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El juez federal de Rosario Omar Digerónimo activó la semana pasada, al ordenar 21 detenciones, tres causas sobre violaciones a los derechos humanos en esa ciudad. Entre los arrestados están los jefes de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y la Fábrica Domingo Ma-theu. También fue apresado un ex diputado provincial del PJ y actual concejal de San Lorenzo. “Es el fruto de una pelea de 28 años. Los arrestos de los represores vienen a hacer justicia con la impunidad de todos los días de encontrarte en las calles con las personas que cometieron los delitos más graves en el país”, señaló a Página/12 Ana Oberlin, miembro de HIJOS y del equipo jurídico de derechos humanos de Rosario.
La semana pasada fueron arrestados en total diez represores, ya que en la lista de Digerónimo hay seis muertos y cinco prófugos. Entre los detenidos está el teniente coronel Juan Daniel Amelong, quien fue responsable de la Quinta de Funes, donde entre octubre de 1977 y enero de 1978 fueron alojados al menos 16 desaparecidos. Amelong, además, es propietario de una propiedad en La Ribera –conocida como La Intermedia–, que también funcionó como centro clandestino de detención.
Otros represores que quedaron detenidos son: Enrique Jordana Testoni, quien fue director de la Fábrica Domingo Matheu; Luciano Jaúregui, ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército; Oscar Pascual Guerrieri, Eduardo Constanzo y Carlos Sfulcini, ex miembros de inteligencia del Ejército; el gendarme Eugenio Zacarías, Rubén Fariña y Pedro “Pili” Rodríguez. Este último es un ex diputado provincial y actual concejal peronista que ocupó la Dirección de Asuntos Jurídicos del intendente de San Lorenzo durante la última dictadura, el teniente coronel Rubén Cervera, quien también fue arrestado.
Rodríguez fue acusado de haberse “infiltrado” en la columna Sabino Navarro, un desprendimiento de Montoneros, y de tener participación en la desaparición de dos personas y en el intento de secuestro de una tercera. El ex diputado provincial y Cervera están presos en la causa en la que se investigan enterramientos clandestinos en el cementerio de San Lorenzo. El expediente se inició hace un par de años cuando un testigo relató por primera vez que durante la dictadura vio cómo bajaban cuerpos de unos camiones y los sepultaban en el lugar.
El resto de los detenidos está involucrado en dos viejos expedientes que se reactivaron cuando Digerónimo declaró, a pedido de los organismos de derechos humanos, la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Son las causas sobre la Quinta de Funes y la fábrica militar Domingo Matheu.
En la investigación sobre el centro clandestino Quinta de Funes se descubrieron al menos otras dos propiedades cercanas donde también fueron alojados detenidos. Una de ellas, conocida como El Castillo, fue reconocida por el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa.
El equipo jurídico de derechos humanos de Rosario, cuyos abogados son querellantes en las causas Quinta de Funes y la Fábrica Domingo Matheu, esperan que en las próximas semanas se reactive también el expediente “Feced” –caratulado como el ex jefe de la policía local, Agustín Feced– que es la “megacausa” rosarina sobre los crímenes de la última dictadura. En esa investigación los organismos de derechos humanos reclamaron, además de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la anulación de los indultos.
“Estamos satisfechos porque nosotros habíamos pedido las detenciones de los militares hace tiempo y para Rosario es un hito porque implica no sólo que personas que estuvieron presas vuelvan a prisión sino que sean detenidos aquellos represores que nunca estuvieron en la cárcel. Este es un reclamo no sólo de los organismos de derechos humanos, sino, por lo que vemos en la calle y dicen las encuestas, de la mayoría de los argentinos y argentinas”, aseguró Oberlin.