El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, al exponer en la Cámara de Diputados su punto de vista sobre el futuro régimen penal juvenil, sostuvo que la privación de libertad de los menores de edad debe ser “el último recurso”, a la vez que se mostró contrario a la idea de solucionar el problema bajando la edad de imputabilidad. En su exposición, Zaffaroni, quien además es titular del Departamento de Derecho Penal de la UBA, manifestó que el nuevo régimen debe “dejar sin efecto las inconstitucionalidades” del actual Código, establecido por la última dictadura militar, que hace posible que “se apliquen a los menores de entre 14 y 17 años las mismas penas que a los adultos”. Zaffaroni también se refirió a la necesidad de “dejar de criminalizar la pobreza”, en alusión a los menores que son enviados a institutos por el solo hecho de no tener contención en el seno de familias de escasos recursos.

Zaffaroni se refirió a la “confusión mediática” que se ha producido entre lo que sería “un régimen penal para menores, que otorgue derechos al imputado, y la baja de la edad de imputabilidad que tratan de imponer algunos sectores”, sin modificar la legislación de fondo.

Sostuvo que bajar la edad de imputabilidad “sería agravar la situación con otra inconstitucionalidad”, al recordar que se estaría desconociendo los pactos y convenios internacionales ratificados por Argentina. El ministro hizo su exposición ante los miembros de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. El invitado hizo alusión a un documento de su autoría, en el que propicia que se apliquen penas, para cada delito, que oscilen entre el tercio del mínimo fijado para los adultos y la mitad del máximo. La pena máxima que podría aplicarse, y que sería equivalente a la cadena perpetua para un adulto, sería de 15 años, para jóvenes de 16 y 17 años.

El miembro de la Corte justificó la aplicación de una escala penal diferente al afirmar que es necesario “prever detalladamente las consecuencias de las disposiciones de la ley, ya que pueden traer graves consecuencias”. Ante una pregunta de la diputada Vilma Ibarra, el expositor dijo que “los casos de delitos violentos cometidos por menores son excepcionales”. Al mismo tiempo, Zaffaroni resaltó que con la aplicación del nuevo régimen penal juvenil “tiene que bajar el número de niños y adolescentes institucionalizados”.

Zaffaroni insistió en que a un menor “jamás se le puede aplicar la pena de un adulto”. Recordó que “eso lo hizo la dictadura, en el año 1976, y en el ’80, y tuvo que dar marcha atrás. A un menor no se le puede imponer las penas del adulto porque tiene un grado de madurez emocional inferior”.

Por eso pidió que el futuro régimen provea al juez “de un amplio abanico de posibilidades, en el cual la privación de la libertad sea la última instancia”. También recomendó hacer una evaluación exhaustiva de la infraestructura judicial “antes de poner en práctica” el nuevo sistema.

El ministro de la Corte afirmó que “la cuestión no es la imputabilidad sino la procedibilidad, es decir, desde qué edad se lo puede someter a un proceso penal”. En ese punto, se manifestó a favor de un régimen penal juvenil porque, “aunque se lo someta desde los dos años, un proceso penal da garantías y lo primero que hay que probar en un proceso penal con todas las garantías es que el pibe haya hecho realmente lo que se le imputa”.

Sobre ese punto, recordó que Brasil “tiene la procedibilidad desde los doce años, pero la pena que puede aplicársele al niño o al adolescente no puede exceder de cinco años”. En la Argentina, en cambio, con la actual legislación “lo podemos tener privado de la libertad hasta los 21 años y sin proceso penal”. Por eso sostuvo que el actual sistema de tutela estatal, aplicable a los menores de 16 años, se ha convertido en un “régimen autoritario y arbitrario”.

Esto sucede porque cualquier menor puede quedar a disposición de un juez “en forma arbitraria hasta los 21 años y eso es altísimamente peligroso por la falta de respeto a las garantías”. Zaffaroni insistió en que hay que bajar las sanciones para los menores que cometen delitos y que hay que excluirlos de la aplicación de la prisión perpetua.