“Mirá, mirá, me está llamando el Fino.” Ciro Gerardo James mostraba la pantalla de su teléfono celular para jactarse, una y otra vez, de su relación con el comisario Jorge “Fino” Palacios, quien había sido su jefe en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal. Así lo relataron varios policías en el sumario de Asuntos Internos que abrió la fuerza desde que la Justicia constató que James tuvo una intervención crucial en el espionaje a Sergio Burstein, un integrante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado a la AMIA, y al empresario Carlos Avila. El expediente policial es una de varias pistas que en el juzgado de Norberto Oyarbide, que investiga las escuchas ilegales, acumulan en dirección al hombre que tuvo que renunciar a comandar la Policía Metropolitana ante el cuestionamiento de los familiares de las víctimas del ataque terrorista, entre otros. Desde un primer momento estuvo la sospecha de que las escuchas fueron ordenadas por Palacios, ya que toda la trama se destapó después de que Burstein recibiera una llamada anónima en la que le dijeron “tenés el teléfono pinchado por orden de El Fino Palacios”. De entrada, el integrante de Familiares no lo creyó, pero poco a poco la investigación no sólo demostró que tenía el teléfono pinchado, sino que además los indicios llevan hacia El Fino.

James, un abogado de 36 años, trabajó en la Policía Federal en los últimos seis años y medio y pidió la baja el 5 de agosto, cuando parecía acercarse su ingreso a la Policía Metropolitana con ayuda –según admitió en su indagatoria– del Fino Palacios. A su vez, durante el año pasado y lo que va de 2009 tuvo dos contratos como asesor en el Ministerio de Educación porteño, aunque ninguno de los funcionarios que testificaron en el expediente precisó qué era lo que James hacía exactamente. Ayer declaró la jefa de gabinete de la cartera educativa, Roxana Barroso, de quien James dependía, y dijo que “asesoraba sobre licencias, justificación de ausencias y normativa sobre ley de empleo público”, aunque no firmaba dictámenes, sino que sus recomendaciones eran “informales” (ver nota aparte). El testimonio de la funcionaria macrista aumentó en tribunales las sospechas de que los contratos –por cerca de 60 mil y 72 mil pesos respectivamente– pudieron haber servido para disfrazar el pago por servicios de espionaje.

Según presumen los investigadores, a James y a Palacios los uniría bastante más que la coincidencia de algunos meses en la Superintendencia de Investigaciones de la Federal. Ciertos indicios en ese sentido, señalan, surgirían de la pesquisa de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Federal, donde un sucesor del Fino habría dado el testimonio más comprometedor para ambos, según informaron a Página/12 allegados a la causa.

Mientras esperan con intriga una copia de ese sumario policial, en el juzgado ya ordenaron el análisis de los llamados entrantes y salientes de los tres teléfonos celulares que usaba James. Es una medida elemental para determinar con quién se contactaba antes durante y después de que el juzgado de instrucción 1 de Posadas dispusiera, en base a una pista falsa en una causa por el homicidio del contador José María Piccoli, la intervención de los teléfonos de Burstein, en agosto y septiembre, y de Avila, desde marzo por lo menos.

Misiones no es territorio ajeno para Palacios, quien armó una delegación especial para analizar movimientos en la Triple Frontera cuando era jefe de la Unidad Antiterrorista y se expandía la teoría de que en Brasil y Paraguay operaba una red de Hezbolá. En su indagatoria del viernes pasado, James dijo que sus vínculos con policías misioneros se debían al trabajo conjunto en la zona fronteriza. Según un informe preliminar con el que cuenta Oyarbide, el ex policía estuvo en la provincia decenas de veces en los últimos años. El juez le pidió a la Policía Federal que especificara las oportunidades en que fue comisionado allí y por orden de quién. En su escritorio ya tiene un listado facilitado por Migraciones que registra más de veinte salidas y entradas de James por la Triple Frontera. Sólo este año ya había pasado por allí ida y vuelta siete veces.

En la causa que comanda Oyarbide, además de James están presos los policías de Misiones Raúl Rojas, que es el jefe de Homicidios, y el oficial de Inteligencia Diego Guarda, aunque podría haber más detenciones esta semana. Reconocen que se conocen de la época en que James revistaba en la Superintendencia de Investigaciones, pero discrepan sobre cómo se originaron las pinchaduras ilegales en la causa del juzgado de Posadas. James dice que sólo actuó a modo de colaboración con sus colegas y retiraba los casettes con las escuchas de la SIDE. Los misioneros sostienen que la intervención telefónica se hizo porque James alertó acerca de que Burstein y Avila tenían vinculación con Leka Figueredo, prófugo en la causa del homicidio. Burstein hace veinte años que no va a Misiones y Avila sólo fue por turismo.

Oyarbide no tiene dudas de que todo era un armado para justificar escuchas ilegales, pero intenta desentrañar para qué y para quién se hicieron. Los jueces que firmaron las órdenes de intervención telefónica, Horacio Gallardo y José Luis Rey –a quienes se vincula con el ex gobernador Ramón Puerta– también están en la mira. Una de las principales hipótesis es que James espiaba a Burstein por pedido de Palacios, a quien le interesaba escuchar lo que hablaba con otros familiares del atentado a la AMIA, y en especial con el fiscal Alberto Nisman. Ocurre que la fecha de las pinchaduras coincide con la época en que los familiares juntaban firmas contra el nombramiento de Palacios de la Policía Metropolitana y se avecinaba su procesamiento –finalmente firmado por el juez Ariel Lijo– en el expediente sobre el encubrimiento del ataque terrorista.

Nisman se presentará hoy ante Oyarbide y pedirá ser parte del expediente. Como fiscal del caso AMIA está facultado para intervenir en causas que puedan tener alguna conexidad con esa investigación.

Todavía en este punto parece menos claro, a los ojos de quienes intervienen en la causa, para qué espiaban a Avila, aunque lo ligan a la crisis entre la AFA y su vieja empresa, Torneos y Competencias, frente a lo cual el empresario se convirtió en hombre de consulta de la Casa Rosada incluso para implementar las transmisiones abiertas de fútbol impulsadas por el Gobierno.

En un allanamiento en la casa de James la semana pasada, la Policía encontró una valija de intercepción de escuchas telefónicas con adminículos de lo más sofisticados y un analizador de líneas, un aparato que serviría para tomar imágenes a distancia. James dijo que era material didáctico que había usado para dictar clases en la federal. En tribunales no le creen, e investigan si encabezaba o integraba una agencia de espionaje.

El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, pidió que se investigara también si tienen intervenidos ilegalmente los teléfonos los legisladores porteños Eduardo Epsztein y Aníbal Ibarra. Ambos lo fueron a ver a Oyarbide después de denunciar que a Epsztein le habían advertido desde el programa de seguridad informática de la Universidad Tecnológica Nacional que podía tener la línea intervenida y que lo podían estar siguiendo con GPS. Ibarra viene señalando una “red de escuchas ilegales”. En el juzgado parecen dispuestos a averiguar si James es sólo la punta del iceberg.