Manuel Poggi, el ex funcionario de la Municipalidad de General Rodríguez que estuvo prófugo durante seis días, imputado en la causa en la que se investiga a un cartel mexicano que elaboraba metanfetaminas, se entregó ayer ante la Justicia, declaró durante más de cinco horas y quedó detenido. El juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez dictó el secreto de sumario en la causa, y sus colaboradores sostienen que los próximos pasos estarían orientados a ordenar una serie de detenciones de dueños de droguerías que proveían de efedrina a los mexicanos. El juez dispuso la medida luego de tomarles declaraciones testimoniales a las viudas de Damián Ferrón, Leopoldo Bina y Sebastián Forza –las tres víctimas de General Rodríguez– cuyo abogado pedirá que sea el juez de Campana y no la fiscal porteña Ana Yacobucci el que investigue el triple crimen.

Poggi está sospechado por alquilar un galpón donde se habría almacenado efedrina, que habría sido utilizada por los mexicanos como precursor para fabricar droga. Pero en su declaración, el ex funcionario habría asegurado que desconocía la actividad de los mexicanos y que en el galpón sólo almacenaba tambores con aceite.

Hasta la semana pasada, Poggi fue director de Desarrollo Industrial de General Rodríguez. El martes había renunciado Armando Borches, quien era superior de Poggi, al cargo de secretario de Producción en la municipalidad.

Ayer, el ex funcionario llegó a las 11.40 a los tribunales de Campana, acompañado por su abogado, Ariel Fusco, que lo trasladó hasta allí en un auto Volkswagen bordó. Con una gorra y anteojos negros, se presentó en los tribunales luego de permanecer seis días prófugo y de realizar, mediante su abogado, varios intentos para lograr mejorar su situación procesal previa a su entrega. Finalmente quedó detenido en una dependencia policial del tribunal. La indagatoria se suspendió pasadas las 22 y se presume que continuará hoy.

Poggi quedó implicado en la causa en la que se investigan las operaciones de un cartel mexicano en Ingeniero Maschwitz, donde había montado un laboratorio clandestino. Está acusado de alquilar un galpón en General Rodríguez donde se almacenaban tambores que contenían efedrina, precursor utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Esos tambores serían similares a los secuestrados en Maschwitz. La banda de mexicanos estaría vinculada al cartel de Sinaloa. El monto mensual del alquiler del galpón era de 10.000 pesos.

La actividad en el juzgado había comenzado a la mañana, cuando se presentaron para declarar como testigos las tres viudas de los empresarios asesinados en General Rodríguez. Si bien ese triple crimen se investiga en otra causa que lleva adelante la fiscal de instrucción porteña Ana Yacobucci, el juez de Campana quiso interrogarlas sobre los teléfonos celulares que ellas y sus maridos usaban y a nombre de quiénes estaban. Es que, en el marco de la causa de los narcos, surgieron comunicaciones telefónicas entre una de las víctimas del triple crimen, Sebastián Forza, y dos de los cabecillas de la banda de mexicanos responsables del laboratorio de metanfetamina, el argentino Marcelo Tarzia y el mexicano Jesús Martínez Espinoza.

Solange Belloni, la viuda de Forza, confirmó que era el teléfono de su esposo el que figuraba en la agenda de los mexicanos. Pero también habría vinculado en esos contactos a Martín López Magallanes, un ex socio de su marido. Forza se manejaba con celulares radicados en México, Estados Unidos y Canadá, lo que complica el rastreo de llamadas.

Además de Solange Bellone, concurrieron al juzgado, convocadas por el juez, Mariela, mujer de Damián Ferrón (37), y Verónica Colombo, viuda de Leopoldo Bina (35). Las tres, asistidas por el abogado Miguel Angel Pierri, declararon como testigos y Solange podría volver a ser citada. Su condición de socia de su esposo la pone en la mira de la investigación.

La principal hipótesis que maneja la querella es que el triple crimen fue cometido en el marco de una pelea de bandas proveedoras de efedrina a carteles de drogas: sospechan que Forza, Bina y Ferrón estaban por crear sociedades para poder comercializar esa sustancia, lo que perjudicaría a otros competidores.