La médica argentina Ana María Pizarro, reconocida en Latinoamérica por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, pidió protección a la Cancillería para ella y su hijo de 13 años, y denunció que está siendo víctima de una serie de acciones persecutorias de parte del gobierno de Nicaragua, al igual que otras ocho líderes feministas de ese país. Pizarro vive hace 28 años en Managua, y en 1996 adoptó la nacionalidad nicaragüense. “Me fui de la Argentina perseguida durante la última dictadura militar y ahora vivo el hostigamiento del régimen de Ortega”, comparó en declaraciones a PáginaI12, desde su casa. Pizarro forma parte del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) de Nicaragua y a su entender, está sufriendo las represalias por sus fuertes críticas a la gestión del presidente Daniel Ortega, particularmente a su alianza con la jerarquía católica y a la abolición del aborto terapéutico. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y más de un centenar de organizaciones sociales y de mujeres de América latina y el Caribe expresaron en las últimas horas su solidaridad con las activistas nicaragüenses.

Fuentes de Cancillería confiaron ayer a este diario que la embajada en Managua, a cargo del encargado de Negocios, Nicolás Rebok, “sigue activamente” el tema. “Rebok mantiene un contacto permanente y fluido con la doctora Pizarro, está totalmente interiorizado del caso y sigue atentamente la evolución de los acontecimientos”, agregaron las fuentes.

Pizarro defendió en 2003 el derecho al aborto de Rosita, la niña nicaragüense de nueve años violada y embarazada, a quien el gobierno pretendió impedir que interrumpiera la gestación, un caso que tuvo repercusión internacional. Finalmente, Rosita pudo abortar. “Participé desde la Red de Mujeres contra la Violencia en su defensa pública hasta que el caso fue cerrado por la Fiscalía que dictaminó que no hubo delito cuando se le practicó el aborto terapéutico: cuatro años después, en 2007, fui denunciada junto a otras ocho feministas de ‘apología del aborto’ y otros tres delitos más. La Fiscalía General de la República continúa ‘investigando’ esta denuncia un año después; y en estos días recibí una nueva citatoria por otra supuesta denuncia y tuve que presentarme a declarar junto con otras cuatro líderes feministas. Me interrogaron tres horas para responder por la posible existencia de delitos derivados de convenios entre Forum Syd, una ONG internacional, y el MAM, sin especificar qué tipo de delitos ni con qué base, aunque los medios de comunicación afines al gobierno hablan de ‘lavado de dinero’. Eso me obliga a revivir lo que ya viví desde hace un año, la persecución política continúa y que se agrava en estos días”, denunció Pizarro a PáginaI12.

–¿Cómo está viviendo esta situación?

–Salvando que el ejército no está en las calles y que aún no allana las organizaciones ni entra en las casas de la gente, me siento como en Córdoba en octubre de 1975, cuando ya no teníamos espacios para la expresión pública. Hoy tengo temor porque sabemos que nuestro teléfono está intervenido, porque otras personas evidentemente entran a nuestro correo electrónico, porque recibí llamadas anónimas amenazando a mi hijo, porque sé que está prohibido ir a una manifestación, y porque una declaración en los medios significa riesgo para mi vida. Es una sensación de opresión que te invade. No puedo creer cómo llegamos a este extremo, cuando nosotras desde la izquierda señalamos la vocación totalitaria de un gobierno que se dice de izquierda y cuyos dirigentes alguna vez nos convocaron a una revolución que tuvo la mayor adhesión en el mundo.

El viernes 4 de octubre Pizarro se presentó ante la embajada argentina en Managua y se entrevistó con el encargado de Negocios a cargo de la representación diplomática. “Rebok conocía la situación por los medios, y me solicitó una petición formal para enviarla a Buenos Aires”, contó la médica tocoginecóloga. A través de una carta a la Cancillería, Pizarro pidió protección para su hijo, Pedro Javier, de 13 años, y para su hermana Norma Alicia, que vive también en Nicaragua. “Lo que pretendo es que el gobierno argentino exprese ante el gobierno de Nicaragua su preocupación por la persecución y las amenazas que he recibido así como por mi familia, en tanto debe brindar protección a las y los argentinos en el exterior. Quisiera que el gobierno argentino comprenda que éste no es un gobierno de izquierda, que no es un gobierno aliado de las buenas causas, acá estamos viviendo el neoliberalismo feroz, la corrupción, el nepotismo, lo único que se redistribuye es la pobreza, reina el autoritarismo, la violación de los derechos de las mujeres y la persecución a opositores”, dijo Pizarro. Su hijo, que está en primer año de la secundaria, nació en Nicaragua y como hijo de argentina nacido en el exterior, tiene pasaporte argentino. Pizarro tiene un hermano, José Darío, de 64 años, que vive en Salta.

A la citación judicial de la semana anterior se sumó “una campaña de hostigamiento público por parte de los medios de comunicación del gobierno” contra las nueve activistas feministas, entre ellas Pizarro, según denunciaron más de un centenar de personalidades y organizaciones del movimiento de mujeres y de derechos humanos de América latina, en un comunicado de prensa que está circulando por todo el continente. El 10 de octubre, el Juzgado Segundo de Distrito de lo Penal de Audiencia de la Circunscripción de Managua, a solicitud del Ministerio Público de la República, emitió un “auto de allanamiento y orden de secuestro de bienes” en contra de ocho organizaciones de mujeres y sociales, entre ella MAM, Forum Syd, la Red de Mujeres Municipalistas y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).

Pizarro recuerda los años de terror de los ’70 en Argentina. Por su militancia universitaria, fue detenida el 4 de octubre de 1975 durante el gobierno de Isabel Perón. Por entonces estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. “Me trasladaron al centro de detención de Pasaje Catalinas, contiguo a la Catedral de Córdoba. Fui torturada por la Brigada de Investigaciones Antisubversivas durante 15 días”, recordó. Fue juzgada por diversos delitos y condenada a cinco años de cárcel. En 1979, recuperó la libertad y con la ayuda de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pudo salir del país hacia España en 1980. Pasó por Costa Rica y finalmente recaló en Nicaragua, donde se sumó a la Revolución Sandinista, que encabezaba en ese momento Ortega. Pizarro desarrolló una amplia carrera como médica, ocupó diversos cargos en el sistema sanitario. Y se convirtió en una destacada defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres más pobres. Actualmente es integrante del consejo consultivo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, docente invitada de la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, integra la coordinación regional de la Campaña por la Despenalización del Aborto en América latina, forma parte del Movimiento en Defensa del Estado Laico y del consejo asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) en Nicaragua, además es la coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres.

En los últimos días, organizaciones de mujeres, de derechos humanos y sociales de distintos países de la región iniciaron una “denuncia internacional de las acciones persecutorias desarrolladas por parte del gobierno de Nicaragua” contra feministas. Desde la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, cuyo consejo consultivo lo integra la epidemióloga argentina Mabel Bianco, se exigió al gobierno de Ortega que “cese de inmediato sus ataques y falsas acusaciones” en su contra.