Miércoles, 2 de septiembre de 2009 | Hoy
SOCIEDAD › SIETE PROCESADOS POR LA FATAL EXPLOSIóN EN LA UNIVERSIDAD DE RíO CUARTO
El hecho ocurrió en diciembre de 2007. El juez acusa por “estrago culposo agravado” a cinco ex directivos de la Universidad y a dos ejecutivos de la empresa química que proveyó el material que estalló. Fallecieron cinco investigadores y dos estudiantes.
Cinco ex directivos la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y dos ejecutivos de una empresa química fueron procesados por “estrago culposo agravado por muerte de personas”, en la causa que investiga la explosión sucedida en un laboratorio durante un ensayo con solventes, el 5 de diciembre de 2007. Contra el ex decano de la facultad Diego Moitre, quien por entonces se hallaba de licencia, se dictó falta de mérito, mientras que la acción penal contra el investigador Miguel Angel Mattea, bajo cuya responsabilidad funcionaba el laboratorio conocido como Planta Piloto, fue desestimada, habida cuenta de que falleció como resultado del incendio.
La resolución tomada por el juez Carlos Ochoa fue leída por su secretario, Martín Zemma, en los tribunales federales de Río Cuarto, durante una convocatoria realizada a la prensa. Al menos una de las familiares de las víctimas, la viuda del investigador Mattea, manifestó su disconformidad a través de su abogado, Martín Aspitia, quien sostuvo que “en la Universidad había una cultura de inseguridad y (Diego) Moitre (el ex decano) tenía su responsabilidad en esta situación”.
Los procesados por el hecho que derivó en la muerte de cinco investigadores y un estudiante son el ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería Carlos Bortis, el ex secretario de Coordinación técnica y servicios José Luis Pincini, el secretario técnico de esa facultad (y responsable del comité de seguridad) Sergio Antonelli, la directora del departamento de Química Miriam Ferrari, la vicedirectora del departamento de Química Matilde Ducros y los representantes de la empresa belga De Smet, que había provisto el hexano que provocó la explosión, Javier Boreti y Aníbal de Marco.
Al momento de la explosión, ocurrida en la mañana del 5 de diciembre de 2007, en el laboratorio había más de 20 personas. A 50 metros de ese lugar funcionaba una guardería, con 150 nenes de entre 45 días y 5 años.
“El fallo tiene 242 páginas”, por lo que el juez decidió que se informara públicamente nada más que “la parte resolutiva”, explicó Zemma a la prensa, al proceder a la lectura. Los siete responsables imputados lo fueron “en orden al delito de estrago culposo agravado por la muerte de personas”, en calidad de coautoría, “conforme a los artículos 45 y 189, segundo párrafo, del Código Penal”. Los siete procesados podrían enfrentar condenas de entre un mes y seis años de prisión. Contra Moitre, se desestimaron los cargos por estrago doloso agravado y también los de incumplimiento de funcionario público. Los motivos no fueron especificados en la lectura de la resolución. Trascendió que, en el juzgado, han dado por concluida la instrucción del caso, por lo que comenzaría ahora una nueva etapa en la causa: el juicio contra los imputados.
El anuncio, realizado en forma pública, recibió respuestas por la misma vía. Ante la televisión, y todavía sin haber llegado a conocer a fondo los fundamentos del juez Ochoa, el abogado de Moitre, Félix Nieto, especuló con que el ex decano se habría visto beneficiado por no encontrarse en funciones en la Facultad cuando sucedieron la explosión y el incendio. “Mi cliente, al momento de las explosiones, no estaba trabajando, había pedido una licencia para rendir un concurso. No estaba en actividad ni académica ni funcional”; aún más, aseguró que su cliente “desconocía lo que se hacía en la Planta Piloto y lo explicó claramente en su declaración”. La decisión dada a conocer ayer, agregó, es “de algo muy favorable, que nos hace pensar en un sobreseimiento”. Sin embargo, la resolución de Ochoa especificó puntualmente que “no existe mérito suficiente para procesar ni para sobreseer” al ex decano. Es decir que sobre él todavía pesa la investigación.
El representante de la viuda del investigador Mattea, por su parte, se mostró “sorprendido” por la decisión del juez. “He tomado conocimiento de la resolución de manera informal y espero durante la jornada de hoy la argumentación completa. De todos modos, creo que a Moitre lo habría beneficiado que no se encontraba en ese momento en la ciudad”, explicó Martín Aspitia, quien explicó claramente el motivo de la disconformidad de su clienta: “En la Universidad había una cultura de inseguridad y Moitre tenía su responsabilidad” en ello.
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