Desde Tucumán

En una jornada calurosa en Tucumán, representantes de las diversas comunidades originarias marcharon para repudiar y pedir justicia por la muerte de Javier Chocobar y la agresión a balazos de Andrés y Emilio Mamaní, ocurridos el pasado 12 de octubre en la comunidad de Chuschagasta, ubicada al norte de la capital tucumana. Los acusados son un terrateniente y dos ex policías. Los pueblos originarios no estuvieron solos, acompañaron a la caravana (que unió la Casa de Gobierno, los juzgados federales y los provinciales) organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos (Andhes), entre otros. En Buenos Aires, descendientes diaguitas reclamaron frente al Obelisco.

“Basta de atropello de nuestro territorio. Que no nos enjuicien por usurpadores. Sólo queremos conservar nuestros lugares sagrados”, fueron las consignas de los diversos comuneros. Cuando llegaron al juzgado federal, muy cerca de la Casa Histórica, uno de los oradores se emocionó al recordar a Chocobar. Hubo un minuto de silencio espontáneo para respetar el llanto de los presentes.

El cacique de la comunidad de Chuschagasta, Demetrio Francisco Balderrama, dijo a Página/12 que las presiones para que dejen sus tierras vienen desde 1959 y aseguró que quienes los intimidan no sólo son personas del sector privado, sino también funcionarios provinciales.

“Recibimos amenazas constantes, inclusive de funcionarios que pretenden quedarse con lo que tenemos. Hay permanentes amenazas en contra de nosotros y de gente anciana para que se retiren de sus lugares”, denunció. Según el cacique, se les prometen títulos de propiedad que nunca llegan.

Los detenidos acusados por las agresiones y la muerte de Chocobar son el terrateniente Darío Amín, que tiene una causa por usurpación de tierras indígenas, y los ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez. En la marcha hubo indignación con los funcionarios del Ministerio de Seguridad, porque los ex policías dados de baja habrían recibido el trato de un efectivo en actividad.

“La comunidad está quebrada, moral y psicológicamente, por todo lo que pasó. Nunca esperamos que reaccionaran de esta manera”, dijo Balderrama. El cacique aseveró que Amín pretende quedarse con 4080 hectáreas, donde no sólo se encuentra la comunidad de Chuschagasta, en la que viven más de 2300 personas, sino que también hay canteras de piedra laja.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel le envió al gobernador José Alperovich una carta en la que pide una investigación. “Ultimamente hemos tomado conocimiento de dos desalojos con la violencia que ello implica para quienes se hayan asentados desde hace tiempo en esas tierras, y ahora se denuncia el asesinato del comunero Javier Chocobar. Resulta inconcebible que en nuestro país todavía tengan lugar este tipo de hechos”, dice la misiva.

En Buenos Aires, los diputados nacionales Silvia Vázquez y Claudio Morgado presentaron ayer en la Cámara baja un proyecto de declaración donde exigen “el fiel cumplimiento de la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originaria del país”, además de reclamar “una profunda investigación” sobre los hechos “vandálicos” contra los pueblos originarios que calificaron como “una clara discriminación étnica”.