La jueza Gabriela Seijas, quien había autorizado el por ahora frustrado casamiento entre Alex Freyre y José María Di Bello, ordenó una investigación sobre los funcionarios del Registro Civil porteño que se negaron a celebrar el enlace. De acuerdo con la orden de la magistrada, se deberá determinar la posible comisión de un delito penal por parte de quienes incumplieron con su fallo. Además, Seijas dispuso que la Justicia penal también analice si incurrieron en delitos los jueces civiles nacionales que frenaron el casamiento con sus fallos. Por otra parte, ayer a las 11 de la mañana, tal como estaba previsto, César Cigliutti y Marcelo Suntheim iniciaron los trámites para que el Estado argentino reconozca su situación jurídica de matrimonio, de la que gozan desde que, en enero del año pasado, se casaron en España.

La disposición de Seijas fue, en realidad, la respuesta a un pedido presentado por Freyre y Di Bello, la pareja a quien ella misma había autorizado a casarse. La sentencia que había autorizado el casamiento finalmente no realizado el 1º de diciembre, argumentó la jueza, “se encuentra firme y consentida (habida cuenta de que no fue apelada por el gobierno porteño), y no ha sido cumplida por las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, en referencia a los funcionarios del Registro Civil de Barrio Norte. Por ello procedió a enviar la causa a la Justicia penal “a fin de que tome la intervención que considere oportuna ante la posible comisión de un delito por parte de tales autoridades”.

En el escrito, la magistrada del fuero Contencioso Administrativo y Tributario añadió nombres a la lista de inminentes investigados. “Corresponde –indica– solicitar al señor juez competente en materia penal que, de considerarlo pertinente, tenga a bien ordenar las medidas que considere oportunas para evaluar si la conducta de la Dra. Gómez Alsina (del Juzgado 82) y de los doctores Fernando M. Racimo, Juan Carlos G. Dupuis, Mario P. Calatayud (integrantes de la Sala E de la Cámara de Apelaciones) pueden ser consideradas instigadoras de la conducta renuente de las autoridades del gobierno de la ciudad.” No todo lo solicitado por Freyre y Di Bello, sin embargo, fue concedido: Seijas rehusó aplicar multas económicas a Mauricio Macri y a Alejandro Lanusse, titular del Registro Civil, por considerar que “no parece una medida eficaz para vencer la resistencia de la parte demandada”, en referencia a que, a su turno, Gómez Alsina había amenazado con lo mismo si la pareja era casada.

En tanto, el presidente de la CHA y su marido presentaron su pedido ante la jueza María Rosa Bosio, del Juzgado Nacional 92. El objetivo, indicó Cigliutti, es lograr el reconocimiento del matrimonio “sin pasar por la indignidad de depender de que un juez diga que sí y otro que no”.