No hubo demoras ni obstáculos. Ni judicialización. Ni médicos que pretendieran mirar para otro lado frente al reclamo de un derecho. Así, en silencio, con absoluta reserva, sin escándalos ni movilizaciones de grupos fundamentalistas, ni presiones de purpurados, ni rezos en coro de monjas compungidas, se realizó en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo, de Santiago del Estero, un aborto no punible a una joven discapacitada que había sido violada. La interrupción del embarazo se consensuó donde siempre debería consensuarse una práctica médica: en un consultorio. Y no en un tribunal, como ha sucedido en los últimos años en diversos casos similares en distintas provincias. El director del Servicio de Maternidad, Martín Costas, estimó que es probable que puedan ocurrir otros casos similares. “Y en estas situaciones, dentro de lo malo de una violación, es bueno que la gente del interior sepa, una vez producido el embarazo, que no hace falta recurrir a organizaciones intermedias para interrumpirlo”, señaló.

La práctica se llevó a cabo el 21 de marzo, pero recién trascendió a nivel nacional. Merece destacarse porque implica un claro mensaje de un hospital público que está dispuesto a cumplir con la ley en un tema que suele generar resistencia entre profesionales de la salud.

El aborto fue realizado a una joven de 21 años, oriunda de la localidad de Suncho Corral, en el centro de Santiago del Estero. Según informó el diario El Litoral, la muchacha había sido declarada discapacitada mental hace cuatro años por un juzgado de Familia. Tres meses atrás fue violada. El pedido para interrumpir la gestación fue presentado por su padre. A los tres días de ser internada, se le practicó el procedimiento médico. “Cuando fue internada, nos comunicamos con el juez para constatar si existía declaración de incapacidad, si se trataba de una violación con denuncia y si había un curador responsable, porque esta situación era muy similar al caso anterior: paciente insana y embarazo por violación”, explicó Costas, en alusión a otro caso –que sí tuvo amplia cobertura en Santiago del Estero y cuyo desenlace siguió Página/12 a fines de enero–. En aquel caso, la interrupción del embarazo se demoró quince días. El reclamo de la familia de aquella muchacha fue acompañado por integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El hospital debatió la decisión en una junta médica en la que participaron asesores del Ministerio de Salud provincial.

Costas explicó que en este caso, previo a la intervención, “hicimos la valoración de la paciente y del embarazo, analizamos las posibilidades de riesgos y cuando contamos con los elementos produjimos una estimulación de casi 24 horas para que el cuello se dilate y luego efectuamos el legrado”. El médico destacó que el procedimiento resultó, desde el punto de vista médico, “sin complicaciones, con buena evolución posterior de la paciente”.

Cuando el aborto se realiza en condiciones sanitarias seguras, como ocurrió en el hospital santiagueño, con un equipo médico preparado, no hay riesgos. La vida de la mujer no corre peligro. No quedan lesiones. Otro aspecto para destacar. De ahí la importancia de que se avance con un protocolo de atención de los abortos no punibles en todo el país, para que los médicos se sientan respaldados y las mujeres que soliciten la intervención no se enfrenten a dilaciones inoportunas o prefieran recurrir a métodos precarios o al circuito de consultorios clandestinos, con los riesgos que implica.

Costas estimó que “en estas situaciones, dentro de lo malo de una violación, es bueno que la gente del interior sepa, una vez producido el embarazo, que no hace falta recurrir a organizaciones intermedias para interrumpirlo”. En el caso de la muchacha de Suncho Corral, “la paciente y los familiares estuvieron contenidos por los médicos de la maternidad y por el hospital, se pudo trabajar con tranquilidad practicando el acto médico como un acto privado, no como ocurrió antes en el que hubo mucha exposición mediática”, agregó.

No siempre los hospitales públicos han respondido como el de Santiago del Estero. Por negarse a practicar un aborto terapéutico, también no punible, a la joven Ana María Acevedo, están procesados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves culposas en concurso real” el ex director del Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, Andrés Ellena, y los jefes de los servicios de Oncología, César Blajman, y de Ginecología, Raúl Alejandro Musa-cchio. El aborto que reclamó Ana María Acevedo le hubiese permitido acceder al tratamiento contra el cáncer que la aquejaba. La muchacha murió el 17 de mayo de 2007.