“La trata de personas es el flagelo paradigmático de la corrupción. Sin funcionarios que miren hacia otro lado a cambio de dinero, la trata no existiría. También es paradigmática en cuanto a la discriminación y violencia de género porque el 95 por ciento de las personas captadas por las redes son mujeres, niñas y adolescentes.” Las problemáticas abordadas por Monique Altschull, representante de Mujeres en Igualdad –en la apertura del primer encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organismos de Estado que luchan contra la trata de personas–, fueron la punta de lanza para avanzar en cuestiones como la necesidad de un trabajo interdisciplinario y el apoyo del Estado a políticas que permitan la reinserción de las mujeres liberadas de las redes ilegales. Las jornadas finalizaron ayer con la firma de un acuerdo para crear una red americana contra este delito, que desde las organizaciones se pidió tipificar como de lesa humanidad.

“¿Así que tenés una pibita nueva? ¿Cómo está? Bueno, guardámela que después la pruebo.” Recordando ese diálogo entre un policía y un captor de una red de trata, el padre Luis Farinello sintetizó el concepto de mujer para “usar y tirar” que se maneja en la sociedad y en la que las redes son su reflejo, durante el acto de apertura en el salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación. Entre los panelistas también estuvo presente la periodista de Página/12 Luciana Peker, quien apuntó a la necesidad de generar programas para los varones con el fin de “incluirlos en la lucha contra la trata”, partiendo de que “sin clientes no hay trata”.

La Ley Contra la Trata, sancionada en abril de 2008, es la herramienta principal con la que las organizaciones sociales y estatales cuentan para comenzar a perseguir las redes delictivas. “En cualquier caso de trata va a estar de fondo la connivencia del Poder Judicial, policial o político”, apuntó Marcelo Columbo, titular de la Ufase, un organismo dependiente de la Procuración de la Nación que se encarga de asistir a los fiscales para la aplicación de la nueva legislación. Además, la unidad judicial se encarga de aplicar resoluciones como la dictada en agosto y que insta a los Ejecutivos provinciales a detener a los responsables de las “casas de tolerancia” (generalmente reglamentadas bajo la figura de whiskerías) y allanarlas, más allá del progreso o no de la causas judiciales, por contravención a las legislaciones nacionales e internacionales que prohíben la explotación sexual. Además de la puesta en marcha de modelos de atención a las víctimas y recursos legales para lograr que los testimonios dados por las mujeres en la etapa de instrucción tengan validez a lo largo de la causa, y evitar trastornos emocionales ante las constantes citaciones a indagatoria.

El juez de Menores de Misiones César Giménez levantó los aplausos de las organizaciones sociales, pertenecientes a los 21 foros provinciales de la Red Alto al Tráfico y Trata de personas (RATT), cuando solicitó dar un paso más de la legislación actual y que el delito por trata sea considerado de lesa humanidad. “Abrazamos la propuesta del juez, porque esa tipificación brindaría las herramientas necesarias para perseguir a las redes de proxenetas conectadas en todo el mundo”, apuntó Fabiana Túñez, representante de la organización Casa del Encuentro, y recordó que en el país hay “620 mujeres desaparecidas por trata en democracia”.

Mercedes Assorati fue otra de las representantes de las OSC en las mesas de experiencias. En su intervención advirtió sobre la necesidad de un “trabajo interdisciplinario” con el Estado, que en la actualidad deja “que el trabajo de reinserción de las mujeres liberadas de las redes se maneje a pulmón por las organizaciones, sin ningún apoyo”.

El cierre de las jornadas tuvo el logro de cerrar un acuerdo para la creación de una red americana que buscará “incidir en políticas públicas de asistencia, adecuar las legislaciones a la realidad del continente e intercambiar experiencias”, explicó Viviana Caminos, vicecoordinadora de la RATT.

Informe: Nahuel Lag.