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Es importante destacar la efectividad de la política adoptada por la Defensoría General de la Nación al crear, en pronto cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, la Unidad de Letrados, art. 22, Ley 26.657, cuyo mandato es ejercer la defensa técnica de personas mayores de edad internadas en instituciones psiquiátricas en el ámbito de la ciudad, desde la internación involuntaria de la persona hasta su externación. Los resultados son contundentes: en su primer año de funcionamiento, la Unidad de Letrados defendió 2241 casos y logró que las instituciones de internación efectivizaran las altas en 1555 de ellos sin tener que recurrir a peticiones judiciales. A esta cifra deben sumarse 60 casos de pedidos judiciales de externación resueltos por la Unidad al 30 de septiembre de 2012. En total, se ha logrado que cerca de 1615 personas fueran externadas.

Estas cifras reinstalan la pregunta sobre la disponibilidad y el acceso a recursos asistenciales para que las personas externadas puedan vincularse con programas de integración social de una manera ágil y sin necesidad de intermediación judicial. Más aun cuando es previsible que la desatención de la vulnerabilidad en la que quedan muchas de ellas, especialmente quienes no disponen de familias o sistemas de apoyo fuertes para sostener la externación, tenderá a conducirlas nuevamente a la institución psiquiátrica. En este sentido, la Unidad de Letrados requirió judicialmente en 210 casos que las personas a ser externadas fuesen incluidas en programas que favorezcan su inclusión social. Sin embargo, la Dirección General de Salud Mental del GCBA sólo cuenta con una casa de medio camino que depende del Hospital Borda y una residencia protegida, en la órbita del Hospital Braulio Moyano, con capacidad para 21 mujeres. El aporte intersectorial a favor de la inclusión social de las personas usuarias de los servicios de salud mental también es escaso. En 2012, el Programa de Externación Asistida (Preasis), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, fijó como meta la asistencia de sólo 45 personas.

La externación de 1615 personas da cuenta de los esfuerzos realizados por la defensa pública para la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Sin embargo, para que la disminución de la cantidad de personas internadas en hospitales psiquiátricos se traduzca en un verdadero proceso de desinstitucionalización, se deben crear políticas de ampliación de dispositivos suficientes y accesibles que brinden una verdadera alternativa de inclusión, acompañadas de mecanismos de seguimiento y monitoreo de la situación de las personas externadas hasta tanto se compruebe su inclusión sostenible en la comunidad. Por el momento no hay datos certeros en este sentido, lo que debería llamar la atención de los funcionarios responsables para evitar que esas externaciones se conviertan, en la práctica, en una situación de abandono de los más vulnerables.

En este escenario, no hay excusas para que los recursos financieros y humanos disponibles sigan nutriendo las instituciones monovalentes de manera casi exclusiva. Si no se efectivizan las reformas necesarias, la intervención de la defensa pública en el ámbito del acceso a la Justicia puede llegar a caer en saco roto. Además, esto ubica al ámbito judicial como principal actor en la escena cuando debería tener un lugar subsidiario y excepcional ante las deficiencias de la intervención del Poder Ejecutivo, a cargo de asegurar de modo directo la garantía del derecho a la salud mental.