El Congreso comenzará a discutir en comisiones un proyecto que impulsa el Gobierno para facilitar y agilizar la incautación de bienes sospechados de provenir de delitos complejos como la trata de personas, la corrupción, el fraude, el lavado de dinero y el narcotráfico. Una propuesta en ese sentido fue elaborada por la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Corrupción, que encabeza Mónica Cuñarro e integran jueces y otros expertos en la temática, y elevada al jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, y al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak. Hoy a las 11, esta iniciativa será discutida por las comisiones de Legislación General, de Salud y de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, cuyos integrantes recibirán a la Comisión que encabeza Cuñarro. Esa Comisión tiene además otros proyectos de ley para reformar la política de drogas, entre ellos la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

La iniciativa busca fijar un marco normativo que facilite la incautación de esos bienes ante la sospecha de que sean producto de hechos ilícitos, sin tener que esperar a que haya una condena firme en la causa que originó la investigación judicial. El anteproyecto establece cómo se deben conservar, custodiar y administrar, con la finalidad, entre otras, de que no pierdan valor y haya transparencia en su manejo. “Los jueces no están capacitados ni les corresponde la tarea de custodia o administración, esos recursos deben dirigirse para investigar la ruta del dinero que es el móvil de este tipo de delitos complejos”, argumentó uno de los jueces de la Comisión.

Los especialistas que asesoran al Gobierno en materia de crimen complejo consideran necesario que se cree una dirección especial en el ámbito del Ministerio de Justicia que se encargue de administrar los bienes incautados: además proponen que se invite a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuración General de la Nación para que designen un integrante que se sume al nuevo organismo. El Banco Nación se ocuparía del área de fideicomisos. Y toda la operatoria sería fiscalizada por la Auditoría General de la Nación.

El anteproyecto es el resultado de un año de estudio y análisis de legislaciones y de los mecanismos que se aplican a nivel nacional y en otros países. Tiene como fundamentos compromisos asumidos por el país al suscribir distintos tratados internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que exhorta a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias para autorizar el decomiso.

La iniciativa plantea que en las causas en que se investiga el delito de trata, lavado, corrupción o narcotráfico, el juzgado abra un expediente paralelo cuando se detecten bienes que podrían estar vinculados con esos ilícitos y se lleve adelante un proceso sumarísimo para la incautación. El magistrado tendrá que llamar en quince días a una audiencia oral y pública. Y el acusado tendrá una semana para explicar el origen lícito de los bienes. Habrá otros cinco días para que el juez admita la prueba y acepte las explicaciones. Se fijarán luego diez días para que terceros interesados, como testaferros, o compradores de buena fe se presenten ante el juzgado y den sus fundamentos. Y otros cinco días más para que el juez disponga la incautación final o la devolución de los bienes a terceros, si corresponde. La decisión podrá apelarse. Si el acusado finalmente es declarado inocente, se le devolverán los bienes.

Los expertos señalan que así se facilitará seguir la ruta del dinero vinculada con delitos complejos. Y a la vez disminuirá el incentivo económico para la comisión de los ilícitos. La propuesta, destacan en la Comisión, cuenta con un consenso regional, ya que varios de los expertos que participaron en su redacción son a su vez miembros de diversas organizaciones internacionales de derecho penal, que a la vez asesoran a otros países, como Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, y Chile.