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La semana pasada el Senador Eduardo Duhalde recibió en Olivos a Luiz Inácio da Silva y proclamó al Mercosur como el proyecto estratégico de la Argentina. De aquí Lula
siguió viaje a Chile, donde reiteró que sólo unida América Latina podrá negociar con Estados Unidos que el Area de Libre Comercio (ALCA) sea un instrumento de integración y no de anexión. Esta semana se lo dirá en la cara a George W. Bush en el despacho oval de la Casa Blanca. El jueves, Duhalde viajó a Brasilia para el encuentro ampliado del Mercosur y la Comunidad Andina, que dentro de un año formarán una zona de libre comercio. Allí también abundaron las promesas de hermandad sin fisuras. Pero entre un encuentro y otro, Duhalde firmó un proyecto de ley por el cual se autoriza el ingreso de tropas especiales de los Estados Unidos a la provincia de Misiones. Con el pretexto de capacitar a la Gendarmería argentina los Boinas Verdes del Comando Sur del Ejército estadounidense tomarán posiciones en la frontera argentina con Brasil, en cuanto Lula se mude al Palacio de Planalto. Esta puñalada por la espalda del socio estratégico consta en un texto que demuestra el desprecio del senador Duhalde por el Congreso que hace once meses le encomendó las Relaciones Exteriores y la Defensa de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El proyecto de ley también pide autorización para que los Boinas Verdes ingresen al territorio de Salta, a partir del 15 de octubre de este año. Pero ese texto llegó al Congreso el 2 de diciembre, un mes y medio después del ingreso de las tropas. Misiones es una cuña argentina dentro del territorio brasileño y también linda con el Paraguay.
El engaño
En junio de este año el jefe de la misión militar norteamericana en la Argentina, teniente coronel Joseph Myers, se comunicó en forma directa con su contacto en la Gendarmería, comandante general Enrique Della Gaspera y lo invitó a participar en dos ejercicios con las fuerzas especiales del Comando Sur. El objetivo declarado era la capacitación de los gendarmes argentinos en tácticas, técnicas y procedimientos antidroga, toma de decisiones militares, análisis de inteligencia contra el narcotráfico y entrenamiento sobre derechos humanos (sic). El teniente coronel Myers planteó que un operativo se realizaría en octubre en Salta y el otro a partir de abril de 2003, en Misiones. La Gendarmería comunicó la invitación a la Secretaría de Seguridad y a la Cancillería. El entonces jefe de la Gendarmería, comandante general Hugo Miranda, explicó que el entrenamiento estaba contemplado en el Acuerdo de Cooperación contra el consumo, producción y comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que la Argentina y los Estados Unidos firmaron en los peores momentos de 1989, cuando agonizaba el gobierno de Raúl Alfonsín, acababa de ser electo Carlos Menem y la atención pública estaba distraída en la dramática coyuntura de la primera hiperinflación y los saqueos. Miranda sostuvo que la Gendarmería estaba muy interesada en el entrenamiento. Juan José Alvarez no formuló objeciones y envió el proyecto de ley a la Jefatura de Gabinete de ministros.
Con la Cancillería se comunicó el propio gendarme que había recibido la invitación. Della Gaspera dejó constancia de que hasta ese momento se habían realizado ejercicios de planeamiento con los Estados Unidos, pero nunca uno de entrenamiento con tropas norteamericanas dentro del país. La Consejería Legal de Cancillería opinó que ni el Acuerdo de 1989, ni las notas y memos de entendimiento firmados desde entonces contemplaban el ingreso de tropas de los Estados Unidos para ejercicios de entrenamiento. Como ese tipo de ejercicios se realiza con periodicidad y frecuencia crecientes, el año pasado la Cancillería comenzó a elaborar junto con el ministerio de Defensa una ley marco que regularía el ingreso de tropas extranjeras y la salida de tropas argentinas. Según el Consejero Legal de la Cancillería Eugenio Curia, mientras no se sancione tal ley marco, el acuerdo por canje de notas no es el marco legal adecuado “aun cuando haya sido el procedimiento utilizado en oportunidades anteriores”. Curia propuso que el acuerdo por canje de notas tuviera carácter provisional, sujeto a la aprobación del Congreso. La demora en el trámite de esa ley indujo a la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados a elaborar un proyecto propio en el mismo sentido.
En julio, Alvarez redactó el proyecto de ley autorizando las dos ejercitaciones. En agosto la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia opinó que debía darse intervención al Ministerio de Defensa “dada la competencia específica que en este tema tiene” (sic). El 8 de octubre el proyecto de ley ingresó a Defensa, donde se caratuló “ejercicios militares”. Hasta allí se trataba de un error político, de legalidad dudosa; a partir de allí de un engaño al Congreso y una violación constitucional: el proyecto salió sin objeciones de Defensa el 31 de octubre, cuando el primer ejercicio ya había concluido. El 21 de noviembre Eduardo Amadeo lo aprobó en la Jefatura de Gabinete. El 2 de diciembre Duhalde firmó del decreto, pidiendo autorización para algo que ya había sucedido. Una burla inadmisible.
Incoherencias
Ante una consulta para esta nota, el ministerio de Defensa respondió que desde agosto no habían ingresado tropas extranjeras al país ni se había pedido autorización para ello al Congreso. Recién cuando este diario hizo saber que tenía una copia del proyecto de ley una de las más altas autoridades de Defensa explicó que ese ministerio no había tenido intervención alguna, dado que la Gendarmería dependía del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. No atinó a explicar por qué el ministro de Defensa Horacio Jaunarena firmó el decreto, junto a Duhalde, Alvarez, el jefe de gabinete Alfredo Atanasof y el canciller Carlos Rückauf. Gendarmería confirmó que el ejercicio con los Boinas Verdes se había realizado en Salta durante la última quincena de octubre. Un vocero dijo que el mayor interés para los gendarmes consistía en la actualización tecnológica y la donación de equipamiento que forma parte de la ejercitación. En el Congreso el clima no es favorable a la autorización para convertir a Misiones en un atalaya desde donde Estados Unidos pueda vigilar a Brasil. Esto sería contradictorio con la resolución de la Segunda Reunión Cumbre de Presidentes de América del Sur, que declaró a la región Zona de Paz y Seguridad. Un asesor del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el duhaldista Jorge Villaverde, transmitió ese malestar al ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El año pasado el Congreso no autorizó la salida de tropas de Gendarmería que el Poder Ejecutivo quería enviar a la República Dominicana para adiestrar a su Ejército en el control de disturbios. “Si nuestro Ejército no controla disturbios, no sería coherente enseñarle a otro Ejército cómo hacerlo”, explicó un legislador. Lo mismo vale, a la inversa, para la actual propuesta del Comando Sur. En consecuencia, Alvarez decidió reconsiderar la cuestión, retirar el proyecto de ley y subordinar el ingreso de las tropas estadounidenses a Misiones a una consulta con las nuevas autoridades brasileñas, que asumirán dentro de tres semanas.
Las nuevas amenazas
En setiembre había pasado por Buenos Aires el nuevo jefe del Comando Sur, el general texano James Hill. En reuniones con Jaunarena y con los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas planteó la preocupación de su país por la Triple Frontera. Esto forma parte de la nueva doctrina de los espacios vacíos o ingobernables en los que se asentarían las fuerzas del mal que acechan a los pueblos y gobiernos democráticos. En octubre, diez días antes de la elección de Lula, Hill visitó el Congreso uruguayo, donde definió a Brasil como “el segundo consumidor mundial de cocaína”, en preparación del hostigamiento a su nuevo gobierno. Hill postuló allí la integración de las Fuerzas Armadas y las de seguridad en una estructura única y la cooperación regional para enfrentar las denominadas Nuevas Amenazas, que Jaunarena, el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni y el del Estado Mayor Conjunto, Juan Mugnolo, vienen planteando con insistencia. La primera exposición de esta doctrina de empleo de las Fuerzas Armadas la hizo aquí el ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy en cuanto asumió la Alianza: “El terrorismo internacional, la pobreza extrema, la superpoblación y migraciones masivas, el narcotráfico, la degradación del medio ambiente, el tráfico ilegal de armas, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales”, enumeró. En aquel momento, Jaunarena presidía la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en cuya agenda incluyó los cortes de rutas y lo que llamó “indisciplina social”, la interrupción de servicios públicos, catástrofes naturales y atentados terroristas, otra de las puertas de acceso para el retorno militar a la seguridad interior. En Chile, el mismo católogo fue presentado en mayo de este año por el nuevo Comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien incluyó algunos sutiles cambios: “Terrorismo a gran escala, crimen organizado, conflictos étnicos, narcotráfico”, dijo, pero además agregó las “inestabilidades políticas e inequidades económicas y también el hecho de que Estados Unidos ya no es capaz de ejercer un liderazgo de acuerdo a las expectativas una vez derrumbado el sistema comunista”. En el caso chileno algún elemento de la realidad periférica complementa al discurso elaborado en el Comando Sur que Brinzoni y Mugnolo sólo repiten. Como los lectores de estas páginas saben, hasta los mapas de América del Sur que Mugnolo emplea en sus informes llevan sus referencias en inglés: Brasil se escribe con Z y las fronteras se llaman international boundaries.
En cambio, Cheyre tuvo el pudor de no incluir ni a los pobres ni a los inmigrantes entre los blancos del fuego castrense. Aun así, más fuertes son las similitudes, indicativas de que en estas regiones el pensamiento estratégico es otro producto de importación que ha substituido a la producción interna. La elaboración y comercio de sustancias perjudiciales para la salud como pretexto para justificar el despliegue continental de las tropas estadounidenses, la militarización de la seguridad interior y la criminalización de la protesta social son sus ejes centrales. Venezuela, Colombia y Brasil constituyen sus focos de atención. Las razones de fondo para la escalada estadounidense en Colombia fueron explicadas en 1998 al Congreso de los Estados Unidos por uno de los antecesores de Hill en el Comando Sur, el general Charles E. Wilhelm. El descubrimiento de grandes reservas de petróleo en Colombia, sumado a las disponibilidades en Trinidad-Tobago y Ecuador realzan “la importancia estratégica de los recursos energéticos de esta región Venezuela sola provee la misma cantidad de petróleo a los Estados Unidos que todos los estados del Golfo Pérsico juntos”, dijo. La importancia estratégica de Brasil no requiere explicación.
“Areas ingobernables”
En noviembre, en la reunión de ministros del Interior y Justicia del Mercosur, la Argentina y Chile plantearon la cuestión en los mismos términos que el general Hill. Brasil respondió que no había pruebas de que en la Triple Frontera, además de una colectividad árabe significativa, hubiera alguna actividad terrorista. Pero hace apenas dos semanas, en la Quinta Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas realizada en Santiago de Chile, Jaunarena firmó una declaración incompatible con el duro aprendizaje que la Argentina efectuó durante la guerra sucia y que capitalizó en la última década en las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Es asombroso que ese encuentro haya tenido nula repercusión en la prensa de los principales países de la región. Su importancia para Estados Unidos se mide por la asistencia del jefe del Pentágono. Donald Rumsfeld dijo que las nuevas amenazas debían combatirse con “nuevas capacidades”. Agregó que “los narcoterroristas, secuestradores y traficantes de armas operan en áreas ingobernables, usándolas como bases para desestabilizar los gobiernos democráticos”, los que “tienen la responsabilidad de ejercer la autoridad soberana que les fue otorgada en las urnas en sus respectivos territorios nacionales. Todos nos beneficiamos al ayudar a las naciones democráticas de este hemisferio a ejercer una soberanía real en sus territorios”. Para los planificadores estadounidenses la Triple Frontera es la quintaescencia del espacio vacío o el área ingobernable a ocupar, por sus propios hombres. Con toda razón, Brasil se resiste. En forma inexplicable, la Argentina lo consiente.
La vieja confusión
El documento firmado en Santiago por los ministros de Defensa plantea “fortalecer la coordinación interinstitucional e intergubernamental y de los regímenes de seguridad y defensa en la región que permitan la protección de la población”. Para ello propone la realización de “Ejercicios Combinados de Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública”, como el de los Boinas Verdes con la Gendarmería. Así, vuelven a mezclarse Seguridad y Defensa, en los mismos términos que desde la dictadura del general Juan Onganía abonaron el terreno para la tragedia. Esta declaración repite en forma casi textual algunos puntos de la que los ministros de Defensa firmaron hace dos años, en la Cuarta Conferencia, celebrada en Manaos, Brasil. Pero mientras entonces se referían sólo a Defensa, ahora por presión estadounidense agregaron también Seguridad Pública, en forma indiferenciada. La Declaración de Manaos sostuvo que era necesario “definir los conceptos de seguridad y defensa para facilitar su entendimiento doctrinario en el ámbito hemisférico”. La de Santiago, lejos de definirlos, los confunde. Por ejemplo, la Declaración de Manaos afirmó que “cada país americano es libre para determinar sus propios requisitos de defensa, incluyendo la misión, el personal y la composición de las Fuerzas de Defensa necesarias para la garantía de su soberanía”. La de Santiago corrige: “Cada Estado americano es libre para determinar sus propios instrumentos para la defensa, incluyendo la misión, el personal y la composición de las Fuerzas de Defensa y seguridad pública necesarias para la garantía de su soberanía”. Debería ser obvio que la soberanía es garantizada por las fuerzas de Defensa, mientras que las de seguridad tienen a su cargo el cumplimiento de la ley dentro de cada nación.
La rancia Doctrina de la Seguridad Nacional, explicitada hace casi cuatro décadas en la ley 16.970, definía a la Seguridad como “la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones” y a la Defensa como “el conjunto de medidas que el Estado adopta para lograr la seguridad nacional”. Una demostración por el absurdo la brinda la catástrofe ecológica que hoy padece Galicia. La seguridad ambiental es un interés vital, de España y de cualquier otro país. Pero si se confunden los conceptos y se recurre a respuestas militares, en vez de regular la navegación y controlar el estado de los barcos, habría que hundir al buque petrolero que circula sin autorización. Cuando la seguridad se describe en términos tan amplios, todo termina siendo objeto de la Defensa, es decir de la represión militar. Desde el largo del pelo de los chicos o de las faldas de las chicas, como en tiempos de Onganía, hasta las letras de las canciones de protesta o las lecturas de la Biblia durante la última dictadura. O las migraciones y la pobreza extrema, en la vuelta de tuerca de las Nuevas Amenazas.