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Alieto Guadagni, actual representante argentino ante el Banco Mundial, le envía, puntualmente, todos los meses al ministro Lavagna un detallado informe sobre el estado de los juicios que empresas multinacionales y privatizadas sostienen contra el Estado argentino, por supuestos incumplimientos de contratos. En total, son 29 demandas, por un monto global de 16.000 millones de dólares.
Dichas denuncias fueron entabladas por las empresas contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo dependiente del Banco Mundial. En general, las empresas (en especial, las privatizadas) argumentan que el Estado incumplió los contratos de concesión al devaluar y pesificar las tarifas. Y utilizan estas denuncias para presionar al Gobierno por mejores condiciones en la renegociación de los contratos o el descongelamiento de las tarifas. En otros casos, como el de Siemmens, la demanda apunta directamente a conseguir del Estado un resarcimiento o indemnización por la anulación del contrato (en el ejemplo de la empresa alemana, para la confección de DNI).
En su último informe, elevado al Ministerio de Economía días atrás, Guadagni cuenta que “se constituido tribunal” en tres casos que hasta ahora marchaban lento: Aguas del Aconquija, American Production Company y Telefónica.
Además de esas empresas, mantienen sus denuncias las siguientes empresas: Enron, CMS Gas Transmission Company, Azurix, LG&E Energy Corp., Siemens, Sempra Energy International, AES Corporation, Metalpar SA y Buen Aire SA, Camuzzi Internacional, Continental Casualty Company, Gas Natural, Pioneer, Pan American Energy y BP Argentina, El paso Energy Corporation, Suez y Sociedad de Aguas de Barcelona, Aguas Cordobesas, Enersis, EDF International, Unisys Corporation, Total SA, CIT Group.
El fax enviado por Guadagni a Lavagna ratifica, además, que Aguas Argentina mantiene su demanda en el Ciadi contra la Argentina. El Gobierno anunció la semana pasada que había cerrado un acuerdo con la empresa, por el cual la tarifa permanecía congelada hasta fin de año, a cambio de la condenación de multas por más de 10 millones de pesos. Además, se vendió la idea de que la firma controlante, de origen francés, desistía de sus denuncias contra el Estado argentino. Sin embargo, esto no es así. Sólo se comprometió a suspender por este año el reclamo sobre “el fondo de la cuestión” (la pesificación de la tarifa) ante el Ciadi, algo que según los pasos procesales del organismo recién estaba previsto discutir en el 2005.