Después de varios meses de debate y años de reclamo opositor, el arco no oficialista logró unificar un dictamen en la Cámara de Diputados para reformar el Consejo de la Magistratura. Con las modificaciones exigidas por el bloque de Proyecto Sur, en la reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, el Grupo A consiguió ayer emitir despacho de mayoría por lo que la reforma se trataría en el recinto dentro de dos semanas, con amplias probabilidades de aprobarse. Lo más destacado del proyecto es que aumenta de 13 a 18 los integrantes del Consejo y establece la creación de un comité consultivo honorario integrado por organismos de derechos humanos, ONG y centrales de trabajadores, entre otros.

De acuerdo con lo consensuado entre los opositores, el Consejo quedaría integrado por el titular de la Corte Suprema –a cargo de la presidencia–, tres jueces, seis legisladores, cuatro abogados, tres académicos y científicos y un miembro del Poder Ejecutivo. De concretarse la reforma que impulsa la oposición, el oficialismo pasaría de tener cinco miembros sobre trece, a tener cuatro sobre dieciocho, mientras que el Poder Judicial tendría ocho integrantes.

“Se ha perdido la posibilidad de no ceder la participación popular; cederla a favor de las corporaciones del Poder Judicial es un error”, aseguró ayer el diputado Alejandro Rossi, uno de los autores de las tres iniciativas del oficialismo. El Frente para la Victoria considera que el dictamen de mayoría le devuelve a la “corporación de jueces y abogados” el control del Consejo de la Magistratura, en detrimento de otros sectores que son elegidos por el voto directo. En el proyecto opositor son siete los representantes surgidos del voto popular: uno del Ejecutivo, tres senadores y tres diputados, uno por cada minoría. De los tres académicos, uno de ellos deberá provenir de las ciencias sociales.

Aunque no participó del plenario de comisiones, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, celebró el avance opositor: “Es una demostración más de cómo Diputados está avanzando con la agenda que necesita la sociedad”, sostuvo. El acuerdo alcanzado fue producto de arduas negociaciones entre el interbloque de Proyecto Sur y los referentes del núcleo duro opositor encabezado por el radical Gil Lavedra, la peronista Graciela Camaño –presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales–, Patricia Bullrich y Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, entre otros.

“Es un aporte a la democratización de las instituciones”, le respondió en el plenario de comisiones Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, a Rossi. Según la socióloga, de los múltiples puntos que exigía el espacio liderado por Fernando “Pino” Solanas para acompañar la iniciativa opositora se adoptaron “un 90 por ciento”. Con esas modificaciones que se le realizaron al proyecto original, el nuevo Consejo de la Magistratura tendría varias limitaciones a su presidente, el titular de la Corte Suprema. En principio, el dictamen prevé que sólo votará en caso de empate o cuando sea necesario para alcanzar mayorías calificadas. Además, le quitó la facultad de manejar el presupuesto y designar los directores de área del Consejo. El administrador general del Poder Judicial, el secretario general del Consejo y el secretario del Cuerpo de Auditores serían designados mediante concurso público de oposición y antecedentes.

Ese tema había sido el más conflictivo, pero además se incorporaron otros cambios que Proyecto Sur recogió de otros actores, como el Observatorio de la Justicia, la Federación de Judiciales, el CELS y el Cippec. Se realizarán por sorteo auditorías a los tribunales de Justicia y se publicarán todos los expedientes en Internet, salvo que exista secreto de sumario.

En cuanto a la distribución política de los cargos en el Consejo, el oficialismo quedaría representado por tres miembros contra cuatro de la oposición. Según Proyecto Sur, al incorporarse las terceras minorías en el Consejo se evitarían acuerdos “espurios” que puedan surgir producto del bipartidismo. Otro de los puntos centrales del dictamen es la creación de la Oficina de Estadísticas e Información del Poder Judicial y la incorporación del comité consultivo que ejercerá un seguimiento.

Dos pequeños contrapuntos se produjeron en el plenario de comisiones entre Patricia Bullrich y el diputado Jerónimo Vargas Aignasse, presidente de Peticiones y Poderes, y entre el radical K Hugo Prieto y Camaño. El legislador oficialista dijo que, según las estadísticas, “no hubo una línea clara del Poder Ejecutivo hacia sus legisladores” respecto de las votaciones del Consejo. Bullrich le contestó que la Justicia sufre “el permanente apriete del Gobierno”. Prieto, en cambio, sostuvo que el dictamen de mayoría fue posible porque el Grupo A quería “mostrar un triunfo”, pero en realidad se trataba de “un triunfo de las corporaciones”. La peronista disidente lo mandó a leer el proyecto y con ironía le dijo que le permitirán acompañarlo una vez que lo haya visto.