Los doce chicos que todavía permanecen en el Hogar Convivencial San José Obrero, de Chacarita, seguirán allí, por decisión de la Justicia y no por la oposición de los manifestantes que fueron movilizados, desde el viernes y hasta ayer, por la Fundación Felices los Niños que lideran el cura Julio César Grassi y el conductor televisivo Raúl Portal. La jueza Myriam Rustán de Estrada, luego de analizar un pedido en ese sentido formulado por el defensor de menores Marcelo Jalil, resolvió que los niños deben quedar a cargo del Arzobispado porteño, que fue el que hizo la denuncia inicial sobre los presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido en el hogar, en perjuicio de al menos dos niños de 8 años que estaban alojados allí. En cumplimiento de la medida, el Arzobispado debe designar un director, un subdirector y un tesorero, que se pondrán al frente del hogar, desplazando de esas funciones tanto a la Fundación, cuyos miembros tendrán prohibida la entrada al lugar, como a la intervención del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño.

En un fallo de inusual dureza, la jueza responsabilizó por el escándalo sucedido el viernes a la “obstaculización generada por particulares que (como es) público y notorio, responden a la Fundación Felices los Niños y al presbítero Julio César Grassi”. En el mismo fallo, Rustán de Estrada denunció la “deliberada desobediencia de la Policía Federal, a través del titular de la comisaría 37, comisario inspector Ricardo Raúl Pedace”, lo que habría contribuido a impedir que la medida se pudiera concretar.

Sobre los hechos del viernes, la jueza hizo hincapié en la “grave situación abusiva a la que se ha sometido a los niños”, en alusión al accionar de personas que impidieron la salida de los vehículos en los que iban a ser trasladados los chicos. La manifestación fue encabezada por Portal y por la monja Olivia Jiménez, quien estaba al frente del hogar cuando ocurrieron los abusos sexuales denunciados y fue destituida. “Los hechos son de tal gravedad que no es posible consentir la manipulación de los niños por quienes debían velar por su cuidado. Corresponde entonces acudir a una institución que posea la autoridad moral necesaria para impedir el avasallamiento sistemático de los más elementales derechos del niño”, dijo la magistrada en otro párrafo de su resolución.

La tutela de los doce niños del Hogar San José quedará en manos del obispo auxiliar Horacio Benites Astoul, de la Vicaría Episcopal de Belgrano, de quien depende el Colegio Santa Teresa de los Andes, que funciona en Charlone 753, en el mismo predio donde están el hogar y un call center montado por la Fundación. La jueza dejó constancia de que “surge el interés puesto de manifiesto por las autoridades de la escuela (Santa Teresa) ya que fueron ellas quienes pusieron en conocimiento de la autoridad eclesiástica los aberrantes hechos ocurridos dentro del hogar”.

La doctora Rustán de Estrada sostuvo que buscó una autoridad que sea “un referente genuino y desinteresado, que no ejerza actos de manipulación sobre sus personalidades en formación”. Se aclaró en el fallo que “el Arzobispado deberá ejercer la guarda hasta tanto los jueces naturales de cada uno” de los doce niños “disponga la reubicación de cada uno de ellos en un hogar que contemple sus necesidades afectivas, psicológicas y materiales”. La jueza advirtió que “conforme a los graves hechos vividos a lo largo de estos años por los menores, se encomienda especialmente al Arzobispado la atención psicológica y espiritual de los niños”. Antes de las denuncias de abuso, había en el hogar 36 chicos, entre niños y adolescentes. De ellos, 24 fueron trasladados sin que se produjeran enfrentamientos con los manifestantes de la Fundación.

Antes de dictar su fallo, la jueza se reunió con el defensor Jalil y con la vicepresidenta del Consejo, Gladys Suárez, quien se había hecho cargo de la dirección del hogar y había tenido “una actitud muy comprometida, a nivel personal, frente a la situación planteada”, según confió a Página/12 una fuente allegada al proceso que se abrió a partir de las denuncias de abuso sexual. Anoche, en el Consejo, se advertía un gran malestar por la decisión de la jueza de dejarlos afuera de la resolución del problema. Jalil, por su parte, declaró que “se mantiene la decisión de trasladar a los chicos (del hogar San José), pero se hará en su momento de manera no traumática y respetando los tiempos y las necesidades de cada uno”.

Falta saber cuál será la actitud de los manifestantes movilizados por Portal y Grassi, que ayer seguían en la puerta de acceso al hogar y que abuchearon y empujaron a una persona enviada por el obispo Benites Astoul. La asesora general tutelar de menores de la Ciudad, Laura Musa, expresó ayer su rechazo a la “grosera manipulación” que se hizo de los chicos del hogar San José y sostuvo que se hizo “en una brutal defensa de intereses que nada tienen que ver” con los derechos de los niños sino “con el juicio que se le sigue al cura Grassi (en Morón)” y “con la defensa del predio de Felices los Niños” en Charlone 753. Musa recordó que el lugar “es propiedad del Estado y deberá ser devuelto una vez que los niños sean alojados en lugares apropiados”.