
Pero eso no es todo. El decreto 2362/02, ya en el gobierno del ex senador Eduardo Duhalde, resolvió que en el período del año 2001 hasta octubre de 2002, los $6 millones acumulados se cancelaran directamente canjeándolos por publicidad del Estado. La baja en los importes acumulados tenía que ver también con el flamante Acuerdo de Contenidos que se firmó entre los productores televisivos, canales y el Estado durante el gobierno de De la Rúa. La historia amenazó con cortarse recién en 2003: bajo el decreto 0933/03, el actual gobierno dispuso que el Comfer ya no puede condonar deudas ni convertirlas en créditos para el Ministerio del Interior.
Diversas administraciones denunciaron que la lógica de multar a los canales para nunca cobrarles era el “nervio de la corrupción” en el Comfer, sobre todo en la época menemista. La lógica actual (que comenzó en tiempos de De la Rúa) fue bajar los montos de las multas para hacerlas “pagables”, pero además se intentó bajar los plazos de resolución de conflictos. El Comfer viene intentando dialogar con los dueños de los canales para que limiten la emisión de materiales multables. Pero a veces no es suficiente: tal es el caso de los productos de la salud (los medicamentos bajo receta no pueden ser publicitados en la televisión), ya que a los canales les conviene ser multados, antes que perderse las publicidades de los poderosos laboratorios. Las últimas tres gestiones del Comfer bajaron paulatinamente los precios de las multas de millones de pesos a unos cuantos miles por –por ejemplo– mostrar sexo explícito fuera de la hora de protección al menor.
Juan Ross, del área de Supervisión del Comfer, contó a Página/12 que se vienen reuniendo con productores de programas para generar consenso en ese sentido. Entre los casos más “problemáticos” del último año se encontró Pasión de sábado, programa musical de grupos de cumbia villera, y Culpable de este amor, de Telefé, con el cual recibieron un centenar de quejas por lo que se llamó “un exceso escénico”, es decir una escena subida de sexo. Unas 40 personas se dedican a visualizar desde el Comfer lo que se emite actualmente en la pantalla, aunque en el interior es casi imposible monitorear.
El Comfer también multa por exceso de publicidad (tiene un tope de 12 minutos por hora), pero todavía les resulta dificultoso controlar la Publicidad No Tradicional (PNT). El organismo amenaza con la creación de un software –creado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires– para digitalizar la captura de información y monitorear el contenido, a fin de poder controlar la PNT. Según pudo averiguar este diario, recién para 2004 los canales comenzaron a considerar dentro de los presupuestos anuales el rubro “multas”. Aunque no se sabe si es un mero gesto de buena voluntad. Porque, por cierto, el Estado todavía no cobró un solo peso de los 2,5 millones que la televisión le adeuda.