La provincia de Buenos Aires adhirió ayer a “la estrategia en política de drogas” impulsada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, al firmar un convenio de adhesión a la Encuesta Nacional que evaluará el impacto del consumo de sustancias legales e ilegales en la población. Mediante este convenio, la provincia podrá requerir asistencia técnica y jurídica al Comité Científico Asesor (CCA) en materia de política sobre drogas.

La Encuesta Nacional evaluará cuál es el impacto en la población del consumo de sustancias legales, como el alcohol y el tabaco, e ilegales, como el paco, la cocaína, el éxtasis y la marihuana; y, según informó ayer el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ya cuenta con la adhesión del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“El convenio permitirá a la provincia requerir asistencia técnica y jurídica al Comité Científico Asesor, que preside Mónica Cuñarro, para diseñar políticas públicas referidas a la discusión del marco legal para el combate al narcotráfico y la criminalidad compleja”, informó la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la provincia.

El CCA analiza desde 2007 la realización de un proyecto de reforma a la Ley de Drogas que, según la línea propuesta por Fernández, incluiría la despenalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal. Pero para llevar adelante esa modificación, el Ministerio de Justicia y el CCA diseñaron en conjunto con la cartera sanitaria nacional una encuesta sobre consumo de drogas a realizarse en ciudades de más de cinco mil habitantes.

En ese sentido, el ministerio provincial precisó que Buenos Aires obtendrá el relevamiento del “96 por ciento” de su población urbana, lo que le brindaría elementos para la elaboración de políticas en el tema drogas tendientes a la prevención, tratamiento y rehabilitación.