En la causa por la salidera bancaria en la que fue baleada Carolina Píparo, el fiscal Marcelo Romero le pidió al juez de Garantías, César Melazo, que dicte la prisión preventiva de los siete detenidos, a los que acusa por delitos gravísimos por los cuales podrían ser condenados a cadena perpetua. En su solicitud de 44 carillas, Romero consideró que el “autor material” del disparo que hirió a la mujer –estaba en el noveno mes de embarazo– fue Carlos Burgos, de 18 años. De ese modo desestimó algunas declaraciones reunidas en la causa que indicarían que Burgos no fue el que hizo el disparo. A los otros seis imputados, Luciano López (19), Carlos Moreno (19), Juan Manuel Calvimonte (24), Miguel Angel Silva (42), Carlos Jordán Juárez (45) y Augusto Claramonte (44), el fiscal los acusó por los delitos de “robo calificado por el uso de armas, en concurso con tentativa de homicidio triplemente calificado y con homicidio triplemente calificado y asociación ilícita”. Como ya había adelantado, el fiscal les imputó responsabilidad en la muerte de Isidro, el hijo de Carolina Píparo cuyo nacimiento tuvo que ser adelantado en razón del grave estado de salud de la madre. El bebé murió una semana después del parto.

El fiscal pidió que se acuse por el delito de “encubrimiento agravado” a Jennifer López Leguina, de 19 años, pareja de Luciano López, y a Stella Maris Grizzia, de 28. Ambas siguen procesadas en la causa, aunque se les concedió el beneficio de la excarcelación. Al describir el funcionamiento de la banda, Romero sostuvo que “Carlos Jordán Juárez fue el jefe de la organización delictiva”. A él le atribuyó responsabilidad en la logística que permitió la realización del robo “proveyendo vehículos, comunicaciones y recursos humanos, monitoreo para la ‘marcación’ (de Carolina Píparo) por parte de Miguel Angel Silva, en forma personal y telefónicamente”.

También se le imputa a Jordán Juárez haber “impartido la orden de ejecución de la emboscada fatal, organizar la huida de todos y proveer medios para que se fugaran, con la promesa de gestionar en forma espuria e ilegal arreglos policiales y/o judiciales”. Al referirse al ataque que sufrió Carolina Píparo, el fiscal sostuvo que Carlos Burgos es “autor material del ilícito”, en alusión al disparo, y que Luciano López y Juan Manuel Calvimonte fueron los “coautores”.

Romero acusó al detenido Carlos Moreno de ser “partícipe necesario, al prestar ayuda indispensable e imprescindible, sin la cual el crimen no hubiera sido perpetrado según el plan urdido, asegurando el ocultamiento de las armas”. En su resolución, el fiscal dio por acreditado que los teléfonos celulares de cuatro de los detenidos “estuvieron en el lugar de los hechos”, la sucursal del Banco Santander Río de La Plata, el 29 de julio pasado, cuando se produjo el robo y el ataque contra Píparo. La certeza se logró a partir del análisis de las comunicaciones, que se hizo mediante la utilización del VAIC II Telemétrico.

“Quedaron representadas telemétricamente las comunicaciones de los celulares usados por Silva, por Calvimonte, por López y por (Jordán) Juárez”. Por medio de ese sistema se pudo determinar el desplazamiento de los imputados y la franja horaria, que coincide con el desarrollo de los hechos. Los cuatro teléfonos “representan intervínculos entre ellos y también son contemporáneos al hecho”. En las llamadas verificadas se hace “franca alusión al robo y al homicidio, y datan del día posterior” al hecho, cuando en la investigación “aún no se había acreditado ni la identidad de Silva y mucho menos la de Juárez”.

El fiscal precisó que el día del hecho, “a las 8.35 de la mañana”, el teléfono de Silva comienza a tener registros del aparato usado por Juárez.

Tras citar otros entrecruzamientos, Romero aseguró que “al menos Calvimonte, Juárez, López y Silva se conocían con anterioridad” al robo y mantuvieron conversaciones telefónicas el día del hecho. El juez Melazo tiene ahora cinco días para expedirse sobre la situación procesal de todos los imputados.