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En las últimas dos décadas se fue consolidando un consenso a nivel mundial sobre la necesidad de gestionar el agua a través de la participación de todos los sectores involucrados. Este consenso es paralelo a una mayor conciencia de la población sobre la vulnerabilidad de este recurso indispensable para el desarrollo de la vida y de la producción, y a la creciente preocupación por parte de los organismos competentes (tanto a nivel nacional como internacional) sobre los problemas y potenciales conflictos relacionados con su escasez, degradación o manejo inadecuado.

La gestión del agua ha sido objeto de estudio de las ingenierías y de las ciencias de la naturaleza, pero la necesaria armonización de los aspectos técnicos, económicos y ambientales con los aspectos sociales hace que disciplinas como la comunicación, que no han tenido participación en la temática, comiencen a tener un rol de importancia.

Esta situación se ve reflejada en la acción de los organismos del estado. En septiembre de 2003 todas las jurisdicciones de nuestro país firmaron el Acuerdo Federal del Agua, que adoptó 49 principios denominados Principios Rectores de Política Hídrica. Estos constituyen una herramienta para definir una visión consensuada sobre los valores que nuestra sociedad le adjudica al agua, base para desarrollar un sistema jurídico e institucional que garantice una gestión integral del recurso.

Varios de los Principios Rectores se refieren específicamente a los procesos de democratización y a la incorporación en la gestión de la “participación efectiva, la comunicación, el conocimiento y la transparencia” como aspectos de la dimensión ética en el manejo del agua (Principio 12), o para los procesos de definición de objetivos para la planificación, para la toma de decisiones y el control de la gestión (Principio 16).

Por su parte, el Principio 43 “asigna a la concienciación un rol fundamental en la transformación del sector hídrico”, con el objeto de promover “nuevas conductas y actitudes de la sociedad en su relación con el agua, lo que permitirá una mejor comprensión de la complejidad de los temas hídricos”, adjudicándoles dicha responsabilidad tanto a los organismos que administran el agua como a las instancias formales y no formales de educación.

El documento reconoce además que “la falta de información puede generar perjuicios económicos, sociales y ambientales, ya sea porque no se la ha generado o porque permanece fuera del alcance de la sociedad”, y asigna a las autoridades hídricas el hecho de garantizar el acceso a dicha información (Principio 34).

Los problemas en esta área deberán ser abordados desde distintas disciplinas, y en la búsqueda de soluciones necesitaremos la capacidad y la inspiración de profesionales de diversa formación.

En un mundo signado por los problemas relacionados con el agua, que ha llevado a la comunidad de naciones a fijar objetivos específicos en la materia como herramienta para reducir la pobreza y varias enfermedades (Objetivos de Desarrollo del Milenio), tenemos como sociedad el desafío de gestionar nuestros recursos de manera integral, eficiente y responsable.

Para lograrlo, debemos conjugar los esfuerzos de toda la sociedad, según sus niveles de competencia, y sumar los aportes de las distintas áreas de conocimiento. Con ello podrá ser posible dotar a nuestro país de una política de Estado en materia hídrica que, respetando las competencias de las jurisdicciones provinciales, contemple los intereses de carácter local, regional y nacional.

* Ingeniero. Responsable técnico del Programa Hidrológico Internacional en Argentina.