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“Es imprescindible implememtar políticas públicas que potencien la articulación entre el Estado, la comunidad educativa en todos sus niveles y las organizaciones de la sociedad civil.” La frase es una de las conclusiones a las que se arribó en el VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, que se llevó a cabo el fin de semana último en San Clemente del Tuyú. El encuentro dio pie para que las autoridades locales impulsen la sanción de una ley de Educación Ambiental y promuevan el tratamiento del tema en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación, y los consejos federales de Educación y de Medio Ambiente. “Es necesario dar una batalla cultural por un modelo de desarrollo sustentable y para eso es imprescindible la educación ambiental”, dijo a Página/12 Fernando Melillo, subsecretario de Políticas Ambientales y coordinador del congreso.

Participaron del encuentro unos 3100 inscriptos, de los cuales sólo cuatrocientos concurrieron como invitados oficiales. “El resto llegó desde todos los rincones de la región, haciéndose cargo de su traslado y estadía para participar de este congreso”, relató Melillo.

El funcionario –quien trabaja en la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación– opinó que “la educación ambiental actúa como potenciadora de la educación, ya que es un elemento fácil para vincular la escuela con su entorno y tiene que ver con la formación en valores”. Rescató en ese sentido la experiencia de Brasil, que hace diez años viene planteando una estrategia de educación ambiental, y de Chile, que se sumó este año a esta iniciativa. En la Argentina, un proyecto de ley que instauraba la Educación Ambiental en los niveles primario y medio llegó a tener media sanción en Diputados, pero nunca se trató en el Senado y perdió estado parlamentario. Ahora, desde la Subsecretaría de Política Ambiental se intenta impulsar un nuevo proyecto legislativo.

En las tres conferencias, quince mesas redondas y 45 talleres participativos que se llevaron a cabo en el congreso, en los que participaron desde educadores de base hasta funcionarios públicos, pasando por los especialistas académicos y los líderes sociales, se trazaron algunas líneas de consenso. Entre ellas, que “frente a la crisis ambiental global y el cambio civilizatorio la educación ambiental tiene el desafío de fortalecerse institucionalmente como herramienta central en la batalla cultural por un modelo de desarrollo sustentable”.

Asimismo, se acordó en que “todo ello debe hacerse sin perder la frescura y originalidad, la perspectiva integradora frente al conocimiento fragmentario, la visión crítica, el reconocimiento del otro y de la realidad que nos rodea, la valoración de la diversidad y el diálogo de saberes”.

Entre los aspectos resolutivos de la Asamblea de Países se destacan dos: la elección de Chile como país sede del VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en 2012 y la designación de la Argentina a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Latinoamérica y el Caribe por la Educación Ambiental (Placea-Naciones Unidas) en el período 2010-2012.