La viuda de Sebastián Forza, uno de los tres empresarios asesinados en 2008 en General Rodríguez, fue procesada ayer en una causa por medicamentos adulterados. Solange Bellone ya había sido indagada por este tema y liberada por falta de mérito, aunque ahora la Cámara Federal entendió que la acusada dio“inverosímiles explicaciones en torno del rol que desempeñaba dentro de la droguería” y estimó que los elementos en su contra son “contundentes”.

La denuncia se originó el 26 de abril de 2007, cuando Santiago Isolabella, farmacéutico de planta del Hospital Italiano, se presentó ante el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) para informar sus sospechas sobre un medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer de mama. Cuatro días después, una falsificación similar del mismo medicamento (Herceptin 440 mg) fue detectada en el Hospital Tornú por Martín Olivo, médico del servicio de oncología. Ambos remedios habían llegado a manos de los pacientes directamente desde sus obras sociales. El primero por parte del Instituto de Asistencia Social al Empleado Público, el segundo por Fedecámaras.

Desde el Iname denunciaron lo ocurrido a la Fiscalía descentralizada de Pompeya y Parque de los Patricios, especializada en el tema. El fiscal a cargo, Marcelo Munilla Lacasa, recorrió el camino del medicamento hasta toparse con droguerías fantasma que dan como dirección “terrenos baldíos”. En este punto aparecen Sebastián Forza y su mujer Solange Bellone.

La mujer era accionista y presidenta de Seacamp, de la que Forza era apoderado. Dicha droguería “operaba comercialmente bajo el nombre de fantasía Baires Med, luego cambiada su denominación a Sanfor Salud”, aseguraron en su fallo los camaristas Horacio Catanni, Martín Irurzun y Eduardo Farah. Baires Med había provisto uno de los medicamentos adulterados y habría revendido el otro a Biofar, otra farmacéutica. Cuando se hizo la inspección ninguna de las dos droguerías pudo justificar la procedencia del remedio adulterado.

“Los descargos ensayados por la imputada –refirieron los jueces– a efectos de demostrar su ajenidad con los hechos achacados resultan, a la luz de las probanzas colectadas, inatendibles, pues si bien indicó que se revisaba toda la mercadería que ingresaba y que salía de la droguería y que nunca notaron nada, las particularidades que presentaban los medicamentos, sumado a las irregularidades advertidas en torno de la documentación que ampara las compras, impiden asignarles credibilidad a sus dichos.”

De hecho, tal como surge de las inspecciones hechas por el Iname los días 16 de mayo y 8 de junio de 2007, las facturas de compras del medicamento en cuestión son apócrifas. En el fallo se mencionan tres droguerías que la pareja Bellone-Forza había señalado como proveedoras. Cuando los inspectores se dirigieron a la primera (Plaza) se encontraron con que desde hacía tres meses era una casa particular.

La siguiente (Master Medical Group) había cerrado y, según surge de la instrucción, las facturas por adquisiciones de medicamentos que dio la pareja habían sido emitidas luego del cierre de esta droguería. La tercera (Profarma), “nunca contó con habilitación para funcionar, pese a lo cual obran agregadas diversas facturas por supuesta adquisición de medicamentos, en tanto que la propia Bellone aportó copias de los supuestos remitos extendidos por la misma”.

Ramírez, el abogado defensor de Solange, aseguró ayer a Página/12 que Solange no estaba al tanto de todo lo que hacía su marido. “Ella era sólo una empleada administrativa, el que estaba en la calle todo el día y hacía los negocios era Forza. La verdad es que nos llama mucho la atención esta decisión del tribunal porque ya hubo dos jueces antes que le dictaron la falta de mérito. Parecería que este fallo es más político que judicial”, agregó.

La sala dos de la Cámara Federal porteña tomó la decisión luego de que el fiscal Munilla Lacasa apelara la decisión de Federico Salvá, quien dispuso la falta de mérito. Luego de dar vueltas por varios juzgados y de que muchos jueces se inhibieran de tomar el caso, finalmente el expediente recayó en el juzgado de Ariel Lijo quien elevó todo a la Cámara Federal, para que resolviera la situación de Bellone.

Ahora, la mujer está acusada de infringir el artículo 201 del Código Penal que castiga con la pena de prisión de 3 a 10 años a quien “venda, ponga a la venta o distribuya medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”.