La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó ayer una modificación al proyecto original de reforma al Código Procesal Penal, con lo cual se limita el beneficio de la excarcelación a las personas reincidentes. El proyecto se inscribe en el marco del endurecimiento de las políticas penales del gobierno provincial, que ha sido cuestionado por organismos de Derechos Humanos. El proyecto reformado ahora volverá a la Cámara de Senadores en busca de la aprobación final.

El límite en las excarcelaciones es uno de los puntos sobresalientes del Acuerdo Social por la Seguridad, anunciado a fines de la semana pasada por el gobernador de la provincia, Celso Jaque. Ese acuerdo fue también una de las razones que motivaron la renuncia de un conjunto de funcionarios que se desempeñaban en el área de Derechos Humanos mendocina.

La modificación realizada por los diputados obliga a los jueces de toda la provincia a dictar la prisión preventiva a aquellos imputados que tienen más de dos causas abiertas. Hasta que los senadores den el visto bueno, y según el caso, un delincuente todavía puede beneficiarse con la libertad condicional si sus antecedentes no son de “peso” y si su proceso penal todavía no está terminado.

Para llevar a cabo esta modificación, los legisladores entendieron que “la prisión preventiva no es un castigo, sino una garantía del desa-rrollo del proceso” al que es sometida una persona cuando comete un delito. Para ellos, ser reincidente “es un elemento suficiente para presumir que intentará eludir a la Justicia o entorpecer la investigación”.

Según el diputado justicialista Daniel Cassia, la modificación busca “evitar que quienes delinquen abusen de sus libertades”. El legislador sostuvo que “este elemento debe estar enmarcado en un plan donde ésta no sea la medida más dura, sino que esté acompañada por otras decisiones, como la construcción de más unidades penitenciarias”.

“Lo único que se logra es institucionalizar el delito y empeorar la situación de las cárceles”, cuestionó Pablo Salinas, abogado del área de Derechos Humanos del gobierno. Jaque también tiene la intención de reducir la edad de imputabilidad.

El Centro de Estudios Legales y Sociales manifestó su “profunda preocupación” frente a la media sanción al entender que el proyecto “tiene por objeto generalizar el uso de la prisión preventiva, al punto de establecerla como regla, desconoce los compromisos asumidos por el Estado argentino frente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.