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Por Damián Loreti y Guillermo Mastrini*

En los últimos veinte años los medios de comunicación han pasado a ocupar un papel cada vez más relevante en la sociedad: construyen la agenda pública, generan opinión política, movilizan intereses económicos, estimulan corrientes de consumos culturales y, entre otras cosas, últimamente algunos intervienen en la promoción de políticas de seguridad ciudadana. Dentro del conjunto de los medios de comunicación, la radio y la televisión ocupan un papel preponderante por su contacto masivo y cotidiano con la sociedad.
Sin embargo, y a diferencia de otro medio como la prensa escrita, la radio y la televisión que llegan al conjunto de la sociedad requieren de una licencia del Estado para poder emitir porque utilizan un recurso escaso –llamado frecuencia radioeléctrica– de propiedad pública. Es por ello que ser titular de una licencia aparece como un privilegio. La Ley de Radiodifusión define, entre otras cosas, quiénes pueden ser licenciatarios, quiénes no pueden ser y cuáles son los mecanismos para acceder a una licencia. La Ley 22.285 vigente está firmada por Jorge Rafael Videla y, como no podía ser de otra manera, sólo admite como licenciatarios a sociedades comerciales con fines de lucro y al Estado. Toda organización social que no tenga entre sus objetivos ganar dinero no puede ser propietario de un medio de radiodifusión.
Aun ante este panorama, algunos pueden preguntarse por qué es imprescindible que la democracia tenga una nueva Ley de Radiodifusión. La respuesta es que no sólo porque es inaceptable convivir bajo un régimen que define el ejercicio de un derecho humano como una actividad comercial, sino además porque la ley también ordena autoritariamente que “los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional”.
Estos veintiún puntos apuestan a revitalizar un debate dormido: aquel que fortalezca una comunicación democrática, pluralista, participativa, en el que la ley sea una de las expresiones de una nueva política de comunicación. Al igual que con el resto de los derechos humanos, garantizar el derecho universal a una información y comunicación democrática es un desafío y una tarea para el conjunto de la sociedad.

* Profesores de la carrera de Ciencias de la Comunicación, UBA.