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Sin saco ni corbata, a Esteban Bullrich se lo ve descontracturado a pesar de que no tuvo una semana fácil. Tal vez sea porque acaba de tener su tercer hijo (el primer varón) o porque en unos meses dejará el Ministerio de Desarrollo Social porteño, cuando se termine la licencia de maternidad de María Eugenia Vidal. Entonces volverá a calzarse un traje que extraña: el de diputado que arremete con denuncias sobre el caso Skanska. En diálogo con Página/12, el ex candidato a vicepresidente de Recrear apuntala la denuncia por sobreprecios contra Aníbal Ibarra y Jorge Telerman y recorre la política social que le encomendó Mauricio Macri.

–¿La denuncia por sobreprecios fue un contraataque a la oposición?

–No, de ninguna manera. Cinco millones de pesos por comida que vale tres no es una denuncia de venganza. Dentro de lo que es la parte del ordenamiento, veníamos teniendo denuncias de los comedores sobre faltantes de comida en las entregas. Y Hacienda estaba investigando los sobreprecios. Conclusión: en la primera licitación se bajó dos millones de pesos el volumen de compra. Se estaba robando al pobre. Estamos viendo si hay información como para presentar una denuncia penal.

–¿Quiénes serían los responsables?

–Es lo que se está tratando de establecer. Removimos al encargado del depósito y estamos aumentando los controles. Claramente, en las gestiones anteriores había discurso para un lado y acciones para el otro.

–¿Qué política va a encarar el gobierno de Macri en el área social?

–El ministerio, al tener que enfrentar la crisis de 2001, ha tenido un perfil muy asistencialista. Tenemos que pasar de la emergencia social al trabajo de inclusión. El plan de emergencia habitacional implica diez meses de un aporte económico a una persona. Pero al final de esos diez meses, no hicimos nada para cambiar su situación. Queremos trabajar en capacitación laboral, para que pueda conseguir un trabajo y no volver a pedir ese refuerzo. Lo mismo con los planes de autoempleo, de 200 pesos por mes. Con ese dinero no se tiene la posibilidad de capacitarse, ni de generar un proyecto productivo. Estamos viendo cómo lo reconvertimos. Además, estamos trabajando con los derechos de la mujer. Todavía hay un cierto tratamiento no igualitario en la ciudad.

–Y en el gabinete: Diana Ma-ffía los criticó por no tener ministras.

–La única es la que va a venir acá. Es importante que sea una mujer la que trabaje en esto. Pero mientras hay un hombre, también se trabaja.

–¿Qué alcance tiene el plan de Ciudadanía Porteña?

–Hoy estamos cubriendo a unas 70 mil familias. Estamos pensando ampliarlo, en forma ordenada. Y agregarle otros beneficios: vamos a lanzar un programa para que los chicos no dejen la escuela para trabajar.

–¿Piensan en políticas públicas universales o focalizadas?

–Hoy los recursos no dan para una política universal. A nivel local, no se puede universalizar. No tenés nunca los recursos, porque no dejamos de darle atención a gente que viene de otras provincias.

–Salvo en los hospitales...

–En los hospitales es prioridad para los porteños, pero no dejamos de atender. Lo que sí tratamos es de fortalecer los programas que son más efectivos para incluir a la gente. Hoy tenemos un montón de gente excluida: 180 mil personas viviendo en villas y 800 chicos en la calle de noche. Son gente que no están recibiendo toda la ayuda que podrían recibir. Queremos trabajar para darles igualdad de oportunidades, nazcan en Lugano o en Barrio Parque. Para eso tenemos que implementar programas focalizados: esto quiere decir entender y conocer bien al que lo viene a pedir. No puede haber un trabajador social que trabaja con 300 familias.

–¿Cómo planean “reconvertir” los subsidios habitacionales?

–No cortamos ningún programa. Hay que trabajar con los beneficiarios en cómo se pueden mejorar. Hoy hay un programa de hoteles...

–¿Visitó alguno de los hoteles de la ciudad?

–Sí... (pone cara de espanto).

–¿Cómo los vio?

–(Se contiene.) No son lugares para que esté gente viviendo. También tenemos problemas de infraestructura en los paradores. El sábado pasado se derrumbó la pared de uno en Constitución y tuvimos que relocalizar a 70 personas. Tenemos un problema de infraestructura muy fuerte. Estamos viendo cómo hacemos para reconvertir la infraestructura de 60 hoteles y darle un servicio de calidad a la gente. El IVC y la Corporación del Sur están trabajando en obras que tienen demoras y queremos acelerar el proceso de licitación.

–Por el tema habitacional, tuvo su primera marcha de organizaciones sociales. ¿En estos casos también hay que penalizar la protesta?

–No se habla de penalizar la protesta, sino de ordenarla. Hay que llegar a un equilibrio entre los derechos a expresarse y a circular. Esta gente tenía razón en que se había demorado el pago por problemas administrativos, por el paro que hubo a fin de año. Nos sentamos a dialogar y cumplimos con nuestro compromiso.

–¿Cuál va a ser la política de fondo para los cartoneros, como los que estaban acampando en Barrancas de Belgrano?

–La ciudad debe crear centros verdes para darles un ámbito de trabajo. No queremos que la gente esté en la calle, con chicos que duermen cerca de la basura. El Ministerio de Espacio Público está acelerando el proyecto de centros verdes, porque ahora traen a toda la familia, ensucian el espacio público y le sacan a los vecinos la posibilidad de pasear por una plaza. Es un espacio de todos, no de un grupo determinado.

–¿Por eso se los desalojó?

–No fue un desalojo: se sacó de la plaza pública a la gente que estaba trabajando ahí y se le dio un espacio cerrado, para que no molesten a los vecinos. Tienen un lugar para trabajar en un centro verde en la avenida Varela, donde están alejados de vecinos. Eso lo coordinó Espacio Público, con Seguridad y nuestro ministerio.

–¿Cuáles son los siguientes pasos después del censo de chicos de la calle?

–Vamos ampliar el plantel de trabajadores profesionales. Estamos duplicándolo en el primer trimestre. Ahora en marzo vamos a hacer un censo de día. Y aportarles programas de cultura, de música, para contenerlos en horarios en los que están fuera de clase. También usar el deporte como una política social. E intentar que no estén en la calle y queden a merced del delito y la droga. Además, queremos establecer mecanismos de trabajo con la familia. Nosotros seguimos creyendo que la familia es el núcleo de contención básica: la base de una sociedad sana es una familia sana. Queremos ordenar el tema de los comedores, porque es importante que el chico coma en su casa. Estamos pensando quizás en que se preparen raciones. Pero son ideas que estamos trabajando.

–¿En el censo, hubo muchos casos de consumo de paco?

–En el censo, de 798 hubo 30 que estaban consumiendo (no paco, sino algún tipo de sustancia). No estaba preparado para eso el censo. Sabemos los problemas que hay con el paco y se está trabajando con el Ministerio de Seguridad en acabar con los centros de distribución.

–Carrió le envió una carta a Macri para advertirle sobre la no renovación de los contratos de Casa Puerto, un centro de atención de adictos.

–Absolutamente todos los contratos se renovaron.

–¿No forman parte de los 2400 contratos no renovados?

–No, no hay ninguno de Casa Puerto, ni tampoco de médicos y enfermeras.

–Uno de los consejeros del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes denunció que la mayoría de los despedidos de esa área trabajaban en la atención directa a la población.

–Mirá, la verdad es que me suena raro. El número era muy pequeño: seis u ocho personas. Lo hablamos con Jorge San Martino, que está a cargo del Consejo.

–San Martino, cuando era legislador, presentó un pedido de informes sobre un “centro de detención de menores”, ¿usted está de acuerdo?

–No lo conozco en detalle, así que preferiría no opinar.