“Para terminar con el aborto ilegal hay que poner en marcha la educación sexual, en la que llevamos un atraso de 55 años respecto de los países escandinavos. Hay que tener planificación familiar y hay que contar con aborto seguro, porque siempre vamos a tener embarazos no deseados. Legisladores: de ustedes depende.” El ginecólogo Mario Sebastiani, presidente del Comité de Bioética Asistencial, cerró ayer, en el Senado, la primera parte del debate sobre la modificación del inciso segundo del artículo 86 del Código Penal, que contempla el aborto no punible para los casos de violación. Luego de escucharse una serie de ponencias a favor y en contra, no sólo de la despenalización, sino también de la legalización del aborto, Sebastiani pidió que se defina de una vez “si los médicos vamos a atender como corresponde a la mujer que viene a practicarse un aborto o si tiene que pasar a la clandestinidad”. En el encuentro, la psicóloga Carolina de la Fuente se opuso a la legalización del aborto, incluso en los casos de violación, porque ello provocaría en la mujer “un duelo patológico del que es muy difícil reponerse”.

La audiencia pública, convocada por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, presidida por la peronista disidente Sonia Escudero, se realizó en el Salón Eva Perón del primer piso del Congreso de la Nación. Una de las primeras intervenciones fue la de Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, quien recordó que, a pesar de la prohibición, en el país hay 500 mil abortos clandestinos por año. Luego de dejar sentado que ella es parte de la grey católica, Alanís expresó su desacuerdo con la cúpula de la Iglesia que considera que “aborto y placer son pecado. Ellos excomulgan a las mujeres por ejercer su sexualidad, pero bendicen el genocidio de (Jorge) Videla o (Christian) von Wernich”.

Alanís sostuvo que para imponer su punto de vista, la Iglesia Católica “utiliza pasajes bíblicos sacados de contexto para atacar a mujeres, gays, lesbianas y trans. Nosotras pensamos distinto a la cúpula de la Iglesia”. Para respaldar sus afirmaciones, Alanís citó los artículos 1323 y 1324 del Código Canónico, que eximen de culpa a los herejes que actuaron “por miedo o por necesidad o para evitar un perjuicio”. Puntualizó que a una mujer que tiene un embarazo no deseado “la vida se le desploma porque pueden echarla de su casa o de su empleo”. Por lo expuesto, pidió lisa y llanamente “aborto legal, seguro y gratuito para todas”.

El ginecólogo Mario Sebastiani opinó que el texto que modifique el artículo 86 “tiene que ser absolutamente claro para los médicos y los centros de salud que deban realizar los abortos. Hay que terminar con los palos en la rueda y sacar del medio todos los cabildeos. No podemos pensar que en países donde el aborto puede practicarse con pocas o ninguna restricción, como España, Estados Unidos, China, Canadá o Francia, son por esa razón más inmorales que nosotros. En el país hay 500 mil abortos ilegales por año, casi uno por niño nacido vivo, mientras que en Estados Unidos, donde el aborto es legal, hay uno cada tres nacidos vivos”.

La siguiente intervención fue la de Carolina de la Fuente, psicóloga que fue presentada como “especialista en la investigación de las causas y consecuencias del aborto”. De la Fuente afirmó que, aun en el caso de una violación, “el deseo real de toda mujer es continuar con el embarazo” porque, según la especialista, “ninguna mujer quiere abortar”. La psicóloga, para justificar sus dichos, dijo que cuando se toma la decisión de abortar “la mujer tiene que romper el vínculo humano, biológico, con el hijo desde el mismo momento de la concepción”.

Según De la Fuente, ese deseo de ser madre “es inconsciente” y perdura “aunque la mujer haya sido ganada por el odio que genera haber sido víctima de una violación”. De acuerdo con su exposición ante los senadores, la mujer que decide abortar tiene que apelar “a un mecanismo de deshumanización, tiene que ‘desconectarse’ de ese hijo que espera”. La psicóloga, que dijo haber atendido a mujeres que abortaron, puntualizó que “después de tomar la decisión, la mujer entra en un proceso de duelo patológico del que le va a resultar muy difícil salir”.

Fernando Toller, de la Universidad Austral, pidió que las clínicas confesionales puedan hacer una objeción de conciencia institucional si por sus creencias rechazan el aborto. Alberto Bonchatel, de la Universidad Católica Argentina, consideró a la interrupción del embarazo como “una violación al derecho humano a la vida” y citó planteos que fueron hechos, por la Argentina, en fueros internacionales, en el sentido de que “se es niño desde el momento de la concepción hasta los 18 años”. Por eso, instó a que se preserve “la vida del niño por nacer”.

La última en exponer fue la jueza de la Cámara de San Martín, Lucila Larrandart, quien puntualizó que está demostrada “la inutilidad de penalizar el aborto, porque eso no sirve para reducir los casos. Se dice que lo que se busca es proteger la vida, pero lo concreto es que el aborto es la primera causa de muerte materna y la tercera causa mortal entre las mujeres. Los porcentajes generales del país son muy altos, pero lo son mucho más los que se registran en el Noroeste y en el Noreste del país”.

Larrandart apoyó la ampliación de los alcances del artículo 86, en lo que se refiere a la despenalización del aborto por violación o por causas de enfermedad. Mencionó que en 1992, en Alemania, luego de cambiarse las normas legales que penalizaban el aborto, la situación mejoró en forma notable. Por eso impulsó en la Argentina medidas tendientes a “evitar embarazos no deseados, ofrecer soluciones familiares materiales para ejercer la maternidad y despenalizar el aborto si se hace dentro de un plazo de 12 semanas”, como vienen reclamando las organizaciones que encabezan la campaña en favor del aborto legal, seguro y gratuito.