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La madre de un adolescente denunció que las autoridades de un colegio católico de Paraná la obligaron a reubicar a su hijo en otra institución luego de acusarlo de conducta “inmoral” porque llevaba en un bolsillo un preservativo. Por el momento, “no recibimos ninguna denuncia por parte de la familia danmificada. De todas maneras, estamos muy preocupados porque, de ser cierto, es una situación altamente compleja. Mientras desde el Estado se encaran campañas para preservar la salud sexual de los chicos y se los instruye para evitar embarazos no queridos o enfermedades como el sida, ocurren estas cosas”, advirtió a Página/12 Cristina Ponce, delegada del Inadi en Entre Ríos.

Roxana C., madre del estudiante de 15 años que hasta la semana pasada era alumno del Instituto del Seminario Arquidiocesano, en Paraná, dijo que su hijo se encuentra “traumatizado” tras el incidente. “Esto ocurrió hace un par de semanas y según lo que me informó la vicerrectora, un docente advirtió que mi hijo guardaba algo en el bolsillo y, cuando le exigieron que mostrara qué era, exhibió una cajita en la que suelen vender los profilácticos y tenía uno en su interior”, explicó la mujer.

Roxana sostuvo que, según el relato de los alumnos, el preservativo “se lo acababa de pasar otro chico en el aula y mi hijo lo agarró por curioso, pero como lo vieron a él, lo sancionaron”. “Realmente no me interesa el tema de que el otro pibe se lo haya pasado y lo responsabilizaron a mi chico, yo creo que lo más lamentable es que en todo momento, mientras me daban plazo de una semana para reubicarlo en otra escuela, lo tildaron de inmoral y de tener actitudes inmorales”, dijo la madre.

Según la representante del Inadi en Entre Ríos, “es la primera vez que en la provincia nos llega una información de esta gravedad”. Aunque aseguró que desde el organismo aún no se han podido “comunicar con las partes involucradas (es decir, con la familia y el colegio), hay una ley provincial (9501) de salud y educación sexual y reproductiva que debe respetarse”. En tal sentido, “todavía resta analizar minuciosamente la situación para ver si encuadra dentro de la reglamentación específica”, concluyó Ponce.