La Legislatura porteña terminó de aprobar ayer a la madrugada la Ley de Presupuesto 2010, prácticamente el mismo proyecto que había enviado Mauricio Macri y que prevé gastos por 17.457.800 pesos, un 4,19 por ciento más que el ejercicio actual. El oficialismo logró 39 votos –sumó a los propios los del Bloque Peronista– mientras que 12 legisladores se abstuvieron (entre ellos, los de Coalición Cívica) y 7 votaron en contra (ibarristas, Proyecto Sur y Nueva Izquierda). El cálculo de gastos aprobado prevé un fuerte recorte en obras públicas y aumentos para el “gasto social” (que suma a los sectores salud, educación y desarrollo social), seguridad (especialmente la Policía Metropolitana) y transporte. No se contemplan aumentos salariales para los empleados del gobierno de la ciudad.

Según la iniciativa, el gobierno porteño destinará el 66,5 por ciento del presupuesto a servicios de salud, educación y asistencia social. Sin embargo, legisladores de la oposición advirtieron que en los anteriores ejercicios también se preveía una distribución similar que luego terminó destinándose a otras áreas. “Desde 2008, Macri deriva dinero previsto para obras de infraestructura escolar a la reparación de veredas”, dijo Aníbal Ibarra, del bloque Diálogo por Buenos Aires.

El presupuesto para obras públicas cae de 1027 a 766 millones, mientras que el de seguridad aumenta de 685 a 720 millones.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, cuestionó la iniciativa porque contempla “una inflación anual de 6,5 por ciento, que es una mentira”, por lo que estimó que “es evidente que a mitad de año el Ejecutivo va a necesitar una ampliación presupuestaria”.

La iniciativa aprobada no contempla aumentos en los impuestos de ABL o Patentes, pero sí establece algunas modificaciones, como el aumento en la alícuota del Impuesto a los Sellos para las entidades bancarias, que pasará de 0,8 a 1 por ciento. También dispone un tributo a la compraventa de automóviles usados del 0,8 por ciento, con el fin de evitar la evasión del Impuesto a los Ingresos Brutos que se aplica hoy en esas operaciones.

El diputado Martín Hourest (Igualdad Social/Proyecto Sur) calificó al Presupuesto de “reaccionario” porque “no impone gravámenes a las actividades especulativas, como la transacción de acciones”. “Gravarlas permitiría recaudar más de 1800 millones de pesos, y esos recursos ayudarían a revertir el proceso de retirada del Estado que propone el macrismo, aumentar los salarios de los trabajadores y financiar la recuperación de infraestructura social, en escuelas, hospitales y urbanización de villas”. Hourest, junto con el ibarrista Eduardo Epszteyn, había presentado en ese sentido un proyecto de reforma tributaria, que no fue considerado.

El legislador del bloque Espacio Plural, Gonzalo Ruanova, opinó que el gobierno porteño “una vez más prioriza la distribución de recursos para las obras de embellecimiento por encima del mantenimiento y de las obras imprescindibles para la red hospitalaria y el sistema educativo”. En tanto, Patricia Walsh (Nueva Izquierda) criticó la “sobreejecución del presupuesto en mantenimiento de la vía pública y la subejecución de otras partidas”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alvaro González (PRO), destacó que la ley aprobada “cubre y refuerza las demandas de asistencia social directa con el objetivo de ampliar la cobertura en salud y educación; provee de mayor seguridad a los porteños, a través de la Policía Metropolitana, y promueve la movilidad sustentable”, a través de la implementación del autobús rápido articulado sobre la avenida Juan B. Justo, prevista para el año próximo.