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“Desaparición forzada.” Los puntos 41 y 42 del documento de observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño le entregó a la Argentina califican de esa manera el caso de Luciano Arruga –el chico de 16 años desaparecido desde enero de 2009– e instan al Estado a “concluir la investigación”. La recomendación del Comité está dentro del punto de “tortura, tratos inhumanos y degradantes” en el que se señala la preocupación por el elevado número de denuncias registradas en la provincia de Buenos Aires y la falta de datos fiables sobre este tipo de delitos a nivel nacional. El llamado de atención de la ONU contrasta con la situación procesal de la causa Arruga, en la que después de un año y cuatro meses de investigación no hay imputados y la carátula continúa como “averiguación de paradero”.

En este punto, las observaciones del Comité coinciden con las objeciones presentadas en los informes alternativos de CELS, Fundación Sur y la Comisión por la Memoria, a través del Comité Contra la Tortura. En sus informes, los organismos denunciaron las faltas en la aplicación de la ley de promoción y protección integral de la niñez, las “graves condiciones de detención de los menores de edad”, la falta de datos estadísticos respecto de la situación penal de los menores de edad y las detenciones de chicos en comisarías.

El Comité de las Naciones Unidas recomendó al Estado adoptar “medidas concretas para aplicar su política de tolerancia cero con la tortura”, establecer un mecanismo nacional y provincial “para el registro y seguimiento de las denuncias de trato inhumano y degradante” y “lanzar, exhaustiva e independientemente, sin demora, investigaciones sobre estas denuncias”. En este punto, el informe habla de “violaciones graves” en la provincia de Buenos Aires y solicita medidas urgentes de prevención, como la “formación integral de la policía” en materia de derechos del niño.

Los informes del CELS-FS y CCT contextualizaron la situación con el irresuelto caso de la desaparición de Luciano Arruga. El pedido del Comité sobre “concluir una investigación exhaustiva e imparcial” e incluirlo en “conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas” se da en un momento en que, en la causa, se discute la calificación del hecho.

Los abogados de la familia Arruga solicitaron, en marzo, el cambio de carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada” y el procesamiento de los policías del destacamento de Lomas del Mirador que, según las denuncias, habrían detenido a Luciano. Pero el juez de Garantías Gustavo Banco indicó que no existen elementos suficientes para cambiar la calificación –que hubiese llevado la investigación a la Justicia Federal– y se declaró competente para continuar la investigación.

“El informe del Comité de la ONU es la expresión de un organismo internacional sobre una causa en la que se investiga un delito (averiguación de paradero) que no es tal y que se mantiene demorada por cuestiones procesales”, apuntó Juan Combi, abogado de la familia Arruga. La querella se presentó ante la Cámara de Apelaciones de La Matanza, que deberá decidir si el caso pasa a la Justicia Federal. “En su respuesta, Banco no descartó la hipótesis sobre la responsabilidad policial en la desaparición de Luciano. El estado mínimo de sospecha de participación policial debería bastar para declinar en su competencia”, resaltó Combi.

Informe: Nahuel Lag.