“Como otros países de la región, la Argentina debería revisar muy bien cómo reacciona frente a los crímenes que se cometen contra las mujeres por ser mujeres”, advirtió la prestigiosa jurista chilena Cecilia Medina Quiroga, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un reportaje con Página/12, en el que analizó los alcances del histórico fallo que condenó recientemente al Estado mexicano por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

No le interesa disimular sus canas. Se resiste un poco a dar la entrevista pero finalmente acepta: hace apenas unas horas se publicó en la página web de la CIDH el fallo completo sobre el caso de “Campo Algodonero”, en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde fueron encontrados en una fosa común los cadáveres de Claudia Ivette González, de 20 años, Laura Berenice Ramos, de 17 y Esmeralda Herrera, de 15, junto a otros cinco cuerpos femeninos, todos con signos de violación y otras torturas. El tribunal internacional investigó la actuación del Estado mexicano frente a las muertes de las tres jovencitas, dos de ellas adolescentes. La sentencia que acaba de dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, es histórica. “Es el primer fallo de un caso de un homicidio de mujeres por razones de género”, destacó Medina, profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Además tiene otras particularidades: el tribunal consideró que el Estado tiene responsabilidad frente a los homicidios a pesar de que no se probó que hayan sido cometidos por agentes estatales. México fue condenado por no garantizar la seguridad de las mujeres frente a un patrón de violencia que, se probó, existía en Ciudad Juárez. Es decir, frente a una situación de riesgo, el Estado debió actuar para evitar los asesinatos.

Según denuncian organizaciones de mujeres y de DD.HH., el patrón de violencia de género persiste en Ciudad Juárez. Más de quinientas mujeres, en su mayoría de 15 a 25 años, migrantes y pobres, muchas golpeadas o víctimas de violencia sexual, habrían sido asesinadas en los últimos 15 años. La respuesta de las autoridades mexicanas ante estos homicidios ha sido notablemente deficiente: una amplia porción de las muertes sigue impune.

Medina estuvo en Buenos Aires para participar en un seminario organizado en el Palacio San Martín con motivo de la celebración de los 30 años de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida por su sigla en inglés, Cedaw), el tratado más importante en materia de derechos humanos de las mujeres.

–¿Cuáles son los puntos más destacables del fallo?

–La Corte hace un largo razonamiento sobre su competencia para aplicar la Convención de Belém do Pará, que fue una de las objeciones preliminares del Estado mexicano. Este aspecto lo considero muy importante porque es un precedente bastante sólido sobre las obligaciones de la Corte y sirve para el futuro, no sólo para esta causa. Habíamos aplicado una vez la Convención de Belém do Pará en el fallo “Castro-Castro”, un caso en el que se produjo una verdadera masacre en un pabellón carcelario de mujeres en el Perú. En aquella sentencia se consideró que hubo una violación a la Convención de Belem do Pará pero no se argumentó por qué la aplicábamos. En el caso de “Campo Algodonero”, la Corte hace un estudio sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, y le dice al Estado, entre otras cosas, que por lo menos en 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos le había advertido en un documento oficial que había un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, jóvenes y pobres, generalmente de las maquiladoras, y que había que hacer algo. Y el Estado no reaccionó. Después cuando ocurren las desapariciones de las dos niñas y una joven, tampoco surge que el Estado haya reaccionado de inmediato para empezar a buscarlas, aunque había existido un patrón de desaparición y luego violación, tortura y muerte. El Estado realmente admite que hay una situación cultural en México en la que se menosprecia a las mujeres. Y esto el Estado lo sabía. Era obvio que primero tenía que empezar a implementar políticas públicas para modificar ese machismo que existía en México y que estaba resultando en este tipo de consecuencias. Una vez que desaparecieron las jovencitas tampoco hicieron nada para buscarlas. El Estado admite que la respuesta judicial fue ineficiente. En la sentencia están las evidencias.

–¿Se minimizaba el problema?

–Exacto. Pasaba lo que pasa en todos nuestros países. Lo que las madres contaron en el juicio es que cuando iban a denunciar: “Miren que mi hija o que sus hijas no habían vuelto esa noche, les decían: ‘Se fue con el novio’ o ‘A lo mejor se drogó’”. Y que no podían hacer nada antes de las 72 horas. Y al parecer el Estado mexicano no hizo mayor cosa durante mucho tiempo y finalmente se encontraron los cadáveres de las niñas en un estado bastante deteriorado, pero en los que se advertía signos de la violencia sexual: la parte de arriba desnuda, algunas tenían ciertos órganos anatómicos mutilados, destrozados.

–La académica y ex diputada mexicana Marcela Lagarde sostiene que lo que sucede en Ciudad Juárez no es muy distinto de lo que ocurre en otros lugares de Latinoamérica. ¿Usted qué opina?

–En el fallo no hacemos comparaciones porque nos abocamos al caso de “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez. Pero en mi opinión personal, es algo que pasa en muchos otros países. Pero hay que tener en cuenta que es un lugar cerca de la frontera donde confluyen maquiladoras, y narcotraficantes, es decir, se juntan una cantidad de factores para que la violencia sea algo normal y no cause revuelo. El problema es que no causa revuelo a la Justicia, a los policías. La Corte no decide quiénes son los culpables de los asesinatos. Lo que dice es que el Estado no cumplió cabalmente con su obligación de garantizar la seguridad de las mujeres. Tampoco se probó en el caso que los autores de los crímenes hubieran sido agentes del Estado. No se sabe quiénes son. Está todavía investigándose.

–¿Qué impacto tendrá el fallo en otros países de Latinoamérica?

–El sentido de una sentencia es que siente jurisprudencia para otros países también. Es lo que hizo por muchos años la Corte Europea. Cada vez que dictaba un fallo, los demás países veían si tenían una situación similar y trataban de arreglarla porque si no le llegaban quinientos casos a la Comisión Europea en esa época. Estoy hablando de cuando empezó el sistema. Los Estados tenían esa preocupación. En nuestro continente hay países, la Argentina, cuya Corte Suprema dice claramente lo que dice la Convención, pero que los estados habitualmente no aplican: todas las sentencias dirigidas contra el Estado argentino son obligatorias para Argentina. Pero junto con eso se preocupa de ver estándares. En Colombia sucede lo mismo. En la Corte tenemos la esperanza de que esta tendencia se asiente y para ello es necesaria la ayuda de las personas, que exijan el cumplimiento, en este caso de Juárez, exijan lo que ordenó la Corte.

–¿Qué alcance puede tener en la Argentina la sentencia?

–Como en cualquiera de los otros países, Argentina debería revisar muy bien cómo reacciona frente a los crímenes contra las mujeres por ser mujer, como la violación, la violación en el matrimonio. El problema de la Argentina es que como es un país federal es bastante desigual la situación en las distintas provincias. En el fallo hay una lista de medidas para seguir.

–¿Por qué la Corte no afirma que se trató de feminicidios?

–Lo que dice es que para algunos los casos constituirían feminicidios. Difícilmente la Corte pueda tomar esa palabra porque en la academia y en el activismo tiene muchas definiciones y entonces no estaría bien que adhiriera a alguna de ellas.