Treinta y cuatro alumnos de una escuela porteña, sobre un total de cuarenta y uno, no pudieron actualizar su DNI ya que no podían abonar el arancel y las autoridades del Gobierno de la Ciudad les exigían tramitar un “certificado de pobreza”, denunciaron padres y docentes del establecimiento. Los niños afectados reciben asistencia alimentaria en la escuela, es decir que ya fueron evaluados por asistentes sociales, que los consideraron en situación de emergencia económica. Frente a este hecho, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, firmó una resolución por la cual recomienda al ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, que “exima automáticamente del pago de tasas arancelarias” para la actualización del DNI a los niños cuyas familias reciban la Asignación Universal por Hijo. También hizo extensiva la sugerencia al ministro del Interior, Florencio Randazzo.

El hecho ocurrió en la escuela Nº 23 Bernardino Rivadavia, del Distrito Escolar 1, ubicada en Larrea y Córdoba, pero se presume que la misma situación se planteó al menos en las escuelas ubicadas dentro de ese distrito escolar. Hasta el año pasado, las escuelas eran las encargadas de extender las constancias para solicitar la exención del arancel. Pero ahora, los padres deben acudir a los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) para obtener ese beneficio, luego de una entrevista con un trabajador social, según relató a este diario una de las madres de la Escuela Nº 23.

Con el cambio de modalidad, sólo con una “derivación de pago” (eufemismo que designa a un certificado de pobreza) emitido por el CGCP las familias estarían en condiciones de no abonar el arancel, a pesar de que algunas “no pueden costear el transporte”, advirtieron en la Defensoría.

Según pudo saber este diario, las autoridades de la Escuela Nº 23 ya habían avisado a los encargados del operativo del Registro Civil porteño que muchos chicos iban a quedar excluidos del trámite, dado que la escuela posee “muchos becados de comedor” y la matrícula incluye familias de barrios humildes como la Villa 31.

A pesar del aviso, el operativo se realizó el viernes último bajo la nueva modalidad y el “80 por ciento de los chicos anotados vieron cercenado su derecho”, denunció Gustavo Lesbegueris, responsable del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo. La mayoría de los chicos no pudo actualizar su DNI por no poseer la “derivación de pago”, que certifica su condición de pobreza, cuando la mayoría “ya había sido entrevistado por una asistente social para acceder a becas estudiantiles o al comedor escolar”, precisaron en la escuela.

“Volver a acreditar pobreza para la eximición de pago es degradante para los chicos y sus familias”, sostuvo Lesbegueris. El funcionario consideró “inadmisible el peregrinaje” de las familias por las dependencias oficiales para acreditar su situación de pobreza. El trámite de actualización tiene un costo de 10 pesos, pero para los mayores de 8 años es de 18 pesos, mientras que para gestionar el cambio de domicilio se deben abonar 10 pesos más.

Para evitar que situaciones como ésta se reiteren en otros distritos escolares, Pierini firmó una resolución en la que recomienda al ministro de Justicia porteño –de quien depende el Registro Civil de la Ciudad– que se exima de los aranceles de actualización de DNI a los chicos de 5 a 8 años y a los adolescentes de 16 a 18 años cuyos padres o tutores reciban la Asignación Universal por Hijo o sean beneficiados de becas de comedor o estudiantiles.

La Defensoría cita como antecedentes el decreto 1174/2001, impulsado por el entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, que declaraba la gratuidad del primer DNI otorgado a los recién nacidos. Un año después, el entonces presidente Eduardo Duhalde limitó ese beneficio a “los hijos de padres en situación de pobreza”, quienes debían presentar un “certificado” que lo acreditara. Ese requisito fue derogado en junio de 2003 durante la gestión de Néstor Kirchner. Lesbegueris y Pierini también citan la Ley 26.061 según la cual “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a obtener el documento que garantice su identidad”.

Informe: Soledad Arréguez Manozzo.