“Ya no seremos villa: seremos barrio, y ya no tendremos que esconder dónde vivimos para conseguir trabajo. Seremos el barrio Carlos Mugica.” Con estas palabras, uno de los vecinos de la actual Villa 31 resumió el sueño de décadas que, por primera vez, ha encontrado bases firmes para hacerse realidad. Ayer se reunió por primera vez la Mesa de Gestión Participativa destinada a implementar la ley 3343, de la ciudad de Buenos Aires, que garantiza la radicación de los habitantes de ese barrio –con una historia de 80 años– y establece su urbanización e integración al resto de la ciudad, preservando la mayoría de las construcciones y mejoras desarrolladas por los vecinos. En la jornada de trabajo, el reclamo más insistente fue el de otorgar mayor participación a los habitantes de la 31: se decidió incorporar esta presencia en el reglamento de la Mesa y efectuar reuniones en la villa misma. Se estableció un cronograma por el cual, antes del 8 de agosto, deberá concluirse un censo de la población actual y, antes del 8 de diciembre, deberá estar listo el plan definitivo. Al abrir el acto, la diputada porteña Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, recordó “la lucha histórica que los vecinos desarrollaron desde hace 80 años”, y señaló que “la base de la ley es el trabajo del equipo de investigación de la UBA que dirige Javier Fernández Castro, desde 2002” (Página/12 precisó sus detalles el 18 de enero pasado). Destacó que la normativa “fue votada por unanimidad de todas las fuerzas en la Legislatura. Ahora sí hay respaldo político: todos hemos aceptado los principios de urbanización y radicación y es el momento de trabajar”.

Al resumir la historia del barrio, Sánchez Andía recordó que “la villa se formó en la década de 1930, con trabajadores del puerto y de ferrocarriles. En los ’60 y los ’70 llegó la conciencia política: aún hoy, en cada reunión que hemos hecho, los vecinos recordaban al padre (Carlos) Mugica”. El recuerdo del cura villero, asesinado el 11 de mayo de 1974 por la Triple A, estuvo muy presente en distintas intervenciones, en la jornada de ayer, y recibió un aplauso largo y emotivo.

Sánchez Andía recordó también que “en los años ‘70, la última dictadura hizo el intento más fuerte para erradicar a los vecinos que habían construido sus casas y sus calles. Llegaron a quedar sólo 48 familias”, cuando la debacle de los militares en las Malvinas frenó sus propósitos. “Al volver la democracia empezaron a llegar nuevos vecinos, de las provincias y de países limítrofes. En los ’90, al crecer la pobreza, surgió la 31 bis. Muchas veces se habló de urbanizar, pero la diferencia es que hoy existe una ley: si no cumplimos, estaremos fuera de la ley.”

A su turno, el arquitecto Fernández Castro destacó la importancia de “preservar un proyecto participativo: que los vecinos sean tomados como primera referencia para trabajar”. El jefe del equipo de la UBA reveló “la conformación de una red de especialistas para transformar el anteproyecto en un proyecto ejecutivo”, y contó que “ya se iniciaron auspiciosas conversaciones con equipos técnicos de la Administración General de Puertos”, propietaria de parte de los terrenos afectados. Fernández Castro subrayó “la preservación de la capilla Padre Mugica, una especie de monumento fundante del barrio, que ahora es un lugar casi inaccesible y donde se hará un memorial”.

El diputado nacional Mariano West (Frente para la Victoria), quien participa en la Mesa como representante de la Comisión de Vivienda de la Cámara baja, requirió que “la urbanización incluya otorgar a cada vecino el título de propiedad de su vivienda”. Guillermo Marzioni, representante de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, recordó que ese organismo público “relevó con certeza” una parte de la villa, “lo cual muestra que existe una trama regularizable: hay lotes definidos y cada vecino sabe cuál es su espacio”.

Diego Santilli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, también afirmó que “este proyecto es virtud de los vecinos; ellos saben cuánto lucharon por él”. Agregó que “el equipo técnico de la UBA estuvo a la altura de las circunstancias” y que “este ministerio tiene voluntad de avanzar para que la actual Villa 31 sea un barrio más de la ciudad”. Anticipó que la 31 “requiere cambio de infraestructura en el cortísimo plazo”.

Mauro Chelillo, de la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con trabajo en la villa, destacó a este diario que “con esta ley se empiezan a cumplir los compromisos que, respecto de los derechos económicos y sociales, incluye la Constitución de la ciudad”, y la representante de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Silvina Penela, manifestó la “preocupación en cuanto a que esta voluntad política se sostenga en el tiempo”, e insistió también en que la ley surgió “de un proyecto en consenso con los vecinos”.

También habló el padre José María “Pichi” Meisegeier, que residió más de 20 años en la Villa 31, para advertir que “ahora hay voluntad política, sí, pero seguramente la voluntad económica no es muy favorable. Por eso es importante no aflojar, seguir peleando”.

La Mesa fijó un cronograma por el cual, antes del 8 de agosto, deberá realizarse el censo de los habitantes de la villa y, antes del 8 de diciembre, deberá estar redactada la propuesta definitiva de urbanización, que incluirá un presupuesto pormenorizado. Las actividades se centralizarán en la Comisión de Vivienda de la Legislatura ([email protected]), y la próxima reunión plenaria, abierta a los vecinos, se hará el 20 de abril a las 18 en la Legislatura porteña.