El policía acusado del homicidio de dos jóvenes en Villa Lugano, en julio último, fue sobreseído por la Justicia con el argumento de que actuó en “legítima defensa” y sus familiares apelaron la medida ante la Cámara del Crimen al sostener que las víctimas “no estaban armadas” y “no hubo un enfrentamiento”, como argumentó el policía. El caso se conoció en septiembre último, cuando las familias, dos meses después del hecho, recuperaron los cuerpos de los dos jóvenes: uno estaba en la Morgue Judicial y el otro había sido sepultado en el cementerio de la Chacarita, como no identificado.

Los familiares de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco accedieron el lunes pasado a la primera audiencia ante el tribunal de apelaciones, en el que se presentaron para pedir que se les permita constituirse como querellantes y que se revea la resolución que sobreseyó al imputado, el agente Daniel Santiago Veigas, de la División de Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas. La solicitud fue aceptada por la Cámara.

El reclamo se originó porque los familiares recién pudieron acceder al expediente el 27 de septiembre último, el mismo día en que el policía acusado de los asesinatos fue sobreseído, por lo cual no tuvieron oportunidad de presentar pruebas o argumentos. “El juez dictó el sobreseimiento sin escuchar al imputado, que declaró por escrito, ni a los damnificados, dos familias humildes a las que claramente se les negó el acceso a la justicia”, afirmó su abogado, Juan Manuel Combi.

El juez Facundo Cubas denegó la solicitud de los familiares para ser querellantes con el argumento de que sólo pueden constituirse al solo efecto de apelar. “Nos estuvo burlando, porque no hubo otro momento en la causa en que nos permitiera constituir la querella, por lo cual decimos que se están cercenando los derechos de las víctimas”, dijo Combi a Página/12.

Jonathan, alias “Kiki”, de 17 años, y Ezequiel, de 25, desaparecieron de sus casas de Villa Lugano el 8 de julio pasado. No se supo más nada de ellos hasta que el 14 de septiembre el juzgado 49 “avisó a sus familias del deceso de dos personas implicadas en una causa caratulada como NN robo de automotor”, por lo que debieron ir a identificar si los cuerpos correspondían a los jóvenes, relató Combi. Durante lo poco más de dos meses que estuvieron desaparecidos los familiares rastrearon en hospitales, morgues, comisarías y acudieron a distintas organizaciones sociales para obtener algún dato sobre su paradero. Pero en ningún lugar recibieron respuestas.

Tal como informó Página/12 en septiembre, el cuerpo de Ezequiel fue encontrado en la Morgue Judicial, mientras que el de Jonathan había sido enviado al cementerio de la Chacarita sin identificación. Sin embargo, la familia informó que en el juzgado de Cubas conocían su identidad porque en el expediente constaban sus datos.

El policía Veigas fue sobreseído porque el juez consideró que actuó en “legítima defensa” cuando los jóvenes, presuntamente armados, intentaban robar un auto. “Pero el enfrentamiento nunca existió. En la escena del crimen no se encontró otra bala que no sea la del policía”, aseveró Combi. Además, “el policía dice haber hecho dos disparos, pero en total fueron tres” los orificios encontrados en los cuerpos. El abogado denunció que el policía “no fue indagado, sino que prestó declaración a través de un escrito”.

Unos meses antes de que Jonathan desapareciera, su familia recibió “una advertencia” desde la comisaría 52ª: “Tengan cuidado, que a Kiki le puede pasar algo”, recuerda la madre del joven, Angélica Urquiza. Además, denunció que un día antes de la desaparición, Kiki recibió la amenaza de uno de los efectivos de la misma seccional: “Yo voy a ser tu sombra”, le dijo. Las amenazas son los motivos por los que el abogado acusa no sólo a Veigas, sino “a todo el personal de la comisaría 52ª”. Incluso, analiza “la posibilidad de que los jóvenes hayan sido inducidos a cometer un delito para luego culparlos y simular un enfrentamiento”.

Informe: Rocío Ilama.