La fiscal Ana María Yacobucci, que investiga el triple crimen de General Rodríguez, le entregó ayer su dictamen al juez de la causa, Rodrigo Pagano Mata, quien hoy decidirá si la pesquisa por la matanza pasa a la provincia de Buenos Aires. La fiscal Yacobucci tiene probado que Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron asesinados en el descampado de General Rodríguez y por ello impulsaría el cambio de jurisdicción del expediente. Por su parte, fuentes vinculadas con la causa dejan entrever la participación en la masacre de dos subcomisarios de la Policía Federal, del área de Drogas Peligrosas, cuyos apellidos empiezan con M y H, quienes tendrían relaciones con los narcos y también con quienes estaban en el mundo del robo de medicamentos. Un detalle que siempre llamó la atención es que Forza-Ferrón-Bina fueron maniatados con precintos plásticos, un método usado por la Federal. El dato que llevaría hacia los subcomisarios es que registran varias llamadas con Forza. Durante las últimas 48 horas se hicieron doce allanamientos, todos relacionados con el tráfico de efedrina y las maniobras con sociedades destinadas a crear droguerías. Dos farmacéuticos quedaron detenidos, acusados de vender esa droga.

Tal como adelantó PáginaI12, la fiscal sostendría la postura de que la causa debe pasar a territorio bonaerense. El abogado de las tres viudas, Miguel Angel Pierri, insistió en que todo pase al juez de Campana-Zárate, pero hay algunas chances de que la fiscal y el juez no accedan a ese pedido, sino que le pasen el expediente al fiscal de Luján Leandro Marquiegui y a su jefe, el fiscal general de Mercedes, Pablo Merola.

Cuando fueron encontrados los cuerpos, ni Marquiegui ni Merola mostraron voluntad por investigar la causa, lo que hace posible que deriven todo al juez federal Federico Faggionatto Márquez, argumentando que el móvil del crimen fueron las maniobras con la efedrina. Para ello cuenta con la postura de Pierri, quien ayer insistió en que Forza les vendía efedrina a los mexicanos detenidos en Ingeniero Maschwitz, que además los engañó vendiéndoles una empresa, Megfarm, que no estaba habilitada para importar efedrina, y que terminó traicionando a los narcos venidos de México dándole a la Policía o la SIDE los elementos para hacer el allanamiento de la quinta y detener a nueve mexicanos y a un argentino, Luis Tarzia.

Está probado el vínculo de Forza, Tarzia y el jefe de los mexicanos, Jesús Martínez Espinoza, pero la fiscal Yacobucci consideraba hasta hace unos días que no se pueden descartar otros móviles. Forza había sido amenazado por las enormes deudas que tenía y, paralelamente, existen trece causas penales instruidas en su contra por falsificación y robo de medicamentos. No es casualidad que Yacobucci no haya llamado a declarar a Ibar Pérez Corradi, una especie de financista que hoy es defendido por el ex imputado en el caso AMIA Juan José Ribelli. Forza denunció a Pérez Corradi por amenazas y si Yacobucci no lo llamó a declarar como testigo es porque lo considera sospechoso.

En la línea de que el crimen podría estar relacionado con el mundo de los medicamentos y también la efedrina, aparecieron los nombres de los subcomisarios, uno de ellos muy conocido en el ambiente de los laboratorios porque cobraría coimas por dejar correr las operaciones de piratas del asfalto dedicados a robar camiones de medicamentos y también movimientos de efedrina. Es más: como M revista en Drogas Peligrosas, eso le permitiría “cortar boleto”, como le llaman a las coimas en el argot policial.

El otro personaje misterioso del caso es Mario Miguel López Magallanes, quien armó varias sociedades junto con Forza. Todos coinciden en que Magallanes estaba –y está– muy asustado, como lo estaba Ariel Vilán, el joven que se tiró desde el noveno piso en Boedo.

Algunos de los forenses insisten en el detalle de que a Bina le cortaron la oreja. En el mundo del delito, las orejas se cortan por dos razones. La primera, que es un órgano que tarda mucho en descomponerse. La segunda, que es finita y sirve para mandársela a alguien en un sobre y dejarle en claro que su vida corre peligro. Muchos se preguntan si la oreja de Bina no fue enviada a Vilán, lo que derivó en su suicidio. O tal vez a Magallanes. O a Pérez Corradi.

En los allanamientos ordenados por Faggionatto Márquez se buscó esclarecer las maniobras con efedrina. La farmacia San José de los Corrales, de Liniers, propiedad de los hermanos Guillermo y Héctor Salomón, pudo justificar sólo 14 kilos de los 150 que importó. Quedaron detenidos los dueños. La policía visitó oficinas ligadas al prófugo Jorge Ochoa, dueño de Masterfarm. Se le imputan importaciones de efedrina que luego fueron derivadas a la fabricación de metaanfetaminas. Además, en Campana sigue declarando Tarzia, que estaría revelando quiénes proveyeron de efedrina al laboratorio de Maschwitz. A nadie le extrañaría que Tarzia terminara acogiéndose a la Ley del Arrepentido. No sucede lo mismo con los mexicanos presos. Ellos saben que, si hablan, sus familias lo pagarán con sus vidas allá en León, México.