Fernando Araldi Oesterheld podrá cumplir su sueño de volver a ver por dentro la casa de San Miguel de Tucumán donde vivió con sus padres, Diana y Raúl, ambos desaparecidos. Después de una larga batalla judicial logró que la Justicia desalojara a una ex policía que se había instalado en la vivienda en plena dictadura gracias a su amante, el entonces jefe de inteligencia de la policía provincial, Roberto “el Tuerto” Albornoz, acusado de la desaparición de la pareja. La mujer, María Elena Guerra, estará en el banquillo en febrero, acusada de usurpación, en el mismo juicio oral en el que serán juzgados Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y el propio Albornoz por los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionaba en la Jefatura de Policía.

La casa está escondida detrás de un tapial de ladrillos pintado de rojo, en la calle Frías Silva, en la capital tucumana. Fernando, de 34 años, sabe que vivió allí cuando tenía sólo un año. Guarda una foto donde está en brazos de su mamá, en la puerta. Tiene la fecha impresa: julio de 1976. Debe haber sido sacada unos días antes de que ella fuera secuestrada, ese mismo mes. Diana Oesterheld, hija del escritor y guionista Héctor Oesterheld –creador de El Eternauta– además estaba embarazada cuando se la llevaron de la vivienda, que por entonces no tenía delante ese muro que hasta ahora la mantuvo oculta.

Fernando también fue secuestrado y al mes siguiente fue entregado a la Casa Cuna como “NN”. En los libros de la entidad se registró que lo había llevado alguien de la “Jefatura de Policía”, lo que se convirtió en una prueba clave de la privación ilegal de la libertad del chico y su madre. Sus abuelos paternos lograron encontrarlo. Hubo sobrevivientes que aquel agosto vieron a Diana en la jefatura policial, que tenía a Albornoz entre sus jefes. A su marido, Raúl Araldi, lo asesinaron en 1977. Un compañero suyo de Montoneros vio su cadáver en el mismo centro de detención.

El 16 de febrero comenzará en Tucumán el juicio oral sobre trece casos de secuestros y desapariciones ligados al centro clandestino conocido como Jefatura de Policía. Están incluidos la desaparición de los padres de Fernando y su propio secuestro. Los principales acusados serán los represores Bussi, Menéndez, Albornoz –conocido como “el Etchecolatz tucumano”, hoy con arresto domiciliario– y otros jefes policiales. Pero también se juzgará la “usurpación” de la casa de la pareja Araldi-Oesterheld por parte de María Elena Guerra, que fue calificada por el fiscal Emilio Ferrer y la Cámara Federal tucumana como crimen de lesa humanidad. En el mismo juicio se acusará a otro hombre de la inteligencia policial, Luis Armando Cándido, por la usurpación de la casa de los desaparecidos Rolando Coronel y su hija Marta. Será todo un hito en una provincia donde la apropiación de bienes en la dictadura fue una práctica extendida y cuyo esclarecimiento fue resistido.

Fernando supo la historia de su casa después de muchos años, por el relato de gente que había conocido a sus padres en Tucumán, adonde se habían ido a vivir en diciembre de 1975. Entre ellos era vox populi que la ex policía Guerra, amante del Tuerto Albornoz, vivía allí desde un tiempo después de la desaparición de la pareja.

En 2004 Fernando viajó a Tucumán y se terminó de convencer de recurrir a la Justicia. “No era por la casa en sí ni por su valor económico, sino por una cuestión simbólica. Además, siempre tuve la ilusión de que todo podía servir para conocer qué pasó con mi mamá y con el bebé que esperaba, aunque por aho- ra, sé poco y nada”, explicó a Página/12. Incluso, aclaró, la vivienda nunca llegó a estar a nombre de sus padres, ya que en la época de la desaparición estaban en pleno papeleo para comprársela al dueño anterior, Onésico Marini. El hijo de Marini, Julio César, que era un adolescente en los ’70, se convirtió en un testigo clave y también pidió ser querellante. Testificó que recordaba que en 1976 un camión de la policía se llevó las pertenencias de la familia Araldi-Oesterheld. A Albornoz, dijo, se lo veía seguido por ahí. Guerra se quedó a vivir. Un pedido de ella para que después de veinte años se la reconociera como propietaria por haber sido una ocupante pacífica que pagó impuestos se le volvió un boomerang.

El abogado de Fernando, Daniel Mendivil, cuenta que la primera orden de restitución del inmueble y desalojo de Guerra data de mediados del año pasado. La firmó la Cámara tucumana, pero el juez federal se resistía a ejecutarla. Hasta la Cámara de Casación Penal convalidó la medida, que se hizo realidad en octubre con un nuevo fallo del tribunal de alzada. Guerra, que difícilmente vaya presa, enfrentará un nuevo juicio por “daño agravado”, ya que se constató que destrozó el sistema eléctrico antes de verse obligada a devolver la casa. Para Fernando hay una gran cuota de satisfacción, una parte de su historia recuperada.