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Se llamaba Romina Gélvez. Tenía 22 años. Murió ayer en el Hospital Español de Mendoza. Estaba con muerte cerebral desde el domingo. La desesperación frente a un embarazo no deseado la empujó el viernes 6 a recurrir a una curandera del barrio La Gloria, en el departamento de Godoy Cruz, para que le practicara un aborto. El procedimiento no fue seguro: hubo una sonda de por medio. Llegó al Hospital Paroissien, de Maipú, con un cuadro infeccioso crítico. Nunca se recuperó. Romina no tuvo los 3000 o 4000 pesos que se requieren para acceder en la Argentina a un aborto seguro. Clandestino, sí, pero seguro. No fue el único caso fatal en la misma semana. La penalización del aborto está matando a las mujeres pobres. Pero de esa “inseguridad” que impacta exclusivamente en cuerpos femeninos, pobres, silenciosos, los grandes medios de comunicación no se hacen eco. Esas muertes, evitables todas, no importan.

Esta semana se habló y mucho desde algunas pantallas de TV y desde la tapa de ciertos diarios de otras muertes. Mucho se amplificó la “seguidilla” de policías bonaerenses asesinados en enfrentamientos con delincuentes: cuatro en 22 días, cuando en todo el 2008 habían caído ocho.

En los últimos 22 días murieron también cuatro mujeres por las consecuencias de abortos inseguros, pero de esa “inseguridad” se habla poco y nada: Romina Gélvez falleció ayer. Ana Machuca, el martes, en Reconquista, Santa Fe. Perla, 24 años, empleada de una empresa de limpieza, el 21 de febrero, en Rosario y un día antes, el 20, en esa misma ciudad, Carina, 30, madre de tres nenes, trabajadora doméstica. Y antes que ellas, en lo que va de 2009, el aborto inseguro mató a María Soledad Villagra, de 25 años, en Catamarca –fue el 7 de enero–, y a Soledad Mendoza, de 21 años, en Santiago del Estero, el 4 de ese mes, Y a Sofía Viviana Juárez, de 19 años, en una pequeña localidad del norte santiagueño, el 12 de enero. Y unos días antes quedó al borde de la muerte, sin útero ni ovario, una niña de 12 años en Mendoza, en el Hospital Lagomaggiore.

La lista va a continuar. En promedio, son asesinadas por el aborto inseguro alrededor de un centenar de mujeres de escasos recursos, de barrios humildes, como Ana Machuca, que tenía 28 años y una infección generalizada cuando llegó al Hospital de Reconquista. La situación extrema de enfrentar un embarazo que tampoco quería la llevó a introducirse una aguja de tejer. Ella solita. Cuando la vieron los médicos, el cuadro infeccioso era ya irreversible.

¿Cuándo va a resonar en las pantallas y los micrófonos de las radios el dolor de las madres y los hijos de estas mujeres que ya no están? Sus muertes podrían haberse evitado: con campañas de difusión masivas que informen que es un derecho acceder a anticonceptivos gratuitos en centros de salud de todo el país, con stock permanente de métodos y consejería en salitas y hospitales, con educación sexual en todas las aulas, con una política que no penalice a las mujeres que deciden abortar como último recurso, con servicios de aborto seguro y gratuito.

Está demostrado que la penalización no evita que las mujeres aborten. Lo hacen igual, con graves riesgos. De esa “inseguridad” pocos hablan. ¿Cuántas Rominas más tendrán que morir hasta que legisladores y funcionarios que deben pensar en el desarrollo de políticas sanitarias lo comprendan?