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A partir del año próximo, los cartoneros que trabajan en territorio porteño podrán operar hasta en un 33 por ciento de la superficie de la ciudad. Así se desprende del los pliegos de licitación del servicio de recolección de residuos para la ciudad de Buenos Aires, que entrará en vigencia en junio de 2003. Esta es una de las características novedosas del nuevo proceso licitatorio que comenzará esta semana, cuando el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, firme el decreto que convoca a una audiencia pública para discutir los alcances de la licitación más importante de la ciudad: hoy, el servicio de higiene urbana representa un gasto de 120 millones de pesos anuales. Los nuevos contratos también le dan un papel destacado a la recuperación de residuos para su reciclado: cada una de las cinco empresas concesionarias deberá instalar en su zona una Planta de Separación y Revalorización de Residuos, donde se clasificará la basura para reciclar, como el papel, el vidrio o el plástico. “El objetivo es minimizar la cantidad de residuos que se entierran, tanto para reducir el daño ambiental como para disminuir lo que gasta la ciudad en deshacerse de su basura”, explicó a Página/12 el secretario de Medio Ambiente, Eduardo Epszteyn.
El actual contrato de recolección está vigente desde enero de 1998. Renovado por un año tras su vencimiento a principios de 2002, el gobierno porteño tendría la posibilidad de extenderlo un año más. Pero la prórroga será de 180 días, sólo hasta que termine el nuevo proceso licitatorio. Los nuevos pliegos, redactados por el equipo de Epszteyn, están siendo estudiados por la Procuración de la Ciudad, y esta semana llegarán al escritorio de Ibarra, que firmará el decreto para convocar a una audiencia pública.
“Aunque la duración de los contratos no lo requieren, el jefe de gobierno quiere que todos los interesados puedan debatir sobre este contrato tan importante, desde los legisladores hasta los vecinos”, dijo Epszteyn a este diario.
Esta vez, la ciudad se dividirá en seis zonas en lugar de cinco, como ocurre en la actualidad. Una de las áreas será gestionada por el personal municipal dependiente de la Dirección de Higiene Urbana, mientras que las otras cinco serán administradas por empresas privadas. La nueva geografía está organizada por grupos de Centros de Gestión y Participación (CGP), organismos que permitirán la participación vecinal en el control del servicio de limpieza y recolección. La duración de los contratos será de 54 meses para las zonas 1 y 2 (que comprenden las áreas centrales) y de 48 meses para las otras tres zonas.
Los pliegos contemplan la incorporación de los recuperadores de residuos —como se denomina a los cartoneros— en hasta el 33 por ciento de cada área. “Las empresas deben ofertar por toda la zona, pero el gobierno se reserva el derecho de otorgar, en cualquier momento, hasta la tercera parte del área a los recuperadores. Y en cualquier momento le puede devolver esa fracción a la empresa, o una parte de ella”, explicó Epszteyn. Con este mecanismo se apunta a compatibilizar el servicio con la actividad de los cartoneros, que puede incrementarse o menguar de acuerdo con el precio del cartón y el nivel de empleo del país, entre otros factores.
Otra diferencia con la actual modalidad es que el servicio no se pagará por tonelada de basura recolectada. En cambio, las empresas cobrarán por mantener limpia su área de competencia y serán penalizadas con multas, si no cumplen con el standard mínimo acordado. La fiscalización estará a cargo de la Dirección General de Higiene Urbana o de una empresa privada —aún no está definido— y se trabaja en la redacción de un manual de procedimientos para la inspección. Lo que sí se sabe es que para elcontrol se implementará un sistema de auditorías sociales, que estará a cargo de comisiones de vecinos que funcionarán en los CGP.
También serán mayores las obligaciones de las empresas: no sólo se ocuparán de la recolección de residuos y el barrido de las calles sino de la limpieza de los espacios verdes. Hoy ese servicio es prestado por empresas concesionadas –diferentes de las que hacen la recolección de residuos—, que tienen los contratos prorrogados, y por personal de la Dirección de Espacios Verdes de la ciudad. Esto resolvería conflictos de competencias, como la limpieza de las veredas de los parques, que no está claro por quién deben ser limpiadas.
Cada empresa concesionarias deberán montar una planta para la separación y revalorización de los residuos. “Allí van a llegar los residuos previamente seleccionados en cada domicilio, en bolsas separadas, como cartones, plásticos o vidrio, y en ese lugar se los va a clasificar”, explicó la directora de Higiene Urbana, Gabriela Faustinelli.
Para que esto sea efectivo, las empresas deberán implementar campañas de difusión para la selección domiciliaria de residuos. “Esto forma parte del plan de relaciones con la comunidad que debe tener cada empresa, que incluye además la difusión de los horarios de recolección, las normas del sistema y las sanciones, el respeto al uso de equipamiento, e instrucciones para un manejo sustentable de los residuos”, agregó Faustinelli. De esas tareas, hasta hoy, se ocupa el Gobierno de la Ciudad.
El nuevo sistema le otorga un lugar importante a los recuperadores informales de residuos, los llamados cartoneros. Aunque no está escrito en los pliegos, el sistema está pensado para que los cirujas puedan ejercer su trabajo, aunque el gobierno pretende que lo hagan de manera organizada. En ese aspecto entra a tallar una ley sancionada en general esta semana por la Legislatura, que obliga al gobierno a crear un registro de recuperadores y de cooperativas y asociaciones de cartoneros. Una vez que los registros estén confeccionados, será posible asignarles zonas a las organizaciones de cirujas y, además, propiciar políticas de salubridad para esa actividad: que trabajen con guantes y uniformes, que estén vacunados y que los menores están protegidos.
La audiencia pública se realizará 45 días hábiles después de la convocatoria. Según se estima, podría celebrarse a fines de enero o principios de febrero. Luego se harán los cambios necesarios, a partir de las propuestas realizadas. Desde entonces, transcurrirán unos cinco meses hasta que momento de la adjudicación, cuando el nuevo sistema se ponga en marcha.