Desde Madrid

El aborto parecía un tema ya resuelto por la sociedad española. Pero la ofensiva de ciertos sectores de la derecha con fuerte peso en la Justicia y de la jerarquía eclesiástica más conservadora ha logrado introducirlo nuevamente en el debate político. Mientras el Partido Popular, en la oposición, pretende que la actual legislación no se toque, el Partido Socialista vive un fuerte debate dentro de sus propias filas acerca de si resulta o no oportuno ampliar la actual legislación, sacando el aborto del Código Penal e incorporando el llamado “cuarto supuesto”, que permitiría a la mujer alegar motivos económicos para proceder a la interrupción del embarazo.

La legislación española contempla, desde 1985, tres supuestos en los que el aborto está permitido: que la vida de la madre corra peligro, que el embarazo sea producto de una violación o que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas. En el programa electoral de 2004, el Partido Socialista, que resultó vencedor de las elecciones, prometía ampliar la legislación incorporando el cuarto supuesto y sacando el tema del Código Penal, cumpliendo de ese modo con una reivindicación histórica del movimiento feminista. Pero José Luis Rodríguez Zapatero creyó que ya se había desafiado demasiado a la Iglesia con la promulgación de la ley de matrimonio homosexual y decidió dejar de lado su promesa. Ahora las feministas exigen al PSOE que vuelva a incorporar la propuesta en su programa electoral, de cara a las elecciones que se celebrarán el 9 de marzo próximo.

“El movimiento de mujeres –explica a Página/12 Consuelo Catalá, diputada socialista y portavoz en las Cortes Valencianas de políticas de igualdad–- dio por sentado que el tema del aborto estaba ya resuelto y no lo considera prioritario.” Pero en los últimos años la Justicia española, representada por los jueces más conservadores, ha comenzado una lenta pero firme tarea de hostigamiento a las clínicas privadas que practican la interrupción del embarazo, lo que terminó generando una inédita huelga de estos establecimientos que concluyó la pasada semana. La situación se volvió tan crítica que obligó al ministro de salud de Zapatero, Bernat Soria, a reunirse con las clínicas para tranquilizarlas y darles garantías de que podrán seguir con su tarea sin ser hostigadas. “La derecha está siendo muy cruel –explica Catalá–, ya que no puedes ir con la Guardia Civil a interrogar mujeres que hayan abortado, no importa cuál sea el motivo”.

La Iglesia Católica, como no podía ser de otro modo, comenzó bajo el reinado del conservador Benedicto XVI una ofensiva también en este terreno y puso el grito en el cielo cuando los socialistas mencionaron la posibilidad de extender la actual legislación incorporando el mentado “cuarto supuesto”. Ante la magnitud del ataque, las feministas decidieron reaccionar. Al grito de “saquen los rosarios de nuestros ovarios”, una multitud de mujeres se manifestó en la tarde del miércoles en Madrid, Barcelona y otras once capitales de provincia en la primera movilización en defensa del aborto en mucho tiempo.

Mientras tanto, el Partido Socialista concluye este fin de semana en Madrid el debate dentro de la comisión que prepara el programa con el que el PSOE pretende volver a ganar las próximas elecciones. “Las mujeres vamos a defender que el partido vuelva a incorporar la propuesta de sacar el aborto del Código Penal y ampliar sus actuales supuestos –afirma Consuelo Catalá–, dentro de un programa integral de salud reproductiva que le dé un marco legal adecuado al tema.” Zapatero dejó frías a las mujeres cercanas al movimiento feminista días atrás cuando sugirió que el tema iba a ser tratado en la próxima legislatura pero que no sería parte integral de la propuesta electoral socialista. “Buscaremos consenso”, afirmó el primer ministro, lo que a muchas mujeres sonó a “no haremos nada que moleste más a la Iglesia”.

Pero si Zapatero se ha mostrado tibio, el Partido Popular directamente asusta al movimiento feminista. Mariano Rajoy, su candidato presidencial, ha afirmado que es contrario a la ampliación de la actual legislación, lo que en la práctica significa dejar el aborto dentro del Código Penal, permitiendo de ese modo que los jueces conservadores mantengan la actual ofensiva contra las clínicas y sus pacientes. “Las feministas nos habíamos desmovilizado de cara a este tema –admite Catalá–, porque había habido una normalización social en torno de la cuestión del aborto.” Pero esa desmovilización está llegando a su fin. En las manifestaciones que comenzaron el miércoles y continuaron el viernes se exige un compromiso claro del gobierno para reformar la ley generalizando incluso el aborto en la sanidad pública y para evitar que mujeres y profesionales sanitarios queden indefensos ante los resquicios que deja la legislación vigente.