Desde Cochabamba

Los abusos de una transnacional minera en Perú, la forestación de países empobrecidos para que las potencias industriales sigan contaminando sin remordimientos, el derretimiento del gigante Illimani o la producción de agrocombustibles son algunos de los temas que debate desde ayer en su primera sesión el Tribunal Internacional de Justicia Climática. Ayer y hoy se reúne en esta ciudad para escuchar denuncias contra gobiernos nacionales y empresas. Sus sentencias, que tendrán un alcance moral, político y ético, apuntan a generar presión para la constitución de un tribunal que efectivamente meta presos a quienes destruyen el planeta. Los ocho jurados pertenecen a organizaciones sociales y de derechos humanos de El Salvador, Perú, Chile, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Argentina e Irlanda. Entre ellos está Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

“La discusión internacional debería buscar la manera para que en 10 o 20 años la economía del planeta emita cero carbono. Pero hay empresas y países que quieren seguir emitiendo dióxido de carbono, entonces proponen pagar a otros países para que planten árboles. Queremos alertar a la población para denunciar estos delitos y llevarlos a un tribunal. Nuestro tribunal es moral, no tenemos poder para meter en la cárcel a nadie. Queremos generar la presión necesaria para que las Naciones Unidas tengan un tribunal que castigue a los responsables”, dijo a Página/12 Ricardo Navarro Pinelda, uno de los jurados y presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta).

Navarro considera que es “gangsteril” el comportamiento de varios gobiernos y empresas. Ejemplifica con el caso de El Salvador. “En mi país ha sido siempre la misma historia. Las empresas transnacionales siempre han utilizado los recursos sin importarles. Hacen hidroeléctricas y no les importa si inundan gente. Ahora tenemos problemas graves con las empresas mineras. Hay compañeros que se están oponiendo a las mineras, y a uno lo mataron. A otro le han metido ocho balazos y no lo han podido matar. A otro lo quisieron envenenar pagándole a alguien. A otros sacerdotes los han amenazado, también a los trabajadores de las radios. Esto es inconcebible y lo que nos preocupa es que tenemos un gobierno de izquierda, pero no quiere hacerles frente a estas atrocidades.”

Otros de los jurados son Miguel Palacín Quispe, de Perú, titular de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, de Chile, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri); Beverly Keene, que nació en Estados Unidos pero vive en Argentina, donde coordina Jubileo Sur; Joseph Henry Vogel, de Costa Rica, especialista en economía de la biodiversidad, y Brid Brennan, de Irlanda, investigadora del Transnational Institute.

Del lado de los denunciantes está Acción Ecológica, de Ecuador, que acusa a la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono, FACE). Esta entidad quiere establecer 150.000 hectáreas de plantaciones forestales en países “en desarrollo”, para compensar las emisiones de una nueva planta térmica de carbón que se construiría en Holanda. Por su parte, la Fundación Puente Entre Culturas denunciará a los doce gobiernos sudamericanos, a varios bancos y empresas por la realización del proyecto IIRSA (Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica), cuya finalidad es ejecutar 500 megaproyectos, como carreteras y represas.

José Oney Valencia Llanos presenta el caso del gobierno de Colombia y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de ese país porque promueven el cultivo industrial de la caña de azúcar para conseguir etanol. Según Valencia, “este modelo de producción no responde a la crisis energética, porque promueve un mayor uso de agua, de agroquímicos, de tecnología que reemplaza la mano de obra, criminaliza la protesta, desplaza comunidades y trae hambruna, enfermedades”.

José Santos Guevara denuncia al Estado de El Salvador, por “omisión de responsabilidades y por su complicidad con empresas trasnacionales en la depredación del territorio”. Por su lado, el Centro de Cultura Popular Labor acusa a la compañía minera Volcán y al Estado de Perú por la contaminación con gases y químicos a las poblaciones cercanas al Cerro de Pasco. Y el Foro Indígena de Bolivia denuncia a gran parte de la población por el pésimo manejo que hace de la basura.

La comunidad Khapi, de La Paz, y Agua Sustentable acusan a “los países incluidos en la lista del Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático”, por las vulneraciones de derechos humanos surgidas del derretimiento del glaciar del Illimani, cuyos 6400 metros lo convierten en uno de los puntos más altos de Bolivia. Del Illimani dependen los habitantes de Khapi, entre otros, ya que sus aguas riegan cultivos, también dan de beber a personas y animales.

CooperAcción responsabiliza al gobierno peruano y a la empresa metalera Doe Run Perú (DRP) por la contaminación en la región de Junín, que habría causado decenas de muertes. Por este caso, el gobierno de Perú tiene una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La sesión fue organizada por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, que reúne a las secretarías de Recursos Naturales de cinco organizaciones indígenas y campesinas. El 16 y 17 de octubre en esta ciudad se reunirán ocho presidentes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). A ellos les entregarán las sentencias del tribunal.