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Fines del ’99, principios de 2000. El territorio bonaerense concentra el discurso de la mano dura y empieza a revelar los signos sobre los que se sustenta el ruckaufismo: la tortura, relatada por los presos al oído de sus defensores de confianza, aumenta en una progresión geométrica aterradora. Sentado en el centro del volcán pero con información directa de defensores públicos acosados, amenazados o golpeados, Mario Coriolano, defensor de Casación bonaerense, crea un banco de datos sobre casos de tortura. Fue el primero en el país y no fueron pocos los escollos que debió superar, entre ellos, el de sus superiores. “Hay que seguir sosteniendo la denuncia –dijo Coriolano a Página/12 en una entrevista exclusiva–. Ya mostramos que existe, no se la puede negar. Cada tres meses le presentamos a la Corte y a la Procuradora los datos actualizados del banco. Ahora hay que avanzar con las condenas por torturas, porque sin condenas no se va a romper la impunidad.” En diciembre pasado, el mismo Coriolano vapuleado en su provincia fue elegido por las Naciones Unidas para integrar el Subcomité de Prevención Contra la Tortura. El cargo estuvo a un tris de perderse, cuando un proyecto de reforma del Código Procesal pergeñado por el gobernador Felipe Solá y el ministro de Justicia bonaerense Eduardo Di Rocco estuvo a punto de aprobarse como ley, anulando el cargo de defensor de Casación. La compulsa no les dio y Coriolano sigue. Ahora parte hacia Ginebra para definir la agenda del subcomité. Junto a otros nueve expertos internacionales, visitará países para inspeccionar cualquier lugar de detención. Uno de los territorios apuntados puede ser Argentina y, obviamente, el territorio bonaerense.

-–¿Quiénes integran y cuál es la función del subcomité?

–El subcomité es un mecanismo para la prevención de la tortura, a diferencia de otros que actúan pos comisión de hechos. Lo vamos a integrar diez expertos independientes que fuimos nominados por los diversos Estados parte y que se votó el 18 de diciembre, en una sesión en Ginebra.

–-¿Representan a los Estados que los nominaron?

–No. Cada Estado podía nominar hasta dos candidatos que reunieran los requisitos que establece la Comisión (Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles y Degradantes) en calidades personales y profesionales, y luego de estas nominaciones los Estados parte votaron diez candidatos que vamos a desempeñarnos a titulo personal, es decir, no vamos a representar al Estado. Entre las reglas que nos van a regir están la de imparcialidad y la de independencia absoluta.

–-Uno de los motivos que tuvo peso en su elección en el subcomité fue el banco de datos sobre torturas denunciadas o no ante la Justicia que organizó en la Defensoría. Lo hizo contra viento y marea...

–A nosotros, lo que nos ligó todos estos años fue hacer visible lo invisible. Cuando en la Defensoría decidí poner en marcha el banco de datos en marzo de 2000, fue paralelamente a que se instalaba el gobierno de la mano dura. En las reuniones de los defensores empezábamos a notar que había más tortura y que a su vez muchos de los torturados no lo denunciaban. De ahí que nuestra base de datos tenga esta particularidad de registrar los casos no denunciados. Y en los primeros cortes encontramos que casi el 50 por ciento de los casos era sin denuncia. Una cifra negra altísima en los primeros 600 casos y que se siguió sosteniendo del 2000 para acá, más allá de los avatares por los que pasó el banco de datos, los intentos que hubo de los distintos sectores para que lo cerráramos, se nos debilitó a través de la quita de recursos humanos. Pero el banco siguió. Hoy tenemos más de tres mil casos y siguen cerca del 50 por ciento los casos sin denuncia.

–¿Cómo se entiende que se mantenga ese porcentaje altísimo de no denuncia?

–Las razones son múltiples. Miedo de denunciar porque los mismos que los torturaron van a seguir estando encargados de su custodia. O porque si denuncian los van a tener individualizados. Es altísimo el grado de impunidad que existe. Altísimo grado de impunidad que lo llegamos a definir como uno de los factores más importantes en la persistencia de la tortura. Nosotros buscamos darle visibilidad al problema. No es lo mismo que en el Subcomité, que es un organismo que hace un diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico se le dice al gobierno en forma confidencial que advertimos que los problemas más graves están en estos lugares, en estas estructuras, en estas personas, en estas rutinas, les recomendamos que tomen estas medidas. Y se le da un período donde es necesario, para la eficacia de esas medidas, que eso se maneje en forma confidencial, hasta que el propio estado parte lo haga público o parcialmente público, con lo que nosotros quedamos liberados de hacer público el resto o por completo.

–Usted mencionaba los avatares del banco de datos.

–Lo habíamos puesto en marcha después de crear el cargo de secretario de ejecución de las defensorías generales, a fines del ‘99. Son cargos creados cuyo tarea es pasar periódica y regularmente por cárceles y comisarías de la provincia. Empezamos la experiencia piloto con una rigurosa selección de abogados especializados en siete departamentos: Azul, Bahía Blanca, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes y San Martín. La capacitación que les íbamos dando a esos abogados especializados nos hizo ver la conveniencia de extenderlo a todos los departamentos. Esta figura se creó por una resolución de la Defensoría de Casación, no estaba prevista en la ley. Para nosotros, vendría a ser un germen de lo que en algun momento debiera ser el defensor de ejecución, defensorías especializadas. Estos secretarios más algunos defensores fueron los que iban nutriendo al banco de datos. Entonces fue cuando empezó a incomodar no sólo la denuncia de la tortura sino la de la impunidad de la tortura. Y todo esto dentro de la misma estructura del Ministerio Público.

–Claro, en la provincia, usted y todos los defensores públicos dependen de la Procuración, que es la cabeza de los fiscales. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo hacen en un juicio si el que acusa y el que defiende dependen del mismo jefe?

–Estamos bajo una sola cabeza. En algún momento debiera sancionarse la autonomía de la defensa y volver a poder trabajarse con autonomía funcional completa.

(N. del R.: La ley no sólo no contempla la independencia de criterio de las defensas sino que además las defensas dependen presupuestariamente de la Procuración. Allí comienzan a entenderse los avatares sufridos no sólo por el banco de datos, sino por los secretarios de ejecución y los defensores que presentan denuncias de torturas o tratan de hacer cumplir las leyes, nacionales e internacionales aceptadas por el país.)

–¿Por qué dice volver? ¿En algún momento el defensor tuvo autonomía?

–Durante tres o cuatro años el procurador nos cedió la superintendencia. Fue un período de autonomía que se puso de manifiesto con el funcionamiento de los secretarios de ejecución, con el banco de datos que efectivamente empezó a recibir información muy directa. Hicimos un centro de estudios para capacitar a defensores públicos penales, civiles...

–¿Fue el mismo procurador Eduardo de la Cruz quien les dio y luego les quitó la autonomía?

–Sí, nos delegó en el ’98 y en abril de 2002 nos retiró esa capacidad y reasumió la superintendencia y nos quitó la posibilidad. Si uno analiza el esquema de la Constitución Nacional, la autonomía de la defensa existe para garantizar la administración de justicia. Hay un autor que dice que sería prevaricato institucional. No se puede ser al mismo tiempo Dr. Jekyll y Mr. Hide. Además, desde el punto de vista de la lógica del debido proceso, del principio de contradicción, cómo admitirle a una persona en un juicio oral que acuse, se levante y se siente en el banquillo y se defienda.

(N. del R.: Por resolución 63 del 18 de octubre del ’99, Coriolano creó los cargos de secretarios de ejecución con el fin de apoyar a las defensorías en la rutina de visitar cárceles. La resolución 13 del 17 de marzo de 2000 creó el banco de datos. En julio de 2002, el entonces procurador Eduardo de la Cruz derogó la resolución que creaba el banco de datos, y en septiembre de ese año le quitó el control sobre los secretarios de ejecución. La Corte, finalmente, decidió mantener en funcionamiento el banco de datos. En abril y agosto de 2005, la procuradora general María del Carmen Falbo dictó dos resoluciones que transformaban en obligatoria la información de defensores y fiscales al banco de datos. Pero como no todo lo escrito representa la realidad de los hechos, silenciosamente avanzan los sumarios sobre los defensores y los secretarios que denuncian y cumplen con lo que ella misma ordenó.)