La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Lidia Mondelo, anunció a Página/12 que el mes próximo estará finalizado el decreto reglamentario de la Ley 26.485 para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que de-sarrollen sus relaciones interpersonales”. La tardanza en la reglamentación –ya pasó más de un año de la sanción– no es el principal obstáculo que enfrenta la aplicación de la norma. El mayor problema radica en que tiene un presupuesto escaso: algo menos de dos millones de dólares hasta 2011 para generar las condiciones para su implementación. Este proceso incluye el diseño de un Plan Nacional contra la violencia de género, en el cual ya están trabajando, según dijo Mondelo, tomando el modelo español.

La Ley 26.485 fue sancionada por el Congreso el 11 de marzo de 2009. Su objetivo es constituirse en el instrumento rector de las políticas públicas a nivel nacional, provincial y local para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en sus relaciones interpersonales, como en el ámbito público cuando es perpetrada desde el Estado. Uno de sus aspectos relevantes es que consagra y reivindica de manera especial el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y sin discriminaciones en todos los órdenes de la vida.

En realidad, una parte de la normativa, la que debe aplicar la Justicia, ya está vigente y de hecho algunos tribunales ya la han invocado. Pero tiene otra parte que requiere reglamentación. Mondelo justificó el tiempo que está demandando el decreto reglamentario y lo adjudicó al proceso participativo que implementó el CNM con académicas, especialistas e integrantes de ONG que vienen trabajando en el tema, para incluir sus puntos de vista en la reglamentación. “Es un proceso consultivo inédito”, destacó. El texto de la reglamentación se trabajó, dijo, en una comisión interministerial en la cual se dieron cita representantes de los espacios del PEN vinculados con la ley. En mayo, asegura, estará terminada la reglamentación.

Pero el único presupuesto asignado, por el momento, para sentar las bases de la aplicación de la Ley 26.485, es una partida de 1.985.768 dólares (alrededor de 7,7 millones de pesos) para dos años, hasta fines de 2011, en el marco de un programa acordado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la oficina local del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mismo CNM tiene un presupuesto exiguo, de apenas seis millones de pesos en 2010. Uno solo de los programas contra la violencia de género de la provincia de Buenos Aires –el de atención telefónica– tiene un presupuesto anual de tres millones de pesos.

Más allá de la Ley 26.485, el CNM debería ser el órgano rector de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas del Gobierno.

Si se instrumenta en su totalidad, la Ley 26.485 podría tener un impacto enorme en su vida cotidiana dado que apunta a combatir las raíces del flagelo de la violencia contra las mujeres, esto es, la discriminación que surge de las relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres. La norma fija obligaciones concretas a los distintos ministerios e involucra a los gobiernos provinciales y municipales también, para trabajar en ese sentido. “Es como refundar la República con perspectiva de género”, describió Mondelo.

Además de la redacción de la reglamentación, el CNM viene avanzando con otras medidas previstas en la ley. Ya creó el Observatorio de la Violencia, al frente del cual fue designada Mabel Gabarra, reconocida militante del movimiento de mujeres. Gabarra y un equipo de ocho profesionales están trabajando en el diseño de los instrumentos de medición para poder cuantificar los diversos tipos de violencia y sus modalidades –definidos en la norma—, un recurrente reclamo al país de los organismos internacionales de derechos humanos. Mondelo informó que está promoviendo reuniones en distintas provincias para sensibilizar a jueces, legisladores y funcionarios sobre los alcances de la nueva norma. “Queremos involucrar a los tres poderes de cada jurisdicción. No nos alcanza con el decreto reglamentario para llevar adelante este gran esfuerzo que significa erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo la funcionaria.

La ley tiene 45 artículos. Significa un avance cualitativo con respecto a la legislación anterior nacional y provincial, que se limita a proteger a las mujeres de la violencia doméstica. La Ley 26.485 va más allá: contempla la violencia de género en sus diversas formas, física, sexual, simbólica y agrega la violencia económica y patrimonial y psicológica. Y no sólo cuando ocurre en el ámbito intrafamiliar: también en los organismos públicos, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil, y en los servicios de obstetricia, a través de un trato deshumanizado o por un abuso de medicalización en el marco de un parto, por ejemplo. También abarca la violencia mediática. E incluye la violencia que atente contra la libertad reproductiva, que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Obstruir el acceso a un aborto no punible fue definido por el CNM como una expresión de este último tipo de violencia.

La ley se debe aplicar en todo el país, salvo las medidas de procedimiento judicial que hasta que las provincias no aprueben su adhesión sólo son de cumplimiento en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el momento adhirieron las provincias de Buenos Aires, Corrientes y La Rioja.