“¡Auxilio, arriba se está quemando!” Con ese grito, Flora Villca Quispe alertó a los 40 costureros que mantenían sus ojos en las agujas de un taller textil clandestino ubicado en la calle Luis Viale, en Caballito. El incendio no se pudo evitar y cinco niños y un adulto murieron asfixiados por el humo. Ayer, en las puertas del derruido taller, varias organizaciones de costureros bolivianos se dieron cita para reclamar justicia, al cumplirse cuatro años de la muerte de sus compañeros y para denunciar la continuidad de un modelo de explotación. La causa penal está demorada hace un año en la Cámara de Casación Penal a la espera de que se resuelva si los únicos dos imputados, los capataces Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, serán llevados a juicio oral por “estrago culposo” o si se acepta el pedido de la defensa y de la fiscalía de un juicio abreviado. Además, la investigación del juez en primera instancia, Alberto Baños, no avanzó sobre los funcionarios públicos encargados de la inspección, delitos ya prescriptos, y tampoco sobre los dueños del local, que en junio quedarían en la misma situación.

Lourdes Hidalgo fue una de los 40 costureros que con promesas de buena paga por parte de los capataces procesados llegó al taller ubicado en la calle Luis Viale 1269. El taller estaba habilitado desde 2001 por el gobierno de la ciudad, pero sólo para que trabajaran allí cinco máquinas. “Me prometieron una pieza y lo único que me dieron fue una tela para que divida mi pieza de las de los demás”, recordó Lourdes, delante de la puerta enrejada que hace cuatro años fue el ingreso al taller del que no salió hasta que se incendió. “Ni en Bolivia vivía así”, aseguró la mujer, que dormía junto a otras quince familias en el primer piso del local, para cumplir con su horario de 7 a 23. “Nadie se animaba a reclamar. Cuando yo lo intenté, (Luis) Sillerico me dijo que me callara porque (Juan Manuel) Correa era como mi padre y me daba trabajo y comida.”

El juez Alberto Baños fue el encargado de investigar los pasares de los 40 costureros que vivieron en Viale durante meses. En 2008, decidió imputar por “estrago culposo” a los talleristas y declararse incompetente para investigar a los funcionarios del gobierno porteño y de la Policía Federal –cuatro años después ya no pueden ser acusados por “omisión de deberes de funcionario público”– y a los dueños del local, Daniel Fischberg y Jaime Geiler. “Baños nunca quiso investigar más allá de los capataces porque implicaba abrir una puerta que podía terminar en la búsqueda de las grandes marcas. Los dueños era socios de los capataces y derivaban las prendas”, explicó Gabriel Chamorro, abogado de los padres de Harry Rodríguez, un niño de tres años que murió en el incendio, y únicos querellantes en la causa. Si ningún juez se declara competente para realizar la investigación, en junio, Fischberg y Geiler serían beneficiados por la prescripción de la causa.

Además, la Cámara de Casación deberá decidir si el juicio contra los capataces será abreviado, como lo pidieron el fiscal de la causa y los abogados defensores, lo que podía bajar una potencial pena de cuatro años por “estrago culposo” a una probation. “Esperamos que se llegue a un juicio público para que se conozcan a fondo los hechos y para que las penas sean más severas”, advirtió Chamorro.

“No olvidamos. Justicia para las víctimas del incendio”, la leyenda había quedado sobre las paredes del ex taller y también figuraba en la pancarta que sostenía Cristina, que aquel 30 de marzo salvó a sus hijos de entre las llamas. Ella nunca recibió la paga por las mil piezas que sacaba cada semana en los seis meses que estuvo en Luis Viale, ni tampoco pudo conseguir trabajo como costurera luego de denunciar lo que ocurría en el taller. Sin embargo, junto a los integrantes de la Fundación La Alameda, se animó a denunciar que “Sillerico y Correa reabrieron sus talleres en la provincia de Buenos Aires”.

Gustavo Vera, referente de La Alameda, dio un paso más y aseguró que después de los avances logrados desde el trágico incendio “en la gestión Macri se volvió a un estado anterior en que las denuncias contra talleres clandestinos se pierden en una especie de triángulo de las Bermudas”.

Informe: Nahuel Lag.