“Exigimos que se garanticen fehacientemente los derechos del paciente”, aclaró Roxana Amendolaro, responsable del área de Salud Mental del CELS. Se refería al hábeas corpus que la entidad presentó en relación con el caso de un paciente del Hospital José T. Borda al que el equipo médico a cargo de su tratamiento intentará aplicarle la terapia de electroshock.

El pedido, presentado a última hora de ayer ante un juzgado penal, tiene por objetivo solicitar a la Justicia que garantice el cumplimiento de las condiciones básicas que deben existir en la aplicación de la terapia de electroshock. Es decir, consentimiento informado por parte del paciente, el suministro de anestesia total, la presencia de la aparatología adecuada y de máquinas de monitoreo constante durante el tiempo que dure el proceso. Según denunció Amendolaro, “nada de esto se estaría cumpliendo”.

El caso llegó a los oídos del CELS a través de una denuncia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), donde participa Luis, un hombre que se encuentra internado en el Borda por presentar un cuadro de “melancolía con ideas de suicidio, según consta en su historia médica”, relató Amendolaro.

Tal cuadro neuropsiquiátrico es uno de los tres casos previstos para la aplicación de electroshock, un proceso de descargas eléctricas a través de las que se inducen convulsiones al paciente. Debido a la violencia que representa el tratamiento hacia el paciente, el CELS pidió a la Justicia “que se garantice el consentimiento informado del paciente, las condiciones materiales necesarias para que se lleve a cabo –anestesista, aparatología y monitoreo– y que todo aquello cuente con un seguimiento judicial para que se cumpla a lo largo de todo el tratamiento”, describió la representante del organismo.