A pocas cuadras de la Avenida del Libertador y de las inmensas torres de cemento, a la altura de la calle Arenales, en Vicente López, se descubre un bosquecito a la vera del Río de la Plata. En medio de ese espacio verde, un campamento de vecinos se instaló para resistir el avance de la megaobra del vial costero, una autopista que atraviesa el distrito de punta a punta y a su paso levanta parte del territorio. En ese lugar, los acampantes no están solos, conviven con las máquinas y topadoras de la empresa Cartelone, a cargo de la construcción de la autopista, y con una insistente guardia policial. Los vecinos buscan frenar el proyecto que afectará a terrenos costeros, a un campo de deportes, un barrio e incluso, una reserva ecológica, sostuvieron desde la Asamblea Vecinal Unidos por el Río, que denunciaron “irregularidades en el estudio de impacto ambiental y en la concesión de las licencias”. El lunes pasado, la resistencia llegó al extremo cuando la policía reprimió con balas de goma y palos a quienes “estábamos aguantando con una sentada pacífica”, indicó Javier, uno de los dos jóvenes que terminaron detenidos. Si bien las máquinas siguen trabajando, los acampantes se mantienen firmes en el lugar y esperan la resolución de una medida cautelar, por la que la jueza Martina Forn, del Juzgado Federal de San Martín, se declaró el viernes último incompetente. Ahora, deberá ser analizado por la Cámara de Apelaciones de San Martín. La unión y la cooperación de los vecinos de Vicente López es parte vital de la resistencia que emprendieron desde que comenzó la construcción del trazado costero y conformaron la Asamblea Vecinal Unidos por el Río. Hace un mes, un grupo de 30 personas, en turnos rotativos, hace guardia las 24 horas en un campamento ubicado a la vera del río y a metros de donde trabajan las máquinas. Mientras unos de se van a trabajar, estudiar, o a sus casa a bañarse y cambiarse de ropa, otros vuelven. Incluso, algunos optaron por suspender algunas de sus actividades para hacer el aguante en el campamento. Los que no pueden quedarse van y vienen, alcanzan provisiones, frazadas, o algún tipo de elemento que necesite el grupo de acampantes del Bosquecito, nombre con el que es conocida esa zona costera. “Estas 30 personas representan a las 17 mil que repudian el proyecto y firmaron manifestándose en su contra”, señaló uno de los acampantes Rodrigo Redondo.

Las manifestaciones en contra del vial costero comenzaron cuando “se aprobó el proyecto el 24 de diciembre de 2004 en el Consejo Deliberante de Vicente López, y a espaldas del pueblo”, manifestó Martín Sarralde, miembro de Unidos por el Río. Pero esa movilización se intensificó cuando la empresa Cartelone comenzó en el verano con sus obras en la primera etapa del proyecto, que abarca desde la General Paz a la calle Arenales. La segunda parte restante comprende desde Arenales a la calle Paraná.

El proyecto del Vial Costero, financiado por la Dirección de Vialidad Nacional, implica la construcción de una autopista de cuatro carriles, que se ubica en forma paralela entre la Avenida del Libertador y el Río de La Plata, y se extiende a lo largo de todo el partido de Vicente López, es decir, recorre más de 40 cuadras. La avenida funcionará como un nuevo acceso desde la ciudad de Buenos Aires a provincia y viceversa, pasará por debajo de la General Paz y empalmará con la avenida Cantilo y Lugones, indicó Miguel Quintabani, uno de los abogados de los vecinos. Además, la megaobra prevé la construcción de un proyecto inmobiliario frente al río. Los vecinos denuncian “irregularidades en el estudio de impacto ambiental. Las obras no cumplen con los mecanismos que establece la Ley General de Ambiente, por ejemplo no se hicieron audiencias públicas con los vecinos”, aseguró Sarralde. “El planteo de las irregularidades es de fondo y se cometieron con total intención porque buscaban ocultar todos los daños que va a causar una avenida junto al río. El estudio de impacto ambiental no es integral, no contempla con precisión cuáles son las consecuencias ambientales y con respecto al tránsito”, informó el abogado.

Ante esta situación y el constante avance de la megaobra, la Asociación Civil Pro Vicente López y el centro cultural La Galpona, junto con el apoyo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), presentaron al Juzgado Federal de San Martín una medida cautelar para suspender las obras hasta que se resuelva el pedido de fondo. Ese objetivo final consiste en detener definitivamente el proyecto y “ordenar al municipio, autoridades provinciales y a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación a recomponer el espacio al estado en el que se encontraba antes del inicio de las obras”, explicó Quintabani.

El viernes último, “la jueza federal Forn se declaró incompetente, porque entendió que al ser una obra de provincia, la competencia debía ser provincial. En cambio, la fiscal subrogante se manifestó a favor de la competencia federal y de la viabilidad del reclamo. La causa pasó ahora a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín”, que deberá definirse en los próximos días, indicó el letrado.

Los vecinos permanecen en guardia con el acampe, con las asambleas de todos los miércoles y domingos y las movilizaciones frente a la Municipalidad. “Todo esto es una movida ciudadana. El objetivo es evitar una carpeta de negocios y lograr un proyecto que le sirva a la gente”, resaltó Redondo.

Informe: Rocío Ilama.