La disputa parlamentaria por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se terminó. El radicalismo, a través del jefe de la bancada de diputados, Oscar Aguad, afirmó que no integrará la Comisión Bicameral ni la autoridad de aplicación –que establece la ley aprobada en la madrugada del sábado por el Senado– hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre, lo que retrasaría la implementación de la nueva normativa. “No nos vamos a dejar extorsionar. Vamos a integrarla sin ellos”, replicó el jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi. La Coalición Cívica no se alineará con la propuesta de la UCR porque reconoce la “legitimidad” de la ley. Desde el macrismo insisten en que “la comisión debe estar integrada también por la oposición”, aunque no definieron aún qué actitud tomarán si la convocatoria se hace antes del recambio. En tanto, el PJ disidente evitó pronunciarse hasta que el bloque defina su posición.

“Aguad quiere ignorar la existencia de la ley. No reconoce la clara voluntad de los legisladores que quedó expresa en el debate, del que él no participó por decisión propia”, dijo Rossi a Página/12. El diputado santafesino prefirió no sumar otras frases a la nueva polémica que encendió el radicalismo.

En la mesa chica del bloque K también afirman que no se prestarán al “chantaje” y están dispuestos a avanzar con “la voluntad política” de constituir los organismos parlamentarios que prevé la nueva ley. “Si no están, quedarán sus lugares vacíos”, sentencian sobre la posible ausencia opositora.

La radical Silvana Giúdici se sumó a las apreciaciones de su jefe de bancada. “La Comisión Bicameral debe reflejar la nueva composición de la Cámara que se modificará dentro de dos meses, donde el kirchnerismo ya no será mayoría. Si no se hiciera así, sería casi fraudulento”, dijo a este diario la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Desde la UCR esgrimen el artículo 132 de la ley para justificar su postura. Allí se establece que la autoridad de aplicación durará cuatro años que no coincidirán con el mandato del Ejecutivo, por lo cual la misma entrará en vigencia dos años antes que concluya el actual gobierno. “Es decir, el 10 de diciembre de este año. ¿Para qué entonces vamos a apurar su constitución con esta conformación parlamentaria que se modificará dentro de dos meses, en la misma fecha que establece la ley?”, insistió Giúdici.

–La nueva composición parlamentaria podría modificar el orden pero no quiénes serán la primera, segunda y tercera minoría parlamentarias (FpV, UCR y PJ disidente) que conformarán la autoridad de aplicación. ¿Por qué retrasarlo entonces? –le preguntó Página/12.

–Que esperen un poco –respondió Giúdici–. Que respeten lo que ellos mismos votaron. Si no se dieron cuenta de que la ley establecía fechas es un problema de ellos, que tiene que ver con el apuro que lo hicieron.

Desde el kirchnerismo reconocen que la autoridad de aplicación entrará en vigencia después del 10 de diciembre, pero afirman que esto no impide que se den los pasos previos en manos del Congreso: la Comisión Bicameral (con ocho miembros por cada Cámara) y la designación de sus tres representantes en la autoridad de aplicación. En cambio, la convocatoria al Consejo Federal está en manos del Ejecutivo. “Para eso sólo hace falta la decisión política de llevarlo adelante”, insisten.

La CC no se plegará a la estrategia radical. “Reconocimos la legitimidad de este Parlamento para tratar el proyecto, así como la vigencia de la ley, que ha sido aprobada con un apoyo amplio. Por eso, no vemos motivo para no integrar la Comisión Bicameral”, dijo a este diario el jefe del bloque de diputados, Adrián Pérez. Igual promoverán a partir del nuevo año parlamentario modificaciones a varios artículos de la ley.

Para el PRO, la prioridad tras el recambio parlamentario será la sanción de una nueva ley, que ya redactó Federico Pinedo. “El oficialismo no puede conformar la Comisión Bicameral sin la oposición. Es una barbaridad”, dijo Pinedo, en respuesta a Rossi. Pero no fijó posición ante una convocatoria inmediata del oficialismo. “Todavía no lo hemos discutido”, se justificó.

En el PJ anti K tampoco hay una decisión tomada sobre el tema, pero no piensan tomarse demasiado tiempo para definirla. Aunque aspiran a frenar la ley y a mantener un acuerdo parlamentario con el resto de los bloques opositores, a los peronistas disidentes no les entusiasma continuar como furgón de cola de la estrategia radical.

En el oficialismo, en tanto, no están dispuestos a bajar la guardia frente a lo que consideran “trabas” opositoras. “No quieren reconocer que la ley ha sido aprobada con importante mayoría parlamentaria en las dos cámaras y sólo quieren frenarla, como vienen haciendo desde que se inició el debate.”