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Cuando Tancredo Neves decía “Yo me peleo con el Papa, con la Iglesia Católica, con el PMDB, me peleo con todo el mundo; yo sólo no me peleo con el Doctor Roberto”, sintetizaba un condicionamiento mediático al poder político que no era exclusivo del Brasil. Tancredo Neves fue el primer presidente electo después de una larga dictadura. El Doctor Roberto era Roberto Marinho, propietario de la Red Globo, consorcio mediático que reúne más de la mitad de la audiencia televisiva del país. La frase de Neves podría completarse con aquella de César Jaroslavsky en los ’80 cuando, haciendo referencia a Clarín, decía: “Hay que cuidarse de ese diario. Ataca como partido político y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”. El comportamiento de los medios masivos de comunicación como actor político tiene una historia prolongada en la región.

En las elecciones de 1989, Lula se presentaba por primera vez como candidato a la presidencia de Brasil, pero el Doctor Roberto tenía las fichas en Fernando Collor de Melo. La televisora Globo decidió jugar fuerte en la campaña. Puso al aire la ficción Salvador de la Patria, donde el personaje principal, Sassá Mutema, de origen humilde, se postula para ser alcalde de su pueblo. Sassá gana las elecciones, pero cuando llega al gobierno se ve involucrado en crímenes y hechos de corrupción. El mensaje era sencillo: Lula podría repetir esa decepción en la vida real.

Durante los años ’90 los gobiernos de nuestros países condujeron la privatización y desregulación de los medios masivos. Un pacto de no agresión entre gobiernos y medios estimuló la concentración de éstos en forma inédita. Sin embargo, a medida que las empresas del sector se integraron verticalmente (televisión, radios y diarios bajo un solo dueño), lograron consolidar una “opinión publicada” lo suficientemente fuerte como para desbalancear ese pacto original y condicionar al poder político.

Ese esquema fue acentuando sus rasgos extorsivos hasta que la crisis neoliberal de comienzos del 2000 impuso otro escenario en la región. En El nuevo topo, último libro de Emir Sader, el autor plantea que el avance de gestiones no ortodoxas en los gobiernos de América latina encontró una oposición de derecha cuya dirección ideológica e incluso política proviene de los medios de comunicación privados.

Durante los dos días que duró el breve golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, RCTV, Globovisión y Venevisión transmitieron dibujos animados mientras en las calles decenas de miles de personas se movilizaban para recuperar el sistema democrático. También allí, en la previa al golpe, se ensayaron recursos como la pantalla dividida para “confrontar” un discurso presidencial con manifestantes opositores exaltados, técnica depurada en nuestro país durante el conflicto agropecuario de 2008.

¿Cuál es la razón profunda que lleva a los medios a jugar este rol? Una respuesta posible es la dificultad creciente de las fuerzas políticas conservadoras para imponer agendas ortodoxas, ante lo cual el lugar de vanguardia ideológica reaccionaria pasa a estar en los poderes mediáticos. Se trata de un fenómeno con diferentes intensidades, pero que se afianzó en toda la región. En Uruguay, las empresas privadas de televisión se negaron a cumplir con la cadena nacional que debía difundir la campaña por la nulidad de la Ley de Caducidad. La iniciativa quedó a sólo 2,03 por ciento de los votos necesarios para ser aprobada. ¿Cuánto habrá influido en ese guarismo la desobediencia mediática?

Quien se dé una vuelta por los diarios de América latina por estos días podrá encontrar titulares como estos: “El gobierno de Correa quiere que los medios rindan cuentas”, “Evo Morales criticó a la prensa por minimizar la victoria de su partido”, “Vázquez se refirió a los medios: sistemáticamente hacen oposición al gobierno”, “Lula criticó a los medios: no cubren con buena fe”.

Los medios concentrados se encuentran hoy con gobiernos democráticos que cuestionan su (oscura) legitimidad de origen, la posición dominante que tienen en el mercado y la intencionalidad política mal recubierta por el gastado barniz de la “independencia”.

No es una lucha contra la “libertad de prensa” –como los propios afectados señalan–, ni siquiera un cuestionamiento ideológico a la “libertad de empresa”. Se trata de algo más sencillo y elemental: la supervivencia de la política como espacio de la sociedad –y no de las corporaciones– desde el cual decidir las cuestiones públicas. La respuesta que los gobiernos de la región, con distintas velocidades, decidieron dar a este enfrentamiento es la intervención en el mercado comunicacional, regulándolo para ampliar el espectro de voces. Y eso es una buena noticia.

* Integrantes del Observatorio de Política Latinoamericana Noticias del Sur.