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“Es un acto autoritario y discriminatorio del intendente (Gustavo) Posse, pero no es el primero.” Tolentino Domínguez, que vive en La Cava y es titular del Centro Comunitario Provivienda del barrio, es tenedor de un libro de quejas que tiene muchas hojas dedicadas al actual intendente. Domínguez revela que hace más de un año Posse intentó construir otro muro, en ese caso para “separar” a La Cava de un barrio privado que se ha levantado sobre la calle Tomkinson al 1600. “La gente de Posse anduvo tanteando el terreno para ver si podía levantar el muro, pero nosotros nos opusimos porque eso atentaba contra la construcción de viviendas en nuestro barrio. Al final, no se hizo nada, pero la intención estuvo.”

Domínguez piensa que “para Posse, los pobres son el demonio”. El barrio privado, que tiene un cerco de rejas y vigiladores contratados las 24 horas, está sobre Tomkinson y Bergallo. La primera de las calles es la que separa a la villa del barrio residencial. “El muro iba a ser levantado en la vereda de nuestro barrio, lo que nos quitaban terreno para las casas que se tienen que construir y que están paradas.” Domínguez critica a Posse porque “no nos permite ejercer el derecho a la participación y nunca nos responde cuando pedimos informes sobre problemas que nos atañen”.

“El barrio que se está construyendo se hace con fondos de la Nación, pero la intendencia se encargó de la licitación, de la preadjudicación de las obras y del control de los trabajos. Como vecinos de La Cava pedimos participación para decidir qué tipo de barrio queremos, pero nunca nos dejaron participar. Llamaron al Rotary Club, al San Isidro Club (SIC), al Centro de Comercio y a otras organizaciones que no son de La Cava.”

La construcción de las viviendas comenzó en diciembre de 2006 y ya deberían haberse entregado las 1882 casas proyectadas. “Sólo entregaron 360 y todas las viviendas tienen deficiencias.” Es común que “las paredes se rajen, que cuando llueve entre el agua, que los azulejos se partan, que no haya gas, que en algunas calles no haya luz”.

Domínguez está convencido de que Posse “no quiere pobres y por eso hizo aprobar en el Concejo Deliberante una ordenanza que dice que los adjudicatarios de las casas pueden ser desalojados si andan borrachos por la calle, si escuchan música con el volumen muy alto, si su perro muerde a alguien, si sus hijos tienen mala conducta o si son parientes de alguien con antecedentes penales. La norma es inaplicable porque es anticonstitucional, pero igual presionan a los vecinos más desvalidos porque lo que quiere la Intendencia es que los pobres nos vayamos de San Isidro”.