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El Senado español sancionó una ley por medio de la cual los hijos de españoles nacidos en el exterior podrán adoptar la nacionalidad de sus padres sin restricción de edad como ocurría hasta ahora. Y los nietos deberán acreditar un año de residencia legal en aquel país para reclamar ese beneficio. La norma, que beneficia a los descendientes de emigrantes españoles, debe ser rubricada por el rey Juan Carlos y publicada en el Boletín Oficial del Estado. El proyecto, que ya contaba con el visto bueno de Diputados, fue criticado por la oposición que pretendía mayor flexibilidad en el otorgamiento de la ciudadanía.
La “Reforma al Código Civil en Materia de Nacionalidad” había sido propuesta por el partido del gobierno, el Partido Popular (PP). En mayo había sido aprobada sin problemas por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayoría absoluta. En la noche del miércoles, el Senado terminó de convertirla en ley. La norma favorece a los hijos de españoles nacidos en el exterior porque podrán solicitar el beneficio sin límite de edad. Actualmente para los argentinos, la nacionalidad se transmitía por vía paterna, cosanguineidad y sin interrupción de la cadena de generaciones. Los hijos de madres españolas podían pedirla hasta los 21 años, es decir, la mayoría de edad. Ahora los hijos de cualquier español, sin importar donde hayan nacido, heredan automáticamente la nacionalidad.
Sin embargo, los legisladores del Partido Popular no admitieron la idea de los socialistas, vascos, catalanes y gallegos de brindar a los nietos la misma facilidad sin otros requisitos. De esta manera, los miembros de la tercera generación tendrán que acreditar un año de residencia legal para acceder a la nacionalidad. Sobre este punto se generó un gran debate entre los legisladores españoles.
El senador socialista Luis Angel Lago Laje consideró que en los casos de países como Argentina, Uruguay y el resto de Iberoamérica el mantenimiento de las limitaciones para conceder la ciudadanía afecta a los nietos de los españoles que en algún momento debieron emigrar. Por su parte, la senadora popular María Australia Navarro justificó la exigencia de un año de residencia porque “no se puede obligar a nadie a adquirir una nacionalidad” lo que, cree, ocurriría si se hubiera establecido la obtención automática para los hijos de padres no españoles.
La ley fue aprobada por los votos aportados por el Partido Popular y la Coalición Canaria, en tanto la oposición –que se quejó de que el oficialismo no dio lugar a medidas más amplias– se abstuvo de decidir. En principio, la iniciativa tendrá que esperar la firma del rey Juan Carlos y luego su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Recién a los tres meses de su difusión, será puesta en marcha definitivamente.